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Hacienda somos todos…menos la monarquía, la banca y las grandes empresas.

Hoy anunciaba el Gobierno que no pagará a las compañías eléctricas 3.500 millones que se había comprometido a abonar para subsanar el déficit tarifario que dicen esas compañías que sufren y que empezó a gestarse en tiempos del ministro de Hacienda de Aznar, Rodrigo Rato, que impidió que la factura de la luz se encareciese de acuerdo con el IPC, dejando el papelón a los gobiernos que llegaran detrás de él, por mucho que ahora, la inefable Cospedal, la más falaz de todo un Gobierno de mentirosos, culpe del déficit de las eléctricas a Zapatero.

Al no recibir esa inyección de dinero las compañías eléctricas, que son, para qué se va a negar la evidencia, asociaciones de timadores institucionalizados, los recibos podrán subir hasta un 14%, porcentaje que se sumaría a las subidas que alcanzan el 80% desde que comenzó la crisis. Según calculan algunos expertos, la deuda tarifaria costará a cada ciudadano 565 euros por cabeza. Una cifra nada despreciable si se tiene en cuenta el alto número de personas que sufren de salarios de menos de quinientos euros… los afortunados que los perciben.

Los motivos del Ejecutivo para no dar ese dinero a las compañías eléctricas está en no aumentar aún más el déficit del Estado que, por mucho que anunciasen que cumplirían con los objetivos exigidos por la UE, parece que estarán muy lejos de hacerlo. El problema se solucionaría, según han explicado reiteradamente muchos economistas e incluso el Gestha, el sindicato de los inspectores de Hacienda, si se acabase con el fraude fiscal que se cifra en cerca en 90.000 millones de euros, atribuibles en un 72% a las grandes empresas y fortunas.

Si a esa cifra se sumasen los 156.000 millones que el Gobierno del PP entrega a la secta católica, que recibe mensualmente 13.000 millones de las arcas públicas se acababa con el problema del déficit sin necesidad de privar de derechos a los ciudadanos, y obligarlos a sufragar asuntos como el déficit tarifario de las eléctricas.

Sin embargo, la política del Gobierno de Raxoi, encaminada a destrozar la economía de los ciudadanos y condenarlos a la pobreza absoluta -ya hay un 28% de población por debajo del umbral de la pobreza-, no contempla hacer pagar impuestos a determinados individuos y colectivos, a los que beneficia arbitraria, descarada e injustamente, exonerándoles ilegalmente de sus deberes fiscales.

Así, hoy nos hemos enterado que Hacienda ha cambiado su criterio respecto a las facturas falsas que emitió Aizoon, la empresa de la que eran accionistas Iñaki Urdagarín y su mujer, la infanta Cristina. El pasado mes de junio Hacienda redactó un dictamen en el que se dictaminaba que la empresa de Urdangarín-Borbón hizo una serie de facturas falsas, algunas de ellos firmadas directamente por la hija del rey. La suma de las facturas superaba los 120.000 euros, lo que suponía un fraude fiscal considerado delito.

Mas hoy, y como denuncia el diario El Mundo en su edición del lunes, Hacienda ha cambiado súbitamente de parecer, reduciendo el volumen de las facturas falsas emitidas por Cristina de Borbón a 69.000 con el objeto de que no se la pueda imputar por un delito fiscal. "Hacienda ha cuadrado las cuentas a martillazos para que las cantidades defraudadas presuntamente por la infanta no llegaran al tope para ser delito fiscal. Se trata de impedir la imputación a cualquier precio, aunque sea dejando un rastro perfectamente visible de manejos que resultan inaceptables", señalaba El Mundo en su editorial.

No es la primera vez que se tienen noticias del trato de favor de Hacienda a los representantes de la monarquía. Hace unas semanas se supo que la inclusión de la hija del rey en las sociedades fraudulentas que formaban parte del entramado delincuencial de las sociedades de Urdagarín se llevó a cabo porque a los integrantes de la Casa Real Hacienda nunca les analiza sus declaraciones de la renta, permitiendo así que defrauden lo que tengan a bien defraudar a las arcas del Estado, como hacían en el pasado los señores feudales.

Las grandes empresas también se benefician de un trato de favor por parte de los responsables políticos de la Hacienda Pública. Hace pocos días se conocía la destitución de una inspectora de Hacienda que negaba un recurso a la empresa CEMEX, y sobre la que el director de Grandes Contribuyentes, Ignacio Huidobro, confirmó en una reunión con una docena de inspectores de su departamento que el cese fulminante estuvo vinculado con ese expediente sancionador.

Al destituir a la inspectora que se negaba al recurso de reposición de la empresa CEMEX, esta se librará de pagar más de cuatrocientos millones en impuestos. Una cantidad que no entrará en las arcas públicas, perjudicando así a los ciudadanos.

A la vez, el pasado viernes, el Consejo de Ministros aprobó regalar a la Banca 30.000 millones de euros en créditos fiscales, una cantidad que, según dicen desde el Ejecutivo, es un mero apunte contable que se ha generado con el paso de los años, es decir, un derecho de cobro que Hacienda reconoce y que pretende compensar en el futuro reduciendo los impuestos que cada ejercicio tienen que liquidar las entidades y supone que si esos bancos, a los que concede esa gracia entrasen en quiebra sería el contribuyente el que acabaría, como siempre, pagando una vez más las torpezas de la banca.

En resumen, que si Hacienda contase con los 90.000 millones de los defraudadores, los 156.000 millones que se regala a la secta católica, todo lo que presuntamente defrauda la Casa Real cuya cifra desconocemos, los treinta mil millones que se le han regalado a la Banca, que al final no pagará esos impuestos y todo lo que le perdonan a las grandes empresas, no solo no habría ese déficit que la UE se empeña en que se reduzca a 0, sino que habría un superávit que permitiría contar con Sanidad y Educación públicas totalmente gratuitas, los ciudadanos no tendríamos que asumir la supuesta pérdida de las eléctricas y cuatro millones de parados contarían con las prestaciones que el Ejecutivo no paga porque dice que ha de reducir el déficit.

En cualquier momento el Gobierno volverá a hacer una de esas campañas millonarias que hace para hacerse propaganda a costa del contribuyente, para contarnos que Hacienda somos todos.

Aunque, si no mintiese, tendría que añadir ‘todos menos las grandes empresas, los defraudadores millonarios y la Casa Real’.

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