Ir al contenido principal

La deriva dictatorial del Gobierno: Las leyes de Seguridad Ciudadana y Privada y las declaraciones de un ministro indecente

Que la ley de ‘Seguridad Ciudadana’ es realmente una ‘Ley de represión ciudadana’ es algo que nadie duda, ya que deja en manos de la policía y no de los jueces la capacidad de reprimir acciones ciudadanas, impidiendo que puedan defenderse porque al ser sanciones administrativas los multados solo podrán recurrir a los tribunales de casación obligando al sancionado a pagar elevadas tasas, además de las cuantiosas multas con las que castiga esa represora ley.  

Ahora el PP da una vuelta más de tuerca a la represión con la aprobación de la ley  de Seguridad Privada que extiende la capacidad para sancionar, detener y llevar armas a los empleados de las empresas de seguridad, los llamados ‘vigilantes de seguridad’ o guardas jurados.

La decisión ronda la inconstitucionalidad, ya que la Carta Magna confiere únicamente a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado el uso de armas. Resulta significativo que el PP se haya metido ahora a revisar las normas de las empresas de seguridad para ampliar sus funciones, cuando no parecía ni una necesidad social ni objeto de reclamaciones empresariales o laborales.

Podría sospecharse que una de las razones está en que alguno de sus más ínclitos militantes, como Jaime Mayor Oreja, son propietarios de empresas de Seguridad, y a este diputado europeo de extrema derecha le deben ir mal los negocios, ya que proveía de guardaespaldas a mucha gente en Euskadi y la tregua permanente de ETA -que él se empeña en intentar que se rompa con sus declaraciones exigiendo que haya ‘vencedores’ y otras provocaciones-, seguramente dio lugar a que su negocios sufran pérdidas.

Dado que el PP no da puntada sin hilo en materia económica y que detrás de cada privatización que emprende siempre están los negocios de algunos de sus militantes, y el sector da ya en la actualidad pingües beneficios si se tiene en cuenta que  este año facturó 3.600 millones de euros y da trabajo a noventa mil personas, no cabe duda de que la medida responde, en parte, a intereses económicos.

Mas no solo, porque la medida favorece que el Gobierno pueda seguir recortando en la contratación de agentes de seguridad pública que ya no está substituyendo en la misma medida en la que se jubilan, sino que solo cubre un 10% de las vacantes que se registran en la Policía o la Guardia Civil. De ese modo, en su constante deriva de garantizar derechos solo las clases pudientes, dejará desasistidas a las clases populares porque barrios de clase alta o urbanizaciones privadas podrán contratar seguridad privada, en tanto los barrios marginales sufrirán la escasez de agentes de la seguridad pública.

La oposición de izquierdas –a favor de la ley votaron con el PP, PNV y CiU- ha criticado la medida porque, entre otras consideraciones, cree que los vigilantes privados no están cualificados para llevar a cabo las funciones policiales, dado que los integrantes de la seguridad pública deben hacer cursos de dos años, en tanto los vigilantes de seguridad privada no se someten a más formación que la de un par de meses y temen que esa circunstancia dé lugar a abusos por parte de esos vigilantes, cuyo comportamiento abusivo y chulesco es bien conocido por los ciudadanos.

Tanto la oposición de PSOE e Izquierda Plural, como la ciudadanía a la que algunos medios consultaron en la calle, mostraron su preocupación por otorgar la capacidad de detener, disolver reuniones, o imponer su criterio en cuestiones ciudadanas, sabiendo, como se sabe, que los integrantes de las empresas privadas, además de carecer de la formación adecuada, suelen estar ligados a la extrema derecha tanto el personal como los propietarios de las empresas de seguridad privada. 

La aprobación de las leyes de Seguridad Ciudadana y de Seguridad Privada ponen de manifiesto la deriva dictatorial de este Gobierno que está decidido a reprimir y sancionar a los ciudadanos que den muestra de su desacuerdo con las decisiones del Ejecutivo, de forma muy similar a la que se produce en las dictaduras.

Mas no es el asunto de la seguridad el único en el que se pone de manifiesto la deriva dictatorial, de dictadura bananera, si se tienen en cuenta las declaraciones y actuaciones de algunos ministros, como el titular de Hacienda, Cristóbal Montoro, que en el Congreso cargó contra los medios por publicar unas declaraciones hechas en un corrillo con periodistas cuando se celebraba el Día de la Constitución, en las que dijo que la Agencia Tributaria estaba plagada de socialistas para justificar los controvertidos ceses que se vienen registrando en ese organismo.

En venganza,  y como ya hiciera con los actores, Montoro insinuó que directores de medios y periodistas acuden a su despacho porque tienen problemas con Hacienda. Lo que no esperaba el ínclito Ministro de Hacienda es que ante esa insinuación el tertuliano del programa ‘Mas vale tarde’, Santiago Amón, desvelase que el pasado verano Montoro se reunió con directores de medios en su despacho para anunciarles que si eran críticos con el Gobierno Hacienda caería sobre ellos, dado que, con el mismo criterio de los dictadorzuelos, considera que hacer críticas al Ejecutivo o desvelar corrupciones “es una deslealtad al Gobierno y a España” (sic).

Esa desfachatez y falta de vergüenza pone de manifiesto la carencia de respeto a la democracia y la libertad de información que tiene el Gobierno de Raxoi, al pretender silenciar a los medios con el chantaje de las inspecciones de Hacienda.

Aunque no es de extrañar esa actitud y esas palabras en un Ministro tan estúpido e indecente como para asegurar que su partido volverá a ganar las elecciones ‘porque los mercados no son gilipollas’, convencido de que el voto de los ciudadanos no significa nada y las elecciones las ganan aquellos que deciden los especuladores.

Aunque a este paso, y como se les permita, acabará siendo cierto porque cualquier día el PP se saca de la manga una Ley para que solo puedan votar los banqueros, y a los ciudadanos que reclamen ese derecho democrático los aplicará cuantiosas multas.

Son muy ‘capables’*

*Capaz en el idioma de Voltaire.

Si te gusta este blog y lo que en él se cuenta puedes contribuir con una pequeña aportación económica para ayudar a su autora, en paro desde hace más de tres años. 
Muchas pequeñas cantidades de muchos lectores me pueden sacar del aprieto. En el enlace que aparece en el recuadro podéis ver cómo ayudarme:

Esta bloguera es miembro de la 


Comentarios

Entradas populares de este blog

26J: ¿Pucherazo o estupidez del pueblo?

Susana Díaz: El enemigo en casa

Crónica en negro del País Valencià: ¿Carlos Fabra implicado en asuntos mucho peores que la corrupción?

Quienes gustan de la historia, saben que muchos acontecimientos nunca explicados por los coetáneos de hechos ominosos, acaban apareciendo claros como el cristal con el transcurrir de años, o de los siglos. Acontecimientos políticos, guerras sin sentido que respondían a intereses económicos ocultos o, incluso, a pasiones de índole sexual, se desvelaron con el paso del tiempo aunque, para quienes fueron testigos directos hubieran constituido secretos insondables.
Una publicación catalana, El Triangle, sacaba a la luz en días en pasados un artículo sobre el crimen de las niñas de Alcàsser en el que, según recoge un amplio reportaje en su edición de papel, la confesión de un arrepentido podría implicar al todopoderoso y corrupto Carlos Fabra, expresidente de la Diputación de Castellón durante largos años, en una red de pornografía infantil que llevaba a cabo, igualmente, un amplio abanico de actividades ilícitas: importación y venta de cocaína procedente de Panamá, tráfico de armas, trapic…