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Subir la luz y cortársela a los pobres: La conciencia social de un Gobierno que incumple Derechos Humanos.

Que las mayorías absolutas son un peligro para la democracia, sobre todo cuando estas son escasamente democráticas, se puso en evidencia en el Congreso a la hora de votar la propuesta de Izquierda Plural, apoyada por todo el arco parlamentario, encaminada a que las empresas suministradoras de electricidad y gas no pudiesen cortarlo a quienes sufren pobreza energética, ese 28% de la población que vive bajo el umbral de la pobreza a causa de la política gubernamental que carga la solución de la crisis en las clases más desfavorecidas.

El rechazo de la moción se produjo el mismo día que el Ministro de Fomento anuncia una subida de luz del 2%, a la que habrá que sumar la que acuerden las compañías suministradoras, que podría alcanzar entre el 6 y 8% que, sumado al 60% que ya subió en los últimos cuatro años, hace de la electricidad de este país una de las mas caras de la UE.

El diputado del PP que defendió la negativa de su grupo a apoyar la moratoria ante los merecidos reproches a su indiferencia por los problemas sociales, señaló en su discurso que el PP ya ha aplicado medidas sociales ‘aprobando una Reforma Laboral para solucionar los problemas sociales’. Ese ejercicio dialéctico de cinismo provocó la reacción de los grupos de izquierdas, que destacaron que en los países civilizados el agua, la luz y el gas son considerados suministros de primera necesidad que garantiza el Estado cuando la iniciativa privada no llega.

Mas en este país no existe ya ni asomo del Estado del Bienestar. Los cortes de luz alcanzaron en el último año a 1.4 millones de hogares, el doble de los que se registraban antes del comienzo de la crisis. Y existen datos alarmantes, proporcionados por diversas ONG’s, que aseguran que de las muertes prematuras que se registran en los meses de invierno, al menos 2.000 se producen por falta de calor a la vez que destacan que más de cinco millones de personas se ven obligadas, por problemas económicos, a prescindir de cualquier sistema de calefacción a causa de su penuria.

La cifra no puede extrañar si se tiene en cuenta que un 28% de la población bajó a niveles de ingresos por debajo del umbral de la pobreza. Ya no son solo los dos millones de parados que no reciben ningún tipo de prestación ni de la SS ni de los servicios sociales de sus comunidades o ayuntamientos, sino los que perciben salarios de hambre, esos sueldos que el ministro Montoro negó que hubiesen bajado, y que a través del INE –Instituto Nacional de Estadística- ha encontrado un desmentido clamoroso.

Según el citado organismo los salarios descendieron en el último año, por primera vez durante cuatro cuatrimestres seguidos, sin que en ninguno de esos periodos de tiempo los trabajadores encontrasen una tregua en su retribución laboral. Según esos datos los salarios experimentaron, desde que comenzó la crisis, una bajada media de entre el 60% y el 40%.

El pasado año la UE le dijo al Gobierno de Raxoi que ‘pusiera en su agenda’ las prestaciones sociales antes de que surgiera conflictividad social. El Ejecutivo de Raxoi, falaz siempre, aprobó el pasado viernes un supuesto Plan de Inclusión social, más pensado para engañar a la UE que en solucionar los problemas reales de la población, dado que ese plan ya existía pero apenas tuvo repercusión en quienes con más rigor padecen la crisis.  

Para cubrir el expediente ante Europa el Gobierno rastreó en los Presupuestos Generales del Estado de 2013 y los de las comunidades autónomas con el fin de contabilizar el dinero invertido en inclusión social. En base al resultado obtenido hizo una estimación de la cantidad que se dedicará a estas políticas hasta 2016.

De la cantidad anunciada —136.000 millones de euros—, el Ejecutivo solo aportará a la nueva inversión 17 millones de euros que destinará a la lucha contra la pobreza infantil, ya que considera un “objetivo transversal” en todo el plan presentado el pasado año.
A los riesgos de exclusión social que este Gobierno aumenta cada día hay que sumar los riesgos para la salud de los ciudadanos, riesgos que han traspasado las fronteras, porque la prestigiosa publicación sanitaria Lancet y otros medios extranjeros, señalan las barbaridades sanitarias que perpetra el Ejecutivo de Raxoi y que consideran que podrían acabar en un riesgo sanitario grave en todo el país.

La retirada de la cartilla sanitaria a novecientos mil inmigrantes o la exclusión de un millón doscientos mil españoles en paro del Sistema de Salud, sumado al 19% de jubilados obligados al repago sanitario que han tenido que suprimir sus tratamientos crónicos por falta de dinero –no hay que olvidar que son cientos de miles los jubilados que con su escasa pensión mantienen a hijos y nietos-, generarán a medio y largo plazo riesgos de salud muy graves en el país.

Al tiempo que se recortan servicios y prestaciones el Ejecutivo de Raxoi, inmerso en un sádico liberalismo salvaje, no se priva de malgastar dinero público en asuntos que, incluso llegan a la UE y son causa de reproches, como las subvenciones a algunos equipos de fútbol con dinero público. En el PV la cifra escandalosa generada por los avales bancarios que han de abonar las arcas públicas a causa de las quiebras de los clubes de fútbol protegidos por el Consell de Camps, contribuyeron a la ruina del erario valenciano.

No se sabe si las autoridades europeas conocen que, al tiempo que el Gobierno de Raxoi subvenciona a varios clubes de fútbol, se hace el distraído respecto a los impuestos que deben pagar, setecientos millones de euros que deben desde hace más de un año y que la Agencia Tributaria no ejecuta por la vía del embargo, como hace con los particulares que han sufrido el aumento de gravámenes desde que gobierna el PP de nada menos que un 59% entre IVA y IRPF.

Habría que contarle al Comisario de Derechos Humanos de la UE, señor Nils Muiznieks, que el actual Gobierno, del que dijo que vigilará estrechamente debido a los abusos policiales contra los manifestantes que protestaban contra los recortes, que el Ejecutivo del PP, al tiempo que racanea con las prestaciones sociales, gasta medio millón de euros en comprar vehículos para reprimir las protestas ciudadanas con chorros de agua a presión.

Al tiempo se le podría informar, por si también es una vulneración de Derechos Humanos, que se niega a declarar una moratoria para que no corten la luz o el gas en invierno a las familias con problemas económicos, pero que no ha movido un dedo para que los estafadores directivos de las cajas devuelvan un dinero que sería muy útil a la hora de rebajar el coste de la deuda contraída con Europa a causa de la quiebra de esas entidades, cuyos directivos cobraban tres millones de euros al año y que tuvieron, al dejar sus puestos, indemnizaciones de 26 millones de euros.

Un dinero que sería muy útil si se ingresase en las arcas públicas y al que sumando los millones de euros que no entran en el erario al no pagar la secta católica el IBI, o se dejara de subvencionarla con 156.000 millones anuales, se podría dar cobertura sanitaria y prestaciones a esa población que supone el 28% de la población empobrecido y maltratado.

La UE, o el Comisariado para los Derechos Humanos, debieran enviar hombres de negro para vigilar la protección de esos derechos, del mismo modo que lo hizo para comprobar la solvencia de los bancos.

Porque la quiebra de Derechos Humanos en este país es mucho más grave que la de la banca.

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Hoy mismo Iberdrola me comunica que de no pagar dos recibos por valor de 186 euros antes del día 22 me cortará la luz. Muchas pequeñas cantidades de muchos lectores me podrían sacar del aprieto. En el enlace que aparece en el recuadro podéis ver cómo ayudarme:

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Comentarios

  1. Este gobierno genocida, es al que hay que juzgar en la Haya.
    Gracias Luisa por describir enteramente lo que pasa en España

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    1. Sí, Javier, ciertamente, están llevando a cabo un genocidio con los que primero han empobrecido, y ahora asesinan dejándolos -o dejándonos, porque me incluyo- sin prestaciones y sanidad.

      Y gracias a ti por tus siempre amables palabras, me dan ánimos para seguir cada día en la lucha de exponer lo que pasa.

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