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PP: El partido que ampara a los corruptos en el País Valencià o donde se vea en peligro.

Podría parecer el titular de este post una temeridad si no diese el partido actualmente en el Gobierno pruebas tan evidentes de que no solo no persigue la corrupción en sus filas, sino que ampara y protege a los corruptos. La demostración más escandalosa de que la afirmación no es baladí la dan los diputados valencianos del PP que, en un 85%, han firmado pidiendo el indulto de un corrupto condenado en firme por el Tribunal Supremo: Pedro Ángel Hernández Mateo, exalcalde de Torrevieja, condenado a tres años de prisión y siete de inhabilitación para ejercer cargos públicos por delitos de falsedad documental y prevaricación en la concesión de la contrata de basuras de 2004.

De los cincuenta y cinco diputados del PP en Les Corts valencianas  firmaron a favor de la concesión del indulto para el exalcalde y exdiputado Hernández Mateo cuarenta y cinco diputados, más otro presunto corrupto, el diputado del grupo de los no adscritos, Rafael Blasco Castany –exconseller de casi todo en varios Govern de la Generalitat con Camps y Fabra, hasta su expulsión del PP, no por corrupto sino por largar contra su formación- imputado en el caso de relacionado con la estafa de las ONG’s que desviaban fondos destinados al tercer mundo a sus propios peculios.

 No es el único de los 66 diputados valencianos del PP imputados. Once de ellos lo están por diversas causas de corrupción; tantos que si formasen grupo parlamentario propio sería más numeroso que los de los partidos de izquierdas como Compromís o IU. Vicente Rambla; Angélica Such y Milagrosa Martínez, Ricardo Costa y David Serra, la extresorera del partido en tiempo del expresidente Francisco Camps, Yolanda García, son altos cargos del Govern de Camps imputados por el caso de la trama Gürtel.

Aunque la corrupción del PP valenciano no se circunscribe solo a altos cargos de los Governs de Camps, o a diputados del actual grupo parlamentario. También espera sentencia el expresidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, para el que la Fiscalía solicitó trece años de prisión por delitos económicos muy graves.
Imputado está igualmente el expresidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, actual director del puerto de Alacant, por el caso Brugal, un sucio asunto de contrata de basuras y plantas de eliminación de residuos. También hay que sumar a lista de presuntos delincuentes vinculados al PP a los directivos de Emarsa, la depuradora de València, desde donde se estafó millones de euros al erario.

No es de extrañar que con ese plantel, aún en la política activa pero con posibilidades de verse en la misma situación que el exalcalde salinero, firmen a favor de que se le conceda un indulto escandaloso e inmerecido a Hernández Mateo, promovido por el diputado valenciano Andrés Ballester, con el peregrino argumento de que ‘no le gusta que nadie vaya a la cárcel por cuestiones políticas’, lo que significa que para ese diputado del PP valenciano falsear documentos y prevaricar no son actos de delincuencia, sino actividad política. Así van las cosas en el País Valencià.

Al tiempo, en la ciudad en la que fue regidor Hernández Mateo –y que se vio perjudicada por su corrupta operación en la contrata de basuras y otros actos por los que está procesado, más un sinfín de ellos que quedarán impunes en la historia de una ciudad que, durante años fue su cortijo particular, en la que solo sobrevivían aquellos que le eran fieles y sumisos-  el Grupo de Gobierno del PP también ha firmado a favor del indulto en tanto que, y según ha denunciado el grupo de Los Verdes, acusación particular en el juicio tras el que fue condenado, piden firmas colectivas, desde el propio Grupo de Gobierno, a las asociaciones ciudadanas que reciben subvenciones municipales.

Solicitar el indulto para un corrupto condenado y cuya sentencia ha sido avalada por el Tribunal Supremo da idea del grado de corrupción que impregna la política valenciana, al pretender que quede en la impunidad un delito de falsedad documental y por medio de la cual, a la postre, se malversaron fondos públicos.

Sorprendentemente, en Torrevieja el único grupo que se ha pronunciado contundentemente en contra de la petición de indulto ha sido UPyD, porque el PSOE y APTC guardan un ominoso silencio, a pesar de que en València el Grupo parlamentario socialista sí puso el grito en el cielo al conocer la recogida de firmas llevada a cabo por el diputado Ballester, como también hicieron Compromís e IU.  

Seguramente el día que se conozca la sentencia contra Carlos Fabra, si esta es condenatoria, el PP del País Valencià vuelva a recoger firmas solicitando el indulto del corrupto porque si en algo es inquebrantable la gente del PP es en su fidelidad entre ellos. Nunca abandonan a sus corruptos, por mucho que hayan sido condenados por los tribunales.

Aunque las condenas judiciales escasean cuando se trata de los miembros del PP o sus afines, porque suelen contar con jueces más que amigos que ponen todas las trabas posibles para que los procesos lleguen a buen fin y los corruptos no acaben condenados como se merecen.

Se está viendo con el caso Bárcenas, del que ya presumen que se sobreseerán los cargos contra cualquier representante del PP que figura como receptor de dinero negro, o responsable de la financiación ilegal de ese partido, igual que el Caso Naseiro acabó en la impunidad por una argucia legal, o con el caso Blesa, que hasta el presente lo único que ha producido ha sido la expulsión del juez que llevaba el caso, y que, por lo que publican los medios, está dispuesto a morir matando, al recurrir la prohibición de consulta de los emails del ordenador del expresidente de Caja Madrid, que lo relacionarían con el caso Gürtel, con Aznar y Agag y a estos con operaciones de tráfico de armas, o la evidencia de que los créditos que concedió al expresidente de la CEOE, el hoy encarcelado Gerardo Díaz Ferrán, no iba a pagarlos nunca.

La ocultación de esos correos, que los jueces han negado que se incorporen como prueba de que las resoluciones del juez Elpidio Silva estuvieron justificadas, ponen de manifiesto el grado de corrupción mafiosa de los dirigentes del PP, que se amparan entre ellos como los más ínclitos miembros de la Cosa Nostra, al cerrar filas en torno a los corruptos para salvarlos y salvarse, con la connivencia de algunos jueces que no se arriesgan a perder la toga por servir a la verdad y la Justicia, dado el control que ejerce el PP en la judicatura y que le permite acabar con las carreras de los jueces que intentan poner coto a las ilegalidades que perpetran sus miembros.

No es pues de extrañar que en el PP del País Valencià, con tanto imputado, se movilicen como un solo hombre a favor del primero de ellos que ha sido condenado, quizá porque piensen en aquello de que ‘cuando las barbas de tu vecino veas afeitar’… Aunque dado como funciona la justicia en este país, tal vez la condena de Hernández Mateo haya sido tan solo una anomalía, algo que se les ha escapado y que están dispuestos a controlar en casos sucesivos.

Porque es muy evidente que el PP, sea el valenciano, o sea el nacional, ampara a los corruptos igual que los mafiosos se amparan entre sí. Y el pueblo lo consiente.

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