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Dos años de Gobierno del PP: Mentiras, injusticias, violencia y corrupción (2)

Cabecera del editorial de The Times dedicado al carca Gobierno del PP
Una de las primeras medidas que tomó Raxoi al llegar al Gobierno fue subir los impuestos, a los menos favorecidos, por supuesto, porque a sus amigos de la oligarquía, los de la fuga de capitales y del dinero negro lo que hizo fue amnistiarles para que pagasen tan solo un 10% de lo que hubieran tenido la obligación de pagar.

Daba comienzo así la andadura de un Gobierno que llegó al poder ocultando su programa y mintiendo deshonorablemente a los ciudadanos, a la par que jugaba con ventaja en la campaña electoral, al financiar la suya por encima de lo permitido al resto de partidos gracias a una financiación ilegal que, como muestran los indicios de la investigación judicial de los casos Gürtel y Bárcenas, lleva veinte años perpetrando, dando patadas a la democracia y a la equidad.

Después de incumplir el compromiso electoral de no tocar los impuestos se aprestó, contando con la inestimable colaboración de las señoras Mato y Báñez, a quebrantar otras promesas. Prometió que no tocaría la sanidad ni abarataría el despido. Pero muy pocos meses después instauraba el ignominioso repago que afecta incluso a los castigados pensionistas y promulgaba –como casi todas sus decisiones a través de Real Decreto, sin negociación con los actores sociales afectados-, una inicua Reforma Laboral que prácticamente  convirtió a los trabajadores en esclavos, a la par que, desde los medios de la caverna, se llevaba a cabo una campaña de absoluto desprestigio de los sindicatos de clase con el objetivo de que no haya nadie que se oponga a los abusos de una patronal abusiva que, alidada con los estamentos más reaccionarios del poder internacional como la OCDE o el FMI, trabajan para dejar a la clase trabajadora convertida en un guiñapo indefenso y explotado.

A la par, y con la imprescindible colaboración del ministro de des Educación más impopular y payaso de la historia de la actual pseudodemocracia, José Ignacio Wert, emprendió la tarea de desmantelar la Escuela Pública para ponerla en manos de la secta católica a la que subvenciona y regala terrenos por medio de las autonomías gobernadas por el partido que preside, al igual que el Gobierno, Mariano Raxoi Brei. Eran los primeros pasos que daba el Gobierno del PP encaminados a acabar con los derechos de los ciudadanos que, en el transcurso de dos años, ha conseguido tramar una ley que mediante unas reválidas injustificadas, el encarecimiento de las matrículas universitarias y las trabas para obtener becas, apartará de la Educación a los hijos de la clase trabajadora, convirtiendo el acceso a los estudios en un privilegio de ricos.

Porque si por algo se caracterizó el Ejecutivo presidido por Raxoi desde sus primeras iniciativas fue por machacar a la clase trabajadora, castigar a los parados, retirar subvenciones a los necesitados y prestaciones a los sin trabajo, esos a los que la hija de… Fabra, les deseaba que se jodieran desde su escaño cuando se anunciaron esas medidas aprobadas en el Congreso con el rodillo de la mayoría absoluta del PP.

Todas esas decisiones injustas y encaminadas a machacar a las clases trabajadoras con el pretexto de la crisis y de que había que hacer cualquier cosa para evitar el rescate –por puro egoísmo y para impedir que al pedirlo las instituciones europeas los sacara del poder- dio lugar a numerosas protestas en un clima social de desesperación, cuando se desahuciaba a quinientas familias por día, con una ley que acabaría el TSJ europeo, denunciada como vulneradora de los derechos de los consumidores.

La sentencia del alto tribunal supranacional supuso el primer indicio de los abusos de una banca de la que en dos años se ha sabido hasta qué punto robó al pueblo con la connivencia de los políticos de todos los colores, a los que la misma banca que dejaba sin casa a familias sin recursos, perdonaba créditos millonarios a los partidos políticos al tiempo que era rescatada con el dinero de todos.

Todas esas circunstancias dieron lugar a que parte de la ciudadanía se pusiera en pie y pretendiese rodear el Congreso, exigir otras medidas diferentes, y constituirse en mareas contrarias a la privatización de la Educación y Sanidad públicas.  Las protestas ciudadanas, multitudinarias en un principio, han perdido fuelle en estos dos años por las políticas abusivamente represivas de un Gobierno que, contando con el trabajo de dos ministros fascistoides, Alberto Ruiz Gallardón y Jorge Fernández Díaz, elaboraron leyes pensadas para acabar con el libre derecho de manifestación y reunión. Contaron también, para desinflar las protestas, con la violencia intolerable en una democracia llevada a cabo por unas fuerzas de seguridad encantadas con las órdenes de golpear a los manifestantes, dado que la mayoría de sus integrantes son de extrema derecha, violentos y zafios.

Ruiz Gallardón se sacó de la manga, o de su espíritu de carca nazi, un nuevo Código Penal que jueces, fiscales y abogados reputaron como el más reaccionario, represivo y duro no ya de la pseudodemocracia, sino de toda la historia moderna de este triste país. El texto salido de la perversa mente de ese ministro mitad beato mitad represor –no cabe decir que es mitad monje mitad soldado porque seguro que doña Montserrat Corrulla no estaría de acuerdo en lo de monje- contempla, entre otras aberraciones que se pueda encarcelar a una persona por robar una barra de pan, la cadena perpetúa – y esperemos que no gane el PP otras elecciones porque de hacerlo podría introducir la pena de muerte dada la idiosincrasia del individuo-, duras repercusiones penales para quienes practique escraches, se manifiesten sin autorización previa, o quienes ‘atenten contra la autoridad’ en lo que cabe igual mirar mal a un antidisturbios que preguntarle por qué causa pide la documentación.

El tridentino Ruiz Gallardón, yerno de un exministro del dictador genocida, implantó las tasas judiciales, cargándose el principio de igualdad de la justicia, imponiendo una para los ricos que puedan pagarla e inexistente para quienes no tengan dinero para costeársela. No conforme con todas las injusticias citadas, su última hazaña, hasta el momento, ha sido la de penalizar el derecho al aborto, haciendo de las mujeres unos seres sin capacidad para decidir sobre su maternidad y su cuerpo que ha causado tal escándalo en los países de nuestro entorno que los artículos de censura se suceden en todos los rotativos europeos. Así el nada progresista The Times y nada menos que un editorial, acusa al Ejecutivo de Raxoi de perpetrar un ‘abuso de poder’. "Lucha contra el aborto", "restricción al aborto", "retroceso", "regreso a 1985", "una ley más dura", "ley restrictiva", "prohibición del aborto", "vuelta a la derecha", son algunas de las calificaciones que dedica la prensa europea a la ley antiaborto del reaccionario Ministro de Justicia.

El señor Gallardón, que pretendía quedar por encima del bien y del mal en el asunto de la corrupción en la que está enfangado su partido por los cuatro costados, contribuyó, como casi todos los dirigentes del PP, al expolio de los bienes públicos. O en el derroche del dinero de una Caja cuyo rescate de 22.000 millones pagamos todos los ciudadanos.

Él, a través de sus relaciones con el indescriptible Miguel Blesa de la Parra, expresidente de Caja Madrid, presionó para que la entidad proporcionase al promotor Luis García Cereceda una línea de financiación de 4,8 millones de euros, a pesar de que la dirección de Caja Madrid le consideraba un cliente con alto riesgo de convertirse en “moroso o fallido”. Ante el riesgo de la operación Blesa y sus directivos intentaron resistirse a abrir el crédito para ese promotor, pero Gallardón insistió hasta que le concedieron esos 4.8 millones de euros, a los que hay que añadir otros más de dos millones que le abonaron en el pasado. La empresa de García Cereceda, Urbanización Somos aguas, quedó extinguida meses después, sin que Bankia, la heredera de Caja Madrid, haya informado del resultado de toda aquella operación de ‘influencias’ del ahora ministro de Justicia.

El, en apariencia, honesto Ministro de Justicia usó de su influencia para que la Caja pública colocara, con substanciosos emolumentos que, obviamente salían del capital de la entidad pública, a varios ‘hijos de papá’ como Juan Antonio Samaranch, hijo del fallecido presidente del COI, Isabel Pilar Olivas, hija del expresident de la Generalitat valenciana y de otra caja arruinada por la mala gestión de sus directivos, cuyo rescate también pagamos los ciudadanos, Bancaja. Un sobrino del yerno del dictador genocida, Alfonso Martínez Bordiú o el propio Aznar fueron objeto de gestiones de Gallardón para que se beneficiasen de los bienes públicos sus amigos.

Todo queda en casa del PP, las relaciones de Blesa con los poderosos que le colocaron están quedando al descubierto a través de unos correos que los jueces complacientes con el PP consideran no han de ser utilizados por la defensa del único juez que osó plantar cara a los latrocinios del expresidente de Caja Madrid. Que, por lo que se va desvelando, son también los latrocinios de muchos altos cargos del PP, incluido los que pretendió llevar a cabo el expresidente Aznar lucrándose con la compra de unos cuadros a los que sobrevaloró para que fuesen adquiridos por la entidad por un precio muy por encima del real.

Si algo viene caracterizando al PP desde que llegó al Gobierno es su implicación en una corrupción que viene de lejos, y que extiende sus tentáculos desde varias comunidades autonómicas a los propios ministerios y sus titulares, en algunos casos relacionados con empresas que se benefician del poder de algunos ministros, como es el caso de Arias Cañete, empeñado en destruir los pocos parajes naturales que aún quedan en este país en beneficio de constructoras con las que tiene relaciones familiares o de amistad al igual que con empresas energéticas. O Cristóbal Montoro, relacionado con la empresa que asesora fiscalmente a CEMEX, a la que la Agencia Tributaria perdonó, despidiendo de su cargo a una inspectora, cuatrocientos cincuenta millones de euros que no entrarán en las arcas públicas por obra y gracia de las relaciones con el Ministro de Hacienda.

De Guindos, el ministro de Economía que gestionó el rescate bancario, antes de llegar al Ministerio de Economía asesoró a Blesa en calidad de director de Lehman Brothers para España y Portugal, ante el empeoramiento del balance de Caja Madrid, en un ingenioso sistema de “cuotas participativas” que le permitió a la caja de ahorros sortear las exigencias legales de provisión de reservas, más duras que las de los bancos. Cajas, no hay que olvidar, cuyo rescate supone la hipoteca de los derechos de los ciudadanos por decenios.

Cuando el PP clamaba rabioso contra el PSOE en 2004, acusándole de haberles ‘robado las elecciones’ inventando toda clase de conspiraciones a las que contribuía con verdadera pasión el diario El Mundo –cuya editora, Unidad Editorial fue receptora de sospechosos beneficios de Caja Madrid- veía cómo se le escapaba la posibilidad de seguir enriqueciéndose como colectivo y particularmente a costa de esa Ejpaña que tanto dicen querer y cuyo amor se cifra en esquilmar hasta el último euro en su beneficio, porque siempre consideraron que es su cortijo, su predio feudal del que son beneficiarios por la gracia de su dios.

De ese dios cuyos sacerdotes, obsesionados con las mujeres a causa de su impuesto celibato, imponen leyes a todo el país por medio de un Gobierno talibán y corrupto que, es de esperar, no permanezca en el poder más allá de los cuatro años que nos tocará padecerlos y de los en los dos años transcurridos ha perpetrado toda clase de injusticias, abusos de poder y latrocinios.

Detrás de cuanta medida tomó y tomará el Gobierno del PP siempre estará la confluencia de un entramado de intereses económicos, de maniobras para enriquecerse a costa del país. Ese es, fue y será siempre el objetivo de un partido de ultraderecha que más que un grupo de políticos de determinada ideología se asemeja a una asociación de malhechores.


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