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Europa debiera enviar ‘hombres de negro’ para vigilar la democracia igual que hace con la economía.

La prensa, siempre testigo molesto para los represores
Igual que Bruselas, el FMI y el BCE envían periódicamente ‘hombres de negro’ a vigilar la marcha de la economía de nuestro país, tendría la UE que enviar parecidos supervisores  para obligar al Gobierno de Raxoi que cumpla con los derechos democráticos que el Ejecutivo del PP nos hurta descaradamente a los pobladores de este triste país gobernado por neofascistas corruptos.

Indicios de que en este país va mal la democracia, y que el déficit de derechos supera con mucho al fiscal tienen ya en Bruselas, por lo que deberían tomar medidas similares a las que llevaron en su día a imponer la solicitud de un rescate bancario. Los organismos de la UE deberían ser conscientes de que la ciudadanía española necesita, con mucha más urgencia que los bancos aquella inyección de dinero que estamos pagando todos, una intervención inmediata para rescatar la democracia.

De hecho, ya existe preocupación en Europa por la deriva represora y fascistoide del Gobierno de Raxoi, sobre todo la protagonizada por el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, con una ley que llama de Seguridad Ciudadana y que es realmente, una ley de represión de los derechos ciudadanos. El comisario europeo de Derechos Humanos, Nils Muiznieks,  manifestó en pasadas fechas su “seria preocupación” por el impacto que podría tener la nueva ley en los derechos fundamentales de los españoles.

“Quiero que alguien me convenza de que una multa de 600.000 euros por manifestarse delante de las instituciones gubernamentales sin autorización, es equilibrada”, declaró Muiznieks, que dijo no entender “cuál es el propósito del Gobierno español”. El Comisario de Derechos Humanos advirtió al Ejecutivo de Raxoi de que  “deje de culpar” a la población de los problemas sociales que se derivan de la crisis económica. Muiznieks avisó de que seguirá “muy de cerca” la evolución de la ley en el Parlamento español, porque “el desacuerdo con las medidas de un Gobierno” debe ser respetado y protegido por la justicia.

No es el único dirigente europeo que hace advertencias al Ejecutivo español por su proceder autoritario e incluso sádico por su forma de tratar a los españoles y a los inmigrantes. Así la comisaria responsable de Interior, Cecilia Malmström, pidió explicaciones a Fernández Díaz por las siniestras cuchillas que ha reinstalado en la valla de Melilla y que produce graves heridas a los inmigrantes que intentan saltarla.

La comisaria, contraria al enfoque represivo con la inmigración que están adoptando algunos Estados miembros en los últimos meses no ocultó su malestar sobre las asesinas cuchillas de las que dijo: “por lo que sé de cuando se retiraron, las cuchillas no obstaculizaban que la gente entrara, solo la hacían llegar con más heridas, Si esto era verdad entonces, también debe ser verdad ahora”, ante las preguntas de una periodista alarmada por las noticias que llegan de España.

La inquietud de la comisaria de Interior no es la única voz europea crítica con ese instrumento, capaz de crear cortes profundos en quienes se arriesgan a perder la vida cruzando irregularmente la frontera. También el comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa —el órgano que vela por el cumplimiento de esos derechos en 47 países del continente—, Nils Muiznieks, que se ha convertido en un auténtico azote del Gobierno de Raxoi, lamentó que el Ejecutivo español reintrodujera esa barbaridad, ya montada hace tiempo también en Ceuta.

Ante las críticas que llegan a este país por parte de la UE el Ministro Fernández, cuyo talante arrogante y filofascista no desconoce nadie en el país, reaccionó como suelen y solían hacer los tipos de su condición en el presente y en un pasado que tanto añoran: exigiendo al comisario de Derechos Humanos ‘respeto al Gobierno de España y a los españoles’. Tomando, como siempre hicieron los fachas, la parte por el todo al exigir un respeto por los ciudadanos que es palmario él no tiene.

Una clara prueba de la ausencia de respeto por la ciudadanía que deberían conocer las autoridades europeas, para obrar en consecuencia, la dieron los agentes situados en la puerta de la Audiencia Nacional, donde debían declarar dos sádicos torturadores de la represión franquista; Billy el Niño –Antonio González Pacheco- y Jesús Muñecas, cuya extradición solicita la jueza argentina María Servini, que el 18 de septiembre dictó una orden de busca y captura contra ellos tras admitir a trámite una querella por los delitos de homicidio agravado, privación ilegal de libertad, torturas y sustracción de menores, en referencia a los niños robados a sus familias.

 La actuación policial, no se sabe si cumpliendo órdenes de la Delegada del Gobierno, o motu propio, fue la propia de agentes de un régimen fascista: "Cuéntaselo a Garzón" respondió un miembro de la Policía Nacional a Emilio Silva, presidente de la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica, cuando este protestaba por los empujones de varios agentes de la Policía Nacional que le arrinconaban en una esquina de la calle donde se encuentra la Audiencia Nacional.

La agresiva actuación del agente se produjo cuando Silva intentaba repartir entre la prensa extranjera ejemplares de la revista Interviú en la que se da cuenta de las atrocidades cometidas por los dos policías cuya extradición solicita Argentina. Mas Silva no fue el único que sufrió un comportamiento represor y fascistoide por parte de los policías que parecían encargados de proteger a los dos torturadores, como si se tratase de héroes.

Hasta cinco personas fueron multadas, en base, dijeron los agentes, al artículo 1/92, no se sabe de qué ley u ordenanza, después de amenazarles con detenciones si no se identificaban convenientemente, y expulsarles de la vía pública. Todo para que no molestasen a dos torturadores fascistas a los que el juez Ruz ha retirado sus pasaportes y señalado la obligación de presentarse semanalmente en los juzgados en espera a que el Gobierno decida si firma o no la orden de extradición a la que los encausados, lógicamente, se oponen.

Del comportamiento de los agentes de policía con los ciudadanos que, en las puertas de la Audiencia, querían mostrar su repulsa a unos torturadores franquistas tendrían que tener conocimiento las autoridades europeas. Como deberían tenerlo de otras actitudes gubernamentales que socaban los derechos de los ciudadanos de una y mil maneras.

Por ejemplo, al ignorar la orden recibida de la UE de que el Gobierno pusiera en su agenda la solución a las escasas prestaciones sociales, los recortes sanitarios o las flagrantes desigualdades sociales que se muestran tanto en las estadísticas económicas como en el comportamiento de mucho sinvergüenza que se aprovecha de su cargo para hacer pasar a familiares por delante de listas de espera insoportables, que los miembros del PP no tienen que sufrir, como si se tratase de una casta privilegiada.

Así  sucedió en un Hospital de Castilla-La Mancha, donde operaron a la mujer de un consejero que sufría una hernia discal a los quince días de diagnosticársela cuando la media que deben esperar el común de los mortales es de un año largo.

Por no hablar de los innumerables casos de corrupción que han dejado las arcas públicas temblando en más de una autonomía, como la del País Valencià, cuyos dirigentes tienen la desfachatez de denunciar a un parlamentario de IU por dar a conocer un contrato ‘secreto’ sobre la Fórmula1 que la administración de Camps quiso ocultar a los valencianos.

Todos esos asuntos tendrían que estar sometidos a vigilancia europea con la misma atención que pusieron en la recuperación bancaria o la reducción del déficit. Mas que nada porque Europa tiene la obligación de evitar que en un Estado Miembro existan fascistas corruptos que campen por sus respetos.

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