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La Justicia del Borbón: Dos años de cárcel por tirar una tarta, impunidad por lesionar y asesinar inmigrantes.

La Audiencia Nacional ha condenado a los tres activistas ecologistas que lanzaron tres tartas contra la presidenta de la Comunidad de Navarra, Yolanda Barcina, a dos años y novecientos euros de multa. La mitad de los años con los que la Audiencia de València condenó al corrupto Carlos Fabra por defraudar millones a la Hacienda Pública y el doble de lo que castigó la descapitalización de la Caja de Navarra que se le atribuye a la propia Barcina, como máxima responsable de la entidad pública.

A esas escandalosas diferencias hay que añadir la impunidad con la que la Justicia castiga el maltrato que sufren los inmigrantes a consecuencia de la instalación de las tristemente famosas concertinas, crueles cuchillas para llamarlas por su nombre, que incluso, causaron al muerte de uno de los desdichados que intentó atravesar esa ignominiosa barrera y cuyo fallecimiento se produjo al seccionarse una arteria. El culpable de esos crímenes, el ministro que se niega a retirar esas cuchillas, Jorge Fernández, nunca tendrá que responder por crímenes contra la humanidad y violación de los derechos humanos. Así es la Justicia de este triste país.

El Ministro del Interior dice ahora que ‘si se encuentra otro medio disuasorio’ retirará las cuchillas, y miedo da pensar en los que puede encontrar ese miembro del Opus que niega que las cuchillas causen algo más que ‘heridas muy superficiales’. Siendo así, debería utilizarlas de cilicio, medieval instrumento que, dicen, aún se siguen aplicando los fanáticos miembros de esa secta dentro de la secta católica.

Nunca se caracterizó la Monarquía española en ningún momento de la historia por sus ejercicios de veracidad. Cuando el rey Juan Carlos aseguró, en su mensaje de Navidad de 2011, que ‘la Justicia es igual para todos’ estaba haciendo uso de una falacia. Porque él mismo demostró su mentira al mover los hilos de la Fiscalía para impedir que su hija Cristina fuese imputada en el caso Nóos, junto al presunto sinvergüenza de su esposo.

Y debe seguir moviendo hilos, que la marioneta gubernamental obedece con presteza. Porque hoy se ha sabido que las dos jefas de la  Unidad de Delitos Monetarios que investigan ese caso han sido cesadas y su departamento experimenta una notable reducción de personal ya que, y según han anunciado los responsables del Ministerio del Interior, no se cubrirán sus bajas.

La supuesta equidad de la Justicia es la que permite que entren en prisión personas por comerciar con una papelina de droga, o por robar un pan en un supermercado, y al tiempo que los políticos corruptos se vayan de rositas, o como mucho, sean condenados a penas ridículas como Carlos Fabra, al que la Fiscalía pedía trece años, y la Audiencia condenó a dos, ignorando sus presuntos delitos de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias.

Esa justicia que, presuntamente, es igual para todos es la que permite que el condenado expresidente de la Diputación de Castellón, penado con cuatro años de prisión, no entre en la cárcel de momento y que se pavonee en ruedas de prensa, amparado por la Cámara de Comercio de Castellón que, a pesar de recibir dinero público, anuncia que no prescindirá de él, como tampoco lo hará otro organismo público como el Consejo del aeropuerto sin aviones de Castellón, ese que el propio Fabra construyó a su mayor gloria y sobre el que preguntaba a su nieta si le gustaba ‘el aeropuerto del abuelito’ construido con dinero no del abuelito sino de todos los valencianos.

La igualitaria justicia de este país es la que obliga a entrar en prisión a quien en su juventud tuvo un episodio delictivo por estar enganchado a las drogas y que, años más tarde, completamente rehabilitado, se encuentra con una sentencia que lo envía a prisión desbaratando su vida.

Al tiempo que condenados por corrupción, como el Alcalde de Torrevieja, Pedro Ángel Hernández Mateo, se ven libres de la entrada en la cárcel pese a que cayera sobre él una condena ratificada por el Tribunal Supremo, porque una serie de corruptos como él solicitaron el indulto y esa Justicia igual para todos acordó suspender su entrada en prisión hasta que el Gobierno decida sobre el indulto. Decisión que puede tardar años en producirse, los suficientes para que la gente olvide el escándalo y el corrupto no pague nunca sus delitos.

¿Justicia igual para todos? Lanzar tartas a una política –hecho que en ningún país democrático está sancionado con ninguna otra pena que no sea la pecuniaria-: dos años; causar la muerte de un inmigrante por mantener unas cuchillas asesinas en una valla ignominiosa, que impide el paso a este asqueroso mundo supuestamente rico y civilizado de quienes huyen de la miseria, persecuciones políticas o hambrunas: absoluta impunidad.

El Borbón tal vez vuelva a contarnos en una de esas patéticas intervenciones que protagoniza la noche de Navidad que la Justicia es igual para todos. Y luego, cuando la gente lo abuchee a él o a su familia en actos públicos se quejarán de la mala educación de la ciudadanía.

Y que nadie ose lanzarles ni una peladilla, porque si estampar una tarta en el rostro de una presidenta de Comunidad Autonómica se castiga con dos años de prisión, hacerlo contra algún miembro de la Casa Real posiblemente sería castigado con cadena perpetua.  

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