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Lo que los medios ocultan y callan: Justicia, políticos y patronal se ríen del pueblo.

Informar verazmente tendría que ser la obligación ineludible de los profesionales de la comunicación. Mas en este país, en el que los medios o dependen directamente del poder político, como sucede con los medios públicos o de corporaciones financieras afines al poder o subsidiarias de los intereses de unos y otras, callan cuando no manipulan a la opinión pública, intentando encauzar la opinión de los lectores, desviando su atención de los problemas reales, de las injusticias y de las tomaduras de pelo de los estamentos que controlan nuestras vidas con sus decisiones, intentando que veamos negro lo blanco y blanco lo negro.

Cuando se pone de manifiesto hasta qué punto el poder político controla la judicatura, con sentencias como la del Prestige, que parece haber sido redactada para complacer al PP, la prensa calla y oculta que el responsable último de la catástrofe ecológica, económica e incluso humana que provocó la marea negra que se produjo tras el hundimiento del barco fue el Gobierno del PP de entonces. 

Se contaba en aquellos días, y no es descartable que fuese así, que el ministro de Fomento, Francisco Álvarez Cascos, responsable del tráfico marítimo en última instancia, ordenó que alejasen el barco y le dejasen en paz porque se iba de caza. Sea o no cierta la anécdota, lo que nadie duda es que gestión del Prestige fue nefasta irresponsable y letal y que por ello tendrían que haberse señalado responsabilidades.

 Algunos medios incluso se congratulan por la sentencia, afirmando que no hubo responsables y que nadie tuvo culpa de lo que sucedió. Entre ellos el ABC y La Razón, que, además, un gesto de desfachatez sin precedentes reprocha a los manifestantes de Nunca Maís las protestas de entonces, en un acto de recochineo insoportable.

El fallo de la Audiencia de A Coruña decidió que no hubo culpa alguna, pensando tal vez que el accidente que causó unos irreparables daños en la fauna y flora marina, que dejó a muchas sufrientes gentes gallegas sin trabajo y que ha dado lugar a numerosos problemas de salud a quienes convivieron o conmurieron con aquella negra marea de chapapote, fue algo así como un castigo divino, un azar del destino, un capricho de los dioses que a nadie puede imputarse.

La sentencia del Prestige, constituye un auténtico escándalo judicial sobre el que los medios no han reaccionado como tendrían que haberlo hecho, investigando las causas por las que la Audiencia de A Coruña no ha encontrado culpables. Algunos medios han criticado tibiamente la sentencia, mas a nadie se le ha ocurrido buscar las causas reales de un fallo que nadie puede entender.

El periodismo de investigación –y parece una redundancia decirlo así, pues el periodismo siempre debe investigar sobre lo que informa- tiene en la resolución judicial del Prestige un amplio asunto a investigar, a pesar de que el fallo ha exonerado a los culpables, a la par que sienta un precedente internacional para que en otras catástrofes ecológicas provocadas por petroleros, las compañías se vayan de rositas, como no había sucedido jamás hasta el presente.

El absurdo fallo del Prestige no es el único que hace sospechar que la Justicia de este país está supeditada a los deseos del poder con la connivencia y el plácet de una prensa que no tiene la valentía suficiente para decirle la verdad a los ciudadanos, explicar que aquella frase del Borbón diciendo que la justicia es igual para todos no fue más que una falacia de una monarquía que toma el pelo a la ciudadanía, a la que toma por súbdita.

Aunque no es solo el fallo del Prestige el que da la medida de que la Justicia se ríe del pueblo: el auto sin precedentes del Fiscal Horrach, curándose en salud y advirtiendo de que no es imputable la hija del rey, aún antes de que se conozca un informe de Hacienda determinante para fijar la responsabilidad de Cristina de Borbón en el caso Nóos, y la intención del juez Castro pone de manifiesto que hay una justicia para los poderosos, magnánima y permisiva, en tanto que existe otra, extremadamente dura y hasta cruel para los ciudadanos de a pie.

Porque al tiempo que la Audiencia de A Coruña exoneraba de responsabilidades al Gobierno de entonces, a los técnicos que la pifiaron con su mal hacer, a los armadores del Prestige y a todos los que tuvieron algo que ver en la nefasta resolución del accidente del barco, o el Fiscal Horrach intenta impedir la imputación de la hija del rey en el sucio caso de corrupción del Instituto Nóos, eximiéndola de cualquier responsabilidad a pesar de las evidencias, existen casos, de los que los medios apenas informan y que ponen de manifiesto que jueces, fiscales y Gobierno están decididos a castigar a la ciudadanía de a pie con toda dureza por asuntos que no tendrían por qué ser delito.

Medidas de clara injusticia, como la de pedir cuatro años de cárcel para unos profesores que, en las fiestas de su pueblo se manifestaron contra los recortes en Educación durante la lectura del pregón, o la de dictar orden de encarcelamiento de un hombre por ‘desórdenes públicos y vandalismo’ por oponerse al latrocinio de los parquímetros ordenado por el entonces Alcalde de Madrid y hoy Ministro de Justicia, Alberto Ruíz Gallardón, no merecen ni una coma de reproche por parte de una prensa connivente con los abusos de la Justicia y el Gobierno.  

De esos asuntos los medios apenas dice nada, ni agitan a la opinión pública como están haciendo con la sentencia del Tribunal de Estrasburgo sobre la ilegalidad de aplicar la doctrina Parot con efecto retroactivo, o incluso contra esa sentencia, según ha considerado el Tribunal Supremo, que precisa que no se ajusta a derecho.

Engañan los medios, manipulan torticeramente, encabronando a la opinión pública cuando cuentan a los espectadores, lectores u oyentes, al decir que un etarra o un delincuente común ‘saldrá a los veinticinco años a pesar de tener una sentencia de doscientos’, trescientos o mil años, porque es mentira que existan penas de más de treinta años, y quienes son puestos en libertad a consecuencia de la sentencia de Estrasburgo lo hacen porque ya han cumplido su condena de acuerdo con la ley.

Qué buscan los medios con esas actitudes pareciera un arcano si no fuese porque le está haciendo favores a un sector muy determinado del poder. Por eso calla que es intolerable que caiga un desmedido peso legal sobre algunas personas en tanto a los delincuentes contra los bienes públicos se los exonera de responsabilidades.

Silencian que la ley de Seguridad Ciudadana que está preparando ese ministro del Interior filofascista que sufrimos está pensada para acabar con las protestas sociales por la vía de la represión, y contando con la connivencia de una Justicia que, de tener dignidad se rebelaría ante ciertas legislaciones contrarias al espíritu de la Constitución y las denunciarían. 

Son las mismas razones por las que ocultan los despilfarros del poder, al tiempo que justifican recortes inicuos y no critican, con la necesaria contundencia, a una patronal cínica y esclavista, que dice, por boca de su presidente, Joan Rosell, que ‘acabará la crisis el día que los cinco millones de parados tengan trabajo y lo acepten y luchen por él’, sin explicar que con esas palabras el cínico presidente de la patronal está lanzando un mensaje subliminal en el que criminaliza a los trabajadores por no aceptar contratos basura, los que los empresarios quieren imponer, ni explica con claridad hasta dónde nos robaron las Cajas de Ahorros.

Aunque luego critiquen acerbamente acusando de ‘matonismo’, como hacía ayer El País, a quien muestra una sandalia o llama ladrón a un tipo como Rodrigo Rato, sin criticar jamás a unos poderes que, con su actitud, no hacen sino reírse del pueblo.

Y por supuesto, medias palabras sobre la corrupción, pero siempre callándose que si el pueblo reaccionase como es debido se podría sacar a gorrazos del poder a los corruptos. Ante todo, no dar ideas ni agitar conciencias, que están muy cómodos con lo que hay, y los sobres que algunos corruptos se les escapan en las redacciones.

Tal vez sería necesario que todos los medios, públicos y privados, cerrasen por la tremenda como la RTVV, para que los profesionales del periodismo recobrasen su capacidad crítica y su dignidad y, como los periodistas de la televisión pública valenciana, desataran sus lenguas y sus teclas para informar a los ciudadanos cómo cuánto y por qué manipulan, tergiversan y engañan.  

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Comentarios

  1. Excelente aunque es muy aplicable a la Venezuela del hoy día.. Bajo dictadura totalitaria y cubana....al menos Franco,.. era mas original en España

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  2. La gente de derechas tendéis a obsesionaros con Venezuela, y no queréis ver lo que sucede en España para no tener que luchar por cambiarlo. Y tu "al menos Franco" resulta inadmisble e insultante. Franco fue un dictador genocida y asesino si paliativos al que deberíamos, como poco, olvidar como a Hitler o Mussoline. Los tres fueron del mismo jaez.

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