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La intolerable mordaza que el PP pone a la prensa: Del asalto a los medios a la persecución a periodistas.

Sin periodistas no hay periodismo, sin periodismo no hay democracia. Este principio que parece una perogrullada es necesario repetirlo en la actualidad machaconamente con el objeto de que la sociedad tome conciencia de que si este Gobierno limita y hurta capacidad de información a los medios lo que está haciendo es robar libertades a los ciudadanos. La persecución a muchos periodistas, el asalto a los medios públicos, los chantajes a las editoriales, la limitación a los profesionales para que puedan preguntar libremente a los cargos públicos no es un atentado contra los profesionales del periodismo, es un atentado contra la democracia.

Este Gobierno, decidido a restringir y anular libertades formales que, a través del Código Penal y la ley de Seguridad Ciudadana pretenden acabar con el derecho de reunión y manifestación para impedir las críticas, sabe perfectamente que si además no pone una mordaza a los medios con el objeto de que la prensa no informe de sus iniquidades no se podrá garantizar nunca esa paz de los cementerios que tanto gusta a los gobiernos dictatoriales.

"El afán del Gobierno por controlar los medios de comunicación, como se está viendo en RTVE, se extiende también a los privados, lo que demuestra en ambos casos una total falta de respeto a los medios públicos y privados y, en definitiva, a la ciudadanía que es la propietaria del derecho constitucional a la información"afirmaba hoy en un comunicado la Federación de Sindicatos de Periodistas.  

Y es que cuando el jueves el Gobierno dio un nuevo giro a la tuerca de la represión de libertades al decidir unilateralmente cambiar el sistema de preguntar en las ruedas de prensa de Moncloa, para que a partir de ahora sea el Presidente quien designe a dedo a qué profesionales y medios da la palabra, protagonizó un ataque a la libertad de información que algunos comentaristas no han dudado en calificar de ‘precedente antidemocrático como nadie se atrevió antes, ni siquiera el franquista ministro de Información, Manuel Fraga’.

Sin embargo, el PP viene atacando a la libertad de información no solo desde que llegó al Gobierno de la nación, sino desde mucho antes, desde que gobierna en comunidades autonómicas, diputaciones y ayuntamientos. Lo hicieron ministros del Gobierno de Aznar, y lo hace hasta el concejal de pueblo más insignificante. Saben todos ellos que la información y la verdad los perjudica y su respuesta es acallar a los medios, ya sea haciéndoles chantaje con campañas de publicidad carísimas si el tratamiento de las noticias les es favorable, ya sea persiguiendo, insultando y quitando la palabra, subvenciones y capacidad de hacer campañas publicitarias a quienes no sean dóciles.

Y si con las direcciones de los medios llevan esa política de palo y zanahoria, hacen lo mismo con los informadores. A los periodistas dóciles, laudatorios y complacientes los cubren de regalos e invitaciones, de prebendas y sobres, en tanto a los incómodos procuran que sean despedidos de sus medios, les niegan la entrada a ruedas de prensa, o humillan públicamente, en ocasiones con la colaboración de la prensa afín que ríe las gracietas del poder.

En cuanto ganó las elecciones el PP tomó al asalto RTVE, la televisión pública que durante el mandato de Zapatero se había convertido por interés personal del presidente, en un modelo de imparcialidad criticado incluso por sus correligionarios que no entendieron por qué no podían controlar el medio público del mismo modo que lo había hecho el PP. En esa etapa los informativos de la televisión pública ganaron multitud de premios por su calidad e imparcialidad, bajo la dirección de Fran Lorente.  

El PP dio al traste con un modelo de televisión apartidista y libre, colocando en la dirección de la televisión pública a un abogado del Estado, y exmiembro de la Comisión del Mercado de Valores que nada sabe de televisión pero que es un fiel pepero, Leopoldo González Echenique, que lo primero que hizo fue nombrar director de informativos al muy fiel Julio Somoano, ex de los informativos de la muy parcial y poco seria Telemadrid.

 La televisión de la comunidad autónoma de Madrid, junto con la del País Valencià –cerrada manu militari por Alberto Fabra cuando la justicia declaró ilegal el ERE de una cadena que el propio PP infló con sus protegidos hasta lo insostenible- o la de Castilla la Mancha, a cuyo frente está otro impresentable ultraderechista, Ignacio Villa, fue siempre paradigma de las cadenas televisivas mamporreras del PP y cuyos informativos no son sino boletines de propaganda de ese partido.

No conforme con controlar la línea editorial de las televisiones públicas, el PP intervino en el asalto a cadenas como A-3 o Telecinco, y lo intenta con la única que es un poco crítica en el presente como La Sexta, de la que se teme un cambio en su línea después de que su propietario, Manuel Lara, manifestase hace unos meses: “quiero que La Sexta sea una televisión de centro-izquierda respetuosa con la derecha, pero todavía no lo es. Estamos en ello”.

A medios de papel, como El País, o El Mundo también los compra, o los chantajea, cuando no escriben aquello que les gusta. El giro a la derecha que dio el diario de Prisa desde que el Gobierno intervino en su refinanciación resultó descarado. Ahora el diario que está en el punto de mira del PP es el otrora fiel El Mundo, desde que ese rotativo publicase los SMS cruzados entre Raxoi y Bárcenas.

La falta de respeto de los ministros del PP con los profesionales de la prensa al hacer ruedas de prensa sin preguntas, el episodio del plasma en la sede de Génova para que no pudiera hacer preguntas sobre el caso Bárcenas son comportamientos habituales en los dirigentes del PP en todos los niveles de la administración.

Para ello cuentan con periodistas sin dignidad que se ponen al servicio de ese partido para medrar y garantizarse un porvenir cómodo y creso a cambio de vender su dignidad profesional. Suelen ser personas cuya carrera tiene direcciones ambivalentes, que van desde la dirección de medios a la jefatura de gabinetes de prensa institucionales y al revés, como la de Lola Jhonson, Jefa de Prensa con Camps, directora de la desaparecida televisión pública valenciana, conocida como Canal NO-DO por su servidumbre al Consell, colocada a su frente para controlar la información que daba esa cadena y quiénes podían aparecer en ella y ahora, de nuevo, Jefa de Prensa del President de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra.

Aunque no todos los profesionales se venden, algunos incluso se enfrentan con la dirección de sus medios o con los políticos para mantener su integridad profesional y personal y que suelen acabar en el paro. O sufrir humillaciones como la que sometió Federico Trillo en Alacant, cuando era ministro de Defensa,  a una periodista de la SER a la que lanzó un euro como muestra de desagrado ante una pregunta por el escándalo del Yak-42.

La última imposición de Moncloa contra la libertad de expresión debió de rondar por las nada democráticas mentes de los asesores monclovitas –algunos sin formación académica de ningún tipo- desde que el pasado mes de julio, en plena efervescencia del caso Bárcenas, un periodista rumano, Ciprian Baltoui, le soltó a Raxoi: "Me gustaría saber cuándo y cómo vas a responder a todas las acusaciones que vienen en el 'caso Bárcenas'. ¿En frente del parlamento, de un juez o en un discurso como el pasado febrero? Muchas gracias" (sic)

La inesperada pregunta del corresponsal del canal de noticias DIGI 24 puso de manifiesto que no toda la prensa es tan dócil como desea el Gobierno y decidido a no quedarse desprotegido ante preguntas incómodas que garanticen no tener que responder cuestiones que lo incomodan, ha decidido hacer de nuevo el ridículo cercenando la libertad de información.

La actitud del PP al intentar –y lograr con más frecuencia de lo que sería deseable- controlar a medios y a periodistas solo tiene similitud con la que llevan a cabo las dictaduras. Lo que pone en evidencia que el partido que nos gobierna, aunque ganase las elecciones en las urnas, quiere implantar una dictadura de facto.

Y lo logrará si los medios no lo denuncian y la ciudadanía lo permite.

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