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Treinta y cinco años de Constitución y de políticos mediocres


En una entrevista que El País realizó al escritor, ensayista y estudioso de la música, Ramón Andrés, con motivo de la publicación de su libro El luthier de Delft, una indagación en el Siglo de Oro holandés alentada por la figura de Spinoza, comenta el autor de la nueva obra que ‘antes pensaba que estábamos en manos de locos, ahora estoy convencido de que nos gobierna gente muy vulgar. España no tiene solución. Es un país de brutalidad. Seguimos formando parte de una terrible pintura negra’, al hacer un bosquejo de este desnortado país de países.

La imagen que da Andrés me parece muy ajustada a la hora de retratar la actualidad que padecemos aquellos que transitamos por estas tierras sufrientes llamadas todas en su conjunto España, o Ejpañistan, dada la deriva integrista, enloquecida y convulsa de un país en el que nada sale bien para quienes lo habitan, a causa de unos dirigentes que, como bien señala Andrés, son tremendamente vulgares.

Lo han sido siempre, por más que ahora, aprovechando el cumpleaños de la pactista y pacata Constitución, en el treinta y cinco aniversario de su nacimiento, nos quieran vender la grandeza de sus gestores, aquellos ‘padres de la patria’ de los que nos cuentan fueron un prodigio de templanza, de capacidad de pacto y de tolerancia para convencernos de la excelencia del intocable documento que recoge la Ley de Leyes de este país, en el presente envejecida y casi inservible.

La Constitución española se gestó entre presiones y miedos. La derecha, empleando siempre como coartada los espadones de un ejército golpista y las tiaras de los obispos que, entonces como ahora, querían imponer una sociedad a hechuras de su dogmatismo, dejó a la supuesta izquierda, esa que se vendió al franquismo por un plato de lentejas o por una cómoda situación de tolerancia a costa de renunciar a sus principios, que colara algunos artículos que sabían nunca se cumplirían como la garantía de los derechos a vivienda, sanidad y educación para todos o eso tan bonito de que España se constituía como un Estado social de de Derecho cuando a la vez consagraba la libre economía de mercado que invalidaba los cacareados derechos sociales.

Lo mismo sucedió con las libertades que se comprometía a respetar y a las que siempre puso mordazas, la libertad de expresión y de conciencia, limitadas por infinidad de cortapisas, entre otras la inviolabilidad de la Corona o la ‘especial atención a la Iglesia Católica’, que hizo de este país un territorio sometido al nacionalcatolicismo que nunca murió y prueba de ello son los planes del actual Ejecutivo de aprobar una ley de aborto que volverá a convertir a las mujeres en úteros gestantes sin derecho sobre su persona.  

Qué decir del asunto territorial, del que todos se acuerdan  a la hora de invocar la necesidad de un cambio Constitucional, cuando habría tantas cosas que cambiar que mejor sería abrir un periodo constituyente que derogase la Constitución del 78, gestada bajo el manto del miedo a los espadones y las tiaras.

Reconocieron los señores padres de la patria el sistema autonómico de mala manera, con aquel ‘café para todos’ pensado no porque en todas las provincias existieran ansias autonómicas, sino precisamente para diluir las de los territorios como Galicia, País Vasco, Catalunya o incluso Andalucía que llevaban reclamándolas desde antes del golpe de Estado del asesino Franco.

Uno de estos días, en uno de esos artículos que vienen publicando todos los medios sobre la Constitución, el abogado Antonio Garrigues Walker comentaba, respecto al modelo autonómico que ‘el modelo era federal, no lo llamábamos así porque daba pudor. ¿Que no arregló los viejos problemas de asimetrías y singularidades? A la vista está que no, pero no eran cuestiones que se pudieran solventar fácilmente’.

-No, no daba pudor, señor Garrigues, daba miedo, porque el término federal se asocia al de República, y el franquismo quería una monarquía designada por el dictador, siempre dócil y protector de los peores criminales de esa época, incluida la ladrona familia del genocida-.

Es evidente que los problemas territoriales no se solucionaron, había demasiado miedo a los espadones, a los mismos que hoy que, con idéntico criterio nacionalista centralista, esgrimen el artículo 1.2 -que dice que la soberanía pertenece al pueblo español en su conjunto, y por lo tanto la secesión de un territorio tendría que ser aprobado por todos los constituyentes-, y el artículo 2 que señala que la Constitución se fundamenta ‘en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible’.

Más la Constitución del 78, cuyo aniversario celebra con especial fervor el partido en el Gobierno, el PP, nunca le interesó de verdad a la derecha que, excepto los artículos mencionados en el anterior párrafo, la viene incumpliendo con desfachatez desde que llegó al poder hace dos años. Lo hace en materia social y educativa, la incumple en cuanto a libertades formales puesto que está dispuesto a cargarse por la vía de la aprobación de la Ley de Seguridad Ciudadana el libre derecho de reunión y manifestación.

Y la incumple flagrantemente respecto a los poderes del Estado y la independencia de los jueces, porque los partidos mayoritarios hace mucho tiempo que dieron una ignominiosa patada en el culo de Monsieur Charles Louis de Secondat, Señor de la Brède y Barón de Montesquieu.

La Constitución del 78, redactada con la presión del miedo y el ánimo de los cobardes, consagró como Jefe de Estado a un señor colocado a dedo por el dictador genocida, consagró el poder de una Iglesia reaccionaria y avariciosa a la que el Tribunal Constitucional, a cuyo frente está un jurista del PP, le otorga el derecho de no pagar impuestos, del mismo modo que la Agencia Tributaria le perdona sanciones a las grandes compañías o retira facturas que podrían llevar a los tribunales a la hija del rey, lesionando el Erario y rompiendo el principio de supuesta igualdad de todos los ciudadanos.

Aquellos políticos miedosos que redactaron la Constitución del 78, caminando por las alfombras del Congreso como si caminasen sobre huevos crudos, con todas las cautelas y prevenciones contra la libertad, la igualdad o el control del Estado sobre la economía que podría haber hecho de este país una democracia avanzada, no fueron como se empeñan en contarnos extraordinarias cabezas privilegiadas.

Fueron tan mediocres como los que en la actualidad transitan por la vida pública actual, acomodaticios, sectarios, egoístas, mediocres y sin el menor respeto por las necesidades de los ciudadanos que supuestamente representan.

Y no es esta una crítica a la democracia, que es, ya se sabe, el menos malo de los sistemas de gobierno posibles. Es una crítica a quienes teniendo la obligación de trabajar por el bien de la ciudadanía no lo hacen, unos porque se encuentran muy cómodos detentando un poder que les permite cometer toda clase de abusos y latrocinios en nombre de su mayoría absoluta y otros porque no tienen la suficiente gallardía para mandar a hacer puñetas al poder y salir a la calle a uniéndose al pueblo porque, de hacerlo, tendrían que renunciar a su escaño, a sus abultados sueldos y al confort de los privilegios.

Son mediocres, sin duda, como la Constitución de 1978, la que hoy hace treinta y cinco años esta plumilla esperaba angustiada que fuese aprobada por los ciudadanos, pensando que iba a trasmutar este país brutal en una especie de Dinamarca del sur.

¡Qué ingenuidad!

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