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Lo que ofende a España es la política del PP: Recortar derechos y cerrar RTVV

El ministro Fernández, que hasta por su aspecto y personalidad parece haber salido del túnel del tiempo de la dictadura, ha creado un nuevo delito, falta o sanción administrativa, para multar hasta con treinta mil euros a quienes ofenden a España. Primero habría que ponerse de acuerdo en qué es España. Para muchos, es el conjunto de personas que la pueblan, sus bienes culturales, artísticos, ecológicos, su sanidad, educación, medios de comunicación y dinero público. Nada más, pero nada menos.

Mas parece que la idea que de España tiene el ministro, como representante que es de un pensamiento reaccionario y fascistoide, es muy otra: una especie de ente etéreo e inmarcesible y tan irreal como los santos de palo que los integrantes del actual Gobierno adoran. Una palabra y un trapo de colores.

Si tuvieran un concepto de España más real y democrático, si supieran que España es precisamente el conjunto de cuarenta y siete millones de ciudadanos dignos de ser respetados, de tener derechos y gozar de libertades, no osaría el señor Fernández penalizar por la vía pecuniaria a los ciudadanos de este país que muestren su repulsa a los muchos abusos que comete el Gobierno del que forma parte, ese gobierno que, además de privar a los ciudadanos de una sanidad pública, una educación pública y derechos laborales, está decidido a privarnos de voz, atacando la debilidad lograda por el propio gobierno para la gran mayoría de la población: los bolsillos.

Como este Gobierno no puede prohibir con el Código Penal más cosas de las que ya prohíbe, ya que vulneraría la Constitución aun más descaradamente de lo que la viene vulnerando –para el PP los únicos artículos que hay que respetar son los que atañen a la sacrosanta unidad patria-, ha decidido inventarse una serie de normas y reglas absurdas cuyo incumplimiento se sancionará por la vía administrativa, de manera que recurrir las sanciones será muy caro a causa de la Ley de Tasas de otro ministro filofascista y obsesionado con los ovarios de las mujeres, el de Justicia, Ruiz Gallardón, que ha impuesto una para ricos, los que se la puedan pagar, y otra para pobres, quienes no podrán solicitar su amparo.  

Y así, de paso, la Hacienda pública recauda unas migajas, dado que las grandes fortunas de sus amigos se llevan el dinero a paraísos fiscales, después de hacer rentables negocios de, entre otros, tráfico de armas, como el que han descubierto que lleva, o que llevaba a cabo Aznar, quien, además, recibe dinero público, y mucho, en esa fundación que es un laboratorio de ideas fascistizantes, conocida como FAES.

Algo como lo ocurrido este fin de semana en las calles de Madrid y de Valéncia saldrá caro, y mucho, a quienes hagan en el futuro lo que acaban de hacer cientos de miles de personas. El viernes lo hicieron los madrileños para protestar contra la ley mordaza que se sacó de la manga ese ministro arrogante que parece transportado a la actualidad por una máquina infernal desde el franquismo puro y duro

El sábado llenó las calles de Madrid la Marea Verde para hacer saber al ministro José Ignacio Wert, el más rechazado y criticado del actual Gobierno, que aunque haya aprobado la LOMCE, no se admite, que se recurrirá ante los tribunales, dado que vulnera la igualdad de oportunidades consagrada en la Constitución.

También los valencianos clamaron en el Cap y Casal por la dimisión de un President, Fabra, que los dejó sin televisión pública en su lengua, después de años robándola y manipulándola. El cierre de la RTVV ha sido la gota que colmó el vaso de la irritación de los valencianos, a miles por las calles de la capital del Turia y por Alacant exigiendo la dimisión de un President designado a dedo después de que el electo, Francisco Camps, enfangado en el caso Gürtel, y por más que un jurado y unos jueces más que amigos lo absolvieran, se viera obligado a dimitir.

Dejar sin voz la lengua del País Valencià, cerrando su televisión pública, es algo que le harán pagar a Fabra en las urnas, aunque solo sea por una cuestión matemática. Si se multiplican los cuatro mil damnificados por el cierre, trabajadores de la casa, más los de las industrias relacionadas con aquella, por un número, el de los familiares y amigos que puedan tener, se obtiene una gente que no votará al PP ni loca. Así que, el hundimiento del partido que estuvo saqueando las arcas públicas durante décadas se prevé irremediable y hasta por el propio PP.

El cierre de la televisión pública valenciana, llevado a cabo más por un berrinche que por una estudiada decisión, costará más dinero del que hubiese costado mantenerla abierta. Fue una decisión torpe, estúpida, irracional y fascista, contra la que la ciudadanía reaccionó y sigue reaccionando aún en manifestaciones imparables. Y deben de saberlo los miembros del Consell, porque desde el viernes, día del apagón televisivo, andan escondidos como tímidos conejos.

Ninguno de los que se estuvieron manifestando desde el viernes habría podido hacerlo de estar en vigor esa ley represiva de la ‘patada en la boca a la democracia’ que se ha sacado de la manga este gobierno que solo sabe empobrecernos, prohibir nos y reprimir con una mano, mientras con la otra sigue regalando millones a los bancos.

Si España, esa España que el ministro Fernández considera suya, la de la represión, la desigualdad, las fiestas tauricidas y las procesiones de santos de palo seguidos por señoras con mantilla y milicos vestidos de gala, es decir, a la ignorancia, la desigualdad y la pobreza es a lo que aspira a que respetemos el Ministro del Interior, aprovechando que la ley aún no entró en vigor, me permito decirle que me asquea. No así  la España de la cultura, la ciencia, la riqueza artística y literaria, la libertad y la democracia, la de los variopintos y hermosos paisajes con sus buenas gentes.

La del trapo, el santo, los pajarracos en las banderas y demás parafernalia a lo que ustedes consideran patria, esa patria, señor ministro, ya no sé si me da asco o me da risa.  


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