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El abuso de las eléctricas: Los polvos de la privatización traen los lodos de los abusos tarifarios.


Cuando la pasada semana se conoció que las compañías eléctricas decidieron subir un 10% el precio de su facturación, al que hay que sumar otro 2% para ‘resarcirlas’ de pasadas pérdidas, el PP, mendaz como siempre, no tardó nada en lanzar a través de Twiter una de sus falacias, al afirmar que el culpable de la subida descomunal de la factura de la luz es culpa de Zapatero. Cómo no, dado que ese partido recurre siempre al anterior presidente del Gobierno para atribuirle hasta los tifones que asolan países tropicales.

La realidad es que si alguien es responsable de que un alto número de ciudadanos haya caído en niveles insoportables de pobreza energética no la tiene sino el señor Aznar, que en 1997, unos meses después de llegar a La Moncloa, privatizó el mercado eléctrico. Privatización que fue bien recompensada por Endesa, al nombrarlo miembro de su Consejo de Administración con substanciosos emolumentos. Ya se sabe que el Presidente Aznar no dio puntada sin hilo durante su mandato con el fin de ver retribuidas sus decisiones con jugosas recompensas económicas. Que se lo pregunten a Bush y Murdoch, que bien le agradecieron el que enfangara a nuestro país en una guerra inmoral indecente y sin fundamento, pero que a la larga repercutiría muy positivamente en el patrimonio del expresidente.

La UE, entonces Comunidad Económica Europea, se lanzó ya hace años a la liberalización de todos los sectores dándole un golpe de muerte al concepto socialdemócrata, que pretendía mantener estatalizadas una serie de bienes que afectaban a la ciudadanía. Lo que nació como Comunidad Europea del Carbón y del Acero jamás renunció a hacer negocios por mucho que cambiase de nombre.

Desde que el Gobierno de Aznar privatizase el mercado eléctrico los ciudadanos hemos sufrido subidas del 81.4% en los últimos diez años, y una constante sangría por parte de las compañías eléctrias. Nada más privatizarlas, el Ejecutivo otorgó a las compañías eléctricas nada menos que 12.000 millones de euros de dinero público.

Después de aquellos primeros millones el Gobierno de Aznar fue regalando millones a las eléctricas por los más variados conceptos, como otra lluvia de dinero público que respondía a la diferencia entre el coste de producción de la energía y su precio en el mercado.

A partir de su privatización las eléctricas comenzaron a protagonizar abusos que en alguna ocasión les costó tener que devolver millones de euros a algunos barrios a cuyos usuarios les cobró de modo abusivo. Aunque aquel resarcimiento se cortó en seco con nuevas medidas legales que impidieron esas reclamaciones y, en el presente, no hay forma de reclamar a las eléctricas sus abusos, por mucho que sean capaces que cobrar facturas de cuatrocientos euros a usuarios que viven en casas de menos de cuarenta metros, y que apenas sin cuentan con calentador, cocina y nevera.

La nueva subida anunciada la pasada semana, que supondrá un incremento del 12% en las facturas, 10% procedente de las compañías y un 2% procedente del Ministerio de Industria, que fija esa subida para, dice, compensar el irrazonable e injusto ‘déficit tarifario’ se produce a causa de la subasta de tarifa del precio de la electricidad que llevan a cabo no quienes generan la electricidad sino operadores financieros, los mismos piratas que hundieron los bancos y que ahogan la economía de aquel país que pongan en su punto de mira.

El Gobierno ahora intenta jugar el papel del ‘bueno’ oponiéndose a la subida, anulando la subasta –medida que acabará costándonos dinero a los contribuyentes porque la extravagante decisión será objeto de una sanción económica de la UE- y presentándose como el salvador de los consumidores a pesar de ser el partido en el Gobierno el único responsable de los abusos que sufrimos los consumidores.

En el Twiter que lanzó el PP el día que se conoció la subida, argumentaba que la culpa era de Zapatero por haber promocionado las energías renovables. Medida que, de haber seguido adelante habría supuesto a medio plazo la desaparición de la actual dependencia energética dado que la materia prima de esa energía es de coste cero, puesto que se genera a base de solo o viento.

Mas una de las primeras medidas del Gobierno de Raxoi fue la de acabar con la posibilidad de generar energía solar o eólica, dejando morir de consunción a las empresas que la generaban, así como a los fabricantes de paneles solares, dando con ello lugar a la destrucción de miles de puestos de trabajo.

No se conocen, de momento, las razones por las que el PP prefiere las energías tradicionales, como la térmica o la nuclear, mucho más caras y contaminantes a las energías renovables. Es muy posible que cualquier día se descubra quién o quienes del Gobierno o de su entorno, que tiene intereses económicos en esas industrias.

Muchos han de ser para haber llegado hasta a la prohibición de que los particulares puedan generar energía solar en sus viviendas para su autoabastecimiento, por medio de su reforma energética que ha dado al traste con una forma de producir energía eléctrica que se está potenciando en otros países europeos con muchas menos horas de sol y menos vientos.

Con la Reforma Energética el Ejecutivo de Raxoi ha garantizado al oligopolio de las eléctricas el poder seguir robando a los consumidores y que estos no puedan ni tan solo autoabastecerse con paneles solares en sus viviendas.

Tienen que garantizar el éxito del oligopolio, porque las empresas que lo conforman son una fuente inagotable de jugosos ingresos para los políticos retirados. Aznar no es el único que se beneficia con un rentable puesto en un Consejo de Administración de una compañía energética. 

El expresidente González y los exministros y altos cargos socialistas como Pedro Solbes, Elena Salgado (Endesa), Manuel Marín, Braulio Medel (Iberdrola), Miguel Ángel Lasheras, Ramón Pérez Simarro y Dionisio Martínez(Enagás), Josep Borrell (Abengoa), Luis Carlos Croissier y Paulina Beato (Repsol) son beneficiarios de esas empresas, al igual que altos cargos del PP.

Porque fue el PP quien “colocó” a un mayor número de políticos en la industria energética del país con los suministros más caros de Europa. Aparte de expresidente Aznar, también están en Consejos de Administración Luis de Guindos (Endesa), Nemesio Fernández Cuesta (Gas Natural), Ángel Acebes, Ignacio López del Hierro, marido de Dolores Cospedal (Iberdrola), José Folgado (Red Eléctrica Española), Marcelino Oreja (hijo) (Enagás), Carlos Pérez de Bricio (Cepsa).

Acabar con el sistema llamado de ‘las puertas giratorias’ que permite que los políticos tengan dorados y muy bien remunerados momios cuando dejan el poder, es algo reclamado por la ciudadanía. Aunque pese a que exista una campaña que ha recopilado ya más de cien mil firmas con ese propósito no parece que dado el sistema capitalista que padecemos nadie vaya a abandonar un modo de enriquecerse a costa de los ciudadanos de forma cómoda.

En estos días en los que todo el mundo se rebela ante la abusiva subida de la factura de la luz, muchos son los que se preguntan cómo frenar estos abusos, como si la respuesta tuviese que llegar de una mente brillante y original, cuando la solución está en una medida bien sencilla: la nacionalización.

No es un invento nuevo, ya lo inventó don Carlos Marx en su día, la nacionalización de los medios de producción, tan denostada por el capitalismo salvaje que acabó con las empresas nacionalizadas en países donde otrora gobernaba la socialdemocracia.  

La nacionalización de la red eléctrica que, pasando a manos del Estado, esto es de los usuarios, sería el único sistema para que fuese lo que debería ser, un servicio y no una fábrica de hacer dinero para unos cuantos privilegiados.

Mas para conseguir eso haría falta más que el improbable hecho de que ganase las elecciones en este país un partido socialdemócrata. Haría falta que de Europa desapareciesen los especuladores que manejan los hilos del poder.

Una revolución, en suma.
  
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