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No es país para honrados: España el segundo país donde más se percibe la corrupción después de Siria

Solo en un país convulso conmocionado por una sangrienta guerra como es Siria, los ciudadanos lo perciben como más corrupto que este, que retrocede diez años en transparencia y honradez respecto al pasado 2013, según el informe anual de la ONG creada en Alemania, Transparencia Internacional.  Así España -o Ejpanistan, viendo lo que se ve- se sitúa en el puesto 59, por detrás de Brunei y Polonia y delante de Cabo Verde. Los países más transparentes y menos corruptos del planeta son Dinamarca y Nueva Zelanda.

Que nuestro país sea percibido como corrupto no es de extrañar a tenor de lo que acontece y recogen los medios a diario: Constatación de la financiación ilegal del PP, su relación la trama mafiosa Gürtel, o quizá no solo relación sino la misma cosa, manipulación de la Agencia Tributaria por parte del Gobierno que ha provocado la dimisión de varios altos cargos a causa de la exculpación de la Infanta después de que hace unos meses señalara que había firmado facturas falsas o la destitución de la inspectora que quería multar con 450 millones de euros a la empresa CEMEX, el escándalo de los ERES en Andalucía, el de las facturas falsas de UGT y del PP también en esa región, el escándalo Bárcenas, las ilegalidades del expresidente de Baleares, Jaume Matas, son los casos más notorios de la corrupción pero no los únicos. Porque la lista de alcaldes imputados por ilegalidades relacionadas con la corrupción urbanística es interminable.

A pesar de ello, mientras en otros países que figuran antes que España en el listado de la corrupción, como Polonia, se condenaron a tres mil corruptos el año pasado, en este tan solo a noventa, de los cuales, como Carlos Fabra, expresidente de la Diputación de Castellón, o el alcalde de Torrevieja, Pedro Hernández Mateo,  podrían verse libres de castigo si el Gobierno los indulta, como ha sucedido con frecuencia con políticos de su partido o de otros como CiU o el PSOE.

 Cosa que no sería de extrañar, si se tiene en cuenta que el Gobierno de Raxoi concedió 468 indultos desde que llegó a La Moncloa, la mayoría a políticos corruptos, pero también a policías torturadores y un a conductor 'kamikaze' que, qué casualidad, fue defendido por el bufete en el que trabaja el hijo del Ministro de Justicia, Ruiz Gallardón, y es propiedad del hermano de un exalto cargo del PP. En la mayoría de los indultos concedidos por el Ejecutivo este desoyó los informes de la Fiscalía y del tribunal sentenciador, que se oponían a que fuesen indultados los condenados.

La ciudadanía, que considera la corrupción uno de los principales problemas del país, según recoge el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas del mes de noviembre, además percibe con la misma preocupación la impunidad de los corruptos, ya que la percepción del aumento de esa lacra va acompañada con la certeza de que no suelen pagar por sus sinvergonzonerías, ya sea porque en materia de corrupción el Código Penal es muy laxo o porque si algún político es condenado acaba gozando de un indulto concedido graciosamente por el Gobierno que, según la legislación vigente, no tiene por qué dar explicaciones de su medida de gracia.

La opacidad de las actuaciones de la Administración, protegida por un fárrago de normas que no permiten a los ciudadanos conocer sus gastos y que seguirán sin tener información dado que la cacareada Ley de Transparencia que ha hecho el PP es totalmente insuficiente, como han alertado las autoridades europeas, que consideran que no crea los suficientes elementos de control de la Administración o los partidos políticos ni facilitará el acceso de los ciudadanos a la información, contribuyen a la impunidad de los corruptos que, cuando sus fechorías llegan a los juzgados, se ven siempre protegidos por el secreto sumarial que impide que los ciudadanos puedan estar al tanto de las ilegalidades que perpetraron.

Un paradigma de esa situación es el Caso Gürtel y la pieza separada, el caso Bárcenas, de los que la ciudadanía va enterándose por la prensa a cuentagotas, según se filtran noticias a través de las partes.

Así, hoy se ha sabido por medio del diario El Mundo, que la trama Gürtel modificó facturas por trabajos electorales realizados para el Partido Popular en la campaña de los comicios autonómicos y locales de 2003, según se desprende de documentos procedentes de los registros de los ordenadores y de las sedes de las empresas de Francisco Correa, conocido por Don Vito o El Padrino dado su proceder de mafioso.

Del análisis de esas facturas se ha podido constatar que las empresas dirigidas por Correa y por su número dos, Pablo Crespo, destacado militante del PP galego en el pasado, trabajaba no solo para el PP del País Valencià o de Madrid, sino para todo ese partido a la hora de organizar actos públicos o electorales. Así, entre las facturas que se han conocido hoy en la prensa, figuran una serie de ellas, del PP de Andalucía, en las que se operó de la misma forma ilícita que lo hizo UGT, asignando conceptos que no se correspondían con el gasto real, con el objeto de financiar ilegalmente la campaña electoral andaluza.

Del estudio de las facturas se saca la conclusión de que la trama Gürtel inflaba las facturas de los actos públicos, como el celebrado en Madrid en homenaje de una de las asociaciones del 11M, cuya factura sobrepasaba con mucho el precio real del acto, por el que la trama cobró 37.000 euros. O los 96.746 euros que facturó por la toma de posesión de Esperanza Aguirre en 2007, cuando el precio real fue de 46.410 euros. Quienes han analizado esas cuentas creen que esos sobrecostes en la facturación de contratos públicos se repartían entre contratantes y contratados.

Por la mismas facturas se ha sabido también que la Ministra de Sanidad recibió prebendas de la trama Gürtel, puesto que, al lado de una serie de viajes o celebraciones de cumpleaños facturados a la pareja formada por Ana Mato y el entones su marido –también procesado por el caso Gürtel-, Jesús Sepúlveda, figuraba el apunte ‘factura ficticia’.

Sociólogos y politólogos se extrañan de que partidos inmersos en la corrupción sigan siendo votados en cualesquiera de los comicios que se celebran tras haber sido denunciadas sus prácticas corruptas. Mucha culpa de ello la tienen los medios de comunicación, porque ninguno es capaz, cuando llega una campaña electoral, de recordar a los ciudadanos que el diputado tal o el candidato cual está inmerso en un proceso por corrupción.

Si a esa ausencia de información se suma la falta de cultura política de este pueblo, las redes clientelares creadas en autonomías y ayuntamientos, y la lentitud de la Justicia, se tienen todos los ingredientes para que el plato de la corrupción y la impunidad esté servido.

Por esa causa no hay que callarse, ni los medios ni nadie, porque como decía don Francisco de Quevedo: 'No he de callar por más que con el dedo/ya tocando la boca ya la frente/silencio avises o amenaces miedo’. Y es que la corrupción que tantas veces denunció el poeta no es cosa de ahora, ni del pasado, es, tristemente, algo consubstancial con la idiosincrasia de los pobladores de este país...

Que no tiene remedio, por lo visto.

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