Ir al contenido principal

La marca del Gobierno del PP: Represión para los ciudadanos, impunidad para los corruptos.

Cuando en febrero de 2012 y tras las manifestaciones de los estudiantes del IES Lluis Vives de València, el jefe Superior de Policía de la ciudad del Turia, Antonio Moreno, policía ya durante el franquismo, calificó a los manifestantes de ‘enemigos’ no estaba sino haciendo uso del habitual lenguaje de los fascistas, tan caro a los miembros del actual Ejecutivo de Mariano Raxoi, cuyo ministro del Interior, Jorge Fernández, prepara una ley de Seguridad Ciudadana pensada para acabar con cualquier tipo de protesta. Quiere el actual Ejecutivo, de ideología fascistoide, reprimir cualesquiera manifestaciones que se registren contra los muchos abusos y fechorías que perpetra contra el pueblo, para garantizarse en el país la paz de los cementerios; ciudades pobladas por millones de silenciosos cadáveres, de las que habló el poeta Dámaso Alonso en los años cuarenta en su poemario Hijos de la Ira.

El Gobierno del PP quiere devolvernos a los años cuarenta con un proyecto de ley que ya cuenta con el rechazo de toda la oposición, que ve que su aplicación pretende cerrar la boca a los ciudadanos y hurtar derechos constitucionales, todo para garantizarse la impunidad y el silencio a todas cuantas injusticias cometa o que puedan perpetrar, con total impunidad, las fuerzas de Seguridad al castigar con multas de hasta seiscientos mil euros a quienes fotografíen o filmen abusos policiales, con el avieso argumento de que al hacerlo se viola la intimidad de los agentes, su derecho al honor y se pone en peligro su seguridad o la de la intervención policial.

Con esa medida represora y de censura, el Ejecutivo quiere garantizar la impunidad de actuaciones salvajes de las Fuerzas de Seguridad porque, en caso de que sean filmadas, pueden ser utilizadas como prueba en denuncias contra agentes que se extralimitan en sus funciones y, lo que aún les resulta más insoportable, que den la vuelta al mundo y se vea en países democráticos cómo se las gasta el Gobierno de este país.

Mas las sanciones de exagerada cuantía no se limitan a multar a quienes fotografíen o filmen los excesos que con demasiada frecuencia cometen las fuerzas de seguridad a las órdenes del Ministro del Interior, Jorge Fernández, o de sus delegados del Gobierno, como ya sucediera en València o Madrid, entre otros ciudades, porque igualmente prevé penalizaciones elevadísimas para quienes se manifiesten rodeando el Congreso o cualquier edificio oficial, actos públicos o religiosos, contra los escraches a políticos o cualquier manifestación ‘no comunicada’, como puedan ser las que protagoniza la PAH cuando se producen desahucios, así como las escaladas a edificios públicos o centrales nucleares, que con frecuencia lleva a cabo la organización ecologista Green Peace.

Vulnerando los principios constitucionales de reunión y manifestación –ya lo dijo el Ministro de AAEE, García Margallo, cuando afirmó que los únicos artículos importantes y que se tenían que cumplir de la Constitución eran el 1.2, que dice que la soberanía pertenece al pueblo español en su conjunto, y el artículo 2 que señala que la Constitución se fundamenta ‘en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible’, y que el resto era papel mojado–, el Ministro del Interior pretende imponer la obligatoriedad de identificarse ante las Fuerzas de Seguridad, que podrán inmovilizar a una persona hasta que se compruebe su identidad y que el documento que porta no es falso, bajo pena, de negarse, de seiscientos mil euros de multa.

La cuantiosa sanción por negarse a ser identificado no incluirá, obviamente, a los agentes de las fuerzas de seguridad, que seguirán sin revelar su identidad, respaldados por la norma que impide grabarlos en vídeo o fotografiarlos, y que además, podrán argumentar que han sido insultados para aplicar tan elevadas multas, porque la nueva Ley de Seguridad Ciudadana contempla igualmente duras sanciones para quien ose discutir con un agente, calificando el hecho de ‘atentado a la autoridad’.

Ocupar la vía pública o cortarla, como sucede con frecuencia en las manifestaciones, será igualmente objeto de represión de inspiración fascistoide, que impedirá acciones como las que llevaron a cabo los huelguistas de la limpieza de Madrid durante su huelga. Que es posible que igualmente se ‘regule’ como indicó la alcaldesa de Madrid, Ana Botella. Ya se sabe que para el Gobierno del PP ‘regular’ significa prohibir, amordazar, impedir el ejercicio de derechos reconocidos en una Constitución que ignora este Gobierno, excepto en los artículos 1.2 y 2.

Contrasta el ansia represiva del Gobierno de Raxoi con la tolerancia y connivencia con sus propios delincuentes, aquellos corruptos convictos a los que con frecuencia indulta, o dilata su entrada en prisión con el argumento de que solicitaron esa gracia. Es lo que sucede con el exalcalde de Torrevieja, Pedro Ángel Hernández Mateo, condenado a una pena de tres años de cárcel que ha burlado su ingreso en prisión después de que, desde el Ayuntamiento del fue regidor y el 85% de los diputados valencianos, se recogiesen firmas para solicitar su indulto.

El promotor de la recogida de firmas, el diputado autonómico Andrés Ballester, manifestó que no quería que nadie entrase en prisión ‘por la política’; seguramente porque para los representantes de los ciudadanos valencianos, tan alejados de los intereses del pueblo como el propio Ejecutivo, cometer un delito de falsedad documental y prevaricación son actividades propias de la política que no deben ser castigadas.

En la ciudad de la que fue regidor Hernández Mateo no todo son lisonjas para un exalcalde al que muchos de sus ciudadanos consideran un déspota corrupto que se enriqueció desmesuradamente a lo largo de sus casi veinte años de mandato, y del que cuentan, aunque nadie haya puesto los necesarios papeles sobre la mesa para poder demostrarlo, con pisos en New York y Miami, noventa y dos farmacias repartidas por todo el territorio nacional, una ganadería de reses bravas en Castilla-La Mancha, inmuebles en Marruecos, y mucho dinero en Gibraltar.

Quienes atribuyen ese inmenso capital al ya convicto corrupto, se preguntan qué negocios no haría durante los años de la burbuja inmobiliaria, -en los que la ciudad de Torrevieja creció de los 20.000 a los 100.000 habitantes-, para hacerse con tan voluminosos haberes siendo, como era, el hijo de una familia muy pobre, que comenzó a trabajar con apenas catorce años al servicio del marido de una farmacéutica para la que trabajaría de dependiente años más tarde, no de mancebo como dicen algunos, puesto que esa cualificación requiere estudios académicos a los que nunca accedió el ‘Perico’ que llevaba en su bicicleta rollos de películas desde la Ciudad de la Sal hasta Los Montesinos y vuelta.

La voluntad represiva contra la ciudadanía con una Ley de Seguridad Ciudadana, que desde IU han calificado como ‘Ley de patada en la boca de la democracia’, contrasta con la laxitud de trato que se da, entre otros, al convicto corrupto exalcalde de Torrevieja.

Ese contraste dibuja con nítidos perfiles la imagen del Ejecutivo y del partido que lo sustenta; la de unos dirigentes con la misma mentalidad represora para el pueblo y tolerante para sus corruptos como la de sus abuelos franquistas.

Si te gusta este blog y lo que en él se cuenta puedes contribuir con una pequeña aportación económica para ayudar a su autora, en paro desde hace más de tres años. 
Muchas pequeñas cantidades de muchos lectores me pueden sacar del aprieto. En el enlace que aparece en el recuadro podéis ver cómo ayudarme:

Esta bloguera es miembro de la 

Comentarios

Entradas populares de este blog

26J: ¿Pucherazo o estupidez del pueblo?

Susana Díaz: El enemigo en casa

Crónica en negro del País Valencià: ¿Carlos Fabra implicado en asuntos mucho peores que la corrupción?

Quienes gustan de la historia, saben que muchos acontecimientos nunca explicados por los coetáneos de hechos ominosos, acaban apareciendo claros como el cristal con el transcurrir de años, o de los siglos. Acontecimientos políticos, guerras sin sentido que respondían a intereses económicos ocultos o, incluso, a pasiones de índole sexual, se desvelaron con el paso del tiempo aunque, para quienes fueron testigos directos hubieran constituido secretos insondables.
Una publicación catalana, El Triangle, sacaba a la luz en días en pasados un artículo sobre el crimen de las niñas de Alcàsser en el que, según recoge un amplio reportaje en su edición de papel, la confesión de un arrepentido podría implicar al todopoderoso y corrupto Carlos Fabra, expresidente de la Diputación de Castellón durante largos años, en una red de pornografía infantil que llevaba a cabo, igualmente, un amplio abanico de actividades ilícitas: importación y venta de cocaína procedente de Panamá, tráfico de armas, trapic…