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Ejpañistan: Reino de impunidad e injusticias.

Tres personas de una misma familia, los padres y una joven de catorce años murieron hoy en Alcalá de Guadaira –Sevilla- a causa de una intoxicación alimentaria. Una segunda hija, de trece años, permanece ingresada muy grave en el Hospital Virgen del Rocío de la capital hispalense. La familia, victima de un estado grave de pobreza, se alimentaba de los productos que recogían en los contenedores de basura. Dieciséis personas han sufrido lesiones y dos han fallecido desde que comenzó el invierno a consecuencia de incendios producidos por el uso de braseros o estufas de butano, cuyo uso está aumentando a causa de lo elevado de las tarifas eléctricas.

En la localidad catalana de Salt los mossos d’escuadra desalojaron a doce familias de un edificio propiedad del Banco Malo. El consistorio sólo realojó a cuatro de las desahuciadas, el resto,  con varios niños se vieron obligadas a dormir a la intemperie Las empleadas de las lavanderías hospitalarias de los centros sanitarios de Madrid han visto reducido su salario al 50% de lo que cobraban -1.200 euros- después de que el Ayuntamiento privatizase ese servicio.

El PP recurre la Ley de Vivienda andaluza que impide que los bancos puedan desahuciar a los que no pueden hacer frente a los pagos hipotecarios. El número de personas que se quitaron la vida a causa de los desahucios experimentó un aumento exponencial desde 2010, a pesar de ello, el Gobierno aprobó una ley Hipotecaria que sigue protegiendo a los bancos y deja inermes a los consumidores, como denunció el Tribunal de Justicia de la UE.

Cuando la prensa informa de dramas como los referidos y al tiempo da cuenta de, entre otros escándalos, de que el expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, investigado por haber planificado la estafa de las preferentes, manejó el dinero de la entidad bancaria en beneficio de sus amigos del PP sigue campando a sus anchas, algo falla en la sociedad.

Miguel Blesa, entre otras operaciones, estaba dispuesto a regalarle a Aznar –su compañero de pupitre en la infancia- 50 millones de euros para que comprase la obra del pintor Gerardo Rueda, con las que quería hacer un museo para el que el ahora Ministro de Justicia y entonces Alcalde de Madrid se mostró encantado de regalar un edificio público con el fin de que se expusiese la obra del amigo del expresidente del Gobierno y traficante de armas, como se conocido recientemente.

Todas esas maniobras, el regalo de dinero a sus amigos, como Díaz Ferrán –entonces presidente de la patronal y en el presente encarcelado por fuga de capitales y fraude al fisco-, sus relaciones con la trama Gürtel, y toda clase de ilegalidades que se evidencian en innumerables correos electrónicos de los que están dando cuenta los medios, fueron rechazados como prueba de que el juez Elpidio José Silva tuvo razones para encarcelarlo. Los jueces rechazaron la prueba, Blesa sigue en libertad. Y el juez está procesado por prevaricación y decisiones injustas.

Esos hechos, que no son sino las gruesas pinceladas de un bosquejo del reino en el que impera la corrupción y el avasallamiento, lógicamente indignan a la ciudadanía. Y ante ese sentimiento que provoca la impunidad de los ladrones el Gobierno decide poner una mordaza al pueblo y castiga, como en las dictaduras, cualquier manifestación cívica de protesta.

El sábado catorce de diciembre se convocó por el colectivo ‘Rodea el Congreso’ una manifestación contra esa ley mordaza urdida por un ministro neofranquista y fascistoide, Jorge Fernández. El número de asistentes fue mucho menor del que se supondría acudiría a mostrar su repulsa por una ley impropia en una democracia.

Sin embargo, la asistencia fue muy inferior a lo esperable. No porque el número de ciudadanos contrarios a la ley Fernández sean pocos sino porque se impuso el miedo a las multas y a la represión que anunció la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, que dio carácter de ilegal a la manifestación y requirió la presencia de mil quinientos agentes antidisturbios trasladados desde diversos puntos del país para imponer la política del miedo.  

Al final de la manifestación, totalmente pacífica, las fuerzas de seguridad (?) cargaron contra los manifestantes; el resultado fue el de un número indeterminado de heridos –no pocos debieron ser, aun cuando la prensa no precisó el número, cuando el SAMU tuvo que instalar una carpa para atenderlos- y al menos tres detenidos.

Este Gobierno represor que pretende anular la voz de los ciudadanos, aprobó una ley de Educación que permitirá expulsar de la enseñanza pública a los alumnos que no tengan notas excelentes, haciendo uso de unas reválidas inicuas e injustas.  

Detrás de esos exámenes, destinado a sacar de la enseñanza a los alumnos con dificultades, está el propósito del Gobierno de que tan solo estudien los hijos de la clase dirigente -los de los defraudadores y corruptos, los de los empresarios que pagan salarios de miseria en tanto se llevan los beneficios a paraísos fiscales-, para que el resto, los hijos de la otrora clase media devenida en clase empobrecida, se convierta en masa salarial sin formación y sin capacidad para la protesta. 

El Presidente y los ministros de ese Gobierno que ha eliminado la gratuidad de la sanidad pública para privatizarla en beneficio de sus amigos, pone la mordaza a los ciudadanos y a la prensa; a los primeros para que no protesten y a los segundos para que no cuenten lo que puede ser origen de indignación cuando se conocen las iniquidades cometidas por el Gobierno y la oligarquía.

La situación del país, en manos de corruptos que quedan impunes, de jueces que cuando prevarican y favorecen a los corruptos permanecen y medran, al tiempo que los magistrados justos e insobornables acaban fuera de la carrera judicial, de empresarios abusadores y defraudadores del fisco –el 72% del dinero defraudado a Hacienda lo es por parte de las grandes empresa y fortunas- hace que el país se haya convertido en el reino de la impunidad de los ladrones y la injusticia contra el pueblo.

La pregunta es hasta cuándo la sociedad soportará esta situación, hasta cuándo Europa tolerará que en un Estado miembro se produzcan a diario situaciones propias de dictaduras tercermundistas, donde los políticos corruptos no dimiten y la banca roba descaradamente a los usuarios.

La ciudadanía tendría que reaccionar de una maldita vez, y si la pertenencia a la UE no garantiza el mantenimiento de libertades y derechos públicos y lo único que hace es reclamar un dinero que, básicamente es deuda odiosa, habrá que plantearse que no pintamos nada en ese club de especuladores financieros.

En cualquier caso hay que reaccionar cuanto antes ante los abusos de un Gobierno al que permitir que siga perpetrando tropelías es sinónimo de suicidio colectivo.

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Comentarios

  1. La familia sevillana ni murió de una intoxicación alimenticia, ni recogía comida de la basura.

    ¿Y tu te consideras periodista? En fin, pues aun te queda un camino largo que recorrer.

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    Respuestas
    1. Si ves la fecha de publicación, Manipulación, es del día en el que todos los medios publicaban que esa fue la causa de los fallecimientos, si posteriormente se dice otra cosa, fue de publicar esta entrada.

      De cualquier forma, y aunque tal vez tú seas de los que niega todo porque le parece muy bien lo que hace este gobierno, la situación de millones de familias es atroz en un país en el que el Gobierno tan solo se interesa en favorecer a los bancos, a las eléctricas y a sus amigos. Y yo voy a seguir denunciándolo desde mi blog mientras pueda y hasta que este gobierno de neofranquistas no me lo cierre. Que todo se andará, aunque como tengo muchos lectores en Europa, se daría un tiro en un pie más.

      Ah, y para tu información de chavalit@ prepotente, tengo el camino de la profesión muy recorrido porque soy muy mayor. Cosa que no debes ser tú que ni miraste la fecha de publicación de la entrada para lanzar tu crítica.

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