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La condena de Fabra y otros escándalos de corrupción del PP

Todo lo relacionado con el PP y la Justicia tiene, lamentablemente, tintes de escándalo, de ópera bufa, de historia de picaresca del siglo XVII, de comportamiento vergonzoso cuando no insufrible en una democracia. El PP, sumergido en una vorágine de ilegalidades perpetradas por sus dirigentes escurre el bulto, justifica todas las fechorías que se le imputan y busca, en la complicidad de los fiscales, verse libre de las evidencias que lo muestran como un partido inmerso en prácticas que se pueden calificar de muchas maneras, excepto de honradas. A la vez, cuando recaen condenas sobre alguno de sus dirigentes, apelan a la provisionalidad de la sentencia, o recaban el indulto para burlar a la Justicia cuando las pruebas de sus comportamientos corruptos son aplastantes.

Hoy se ha conocido la sentencia que la Audiencia valenciana ha dictado contra el otrora poderoso líder castellonense del PP, Carlos Fabra. Una sentencia decepcionante que le exime de los delitos de tráfico de influencias y cohecho, culpándolo tan solo de un delito fiscal por el que, además de cuatro años de prisión, le condena al pago de 1.3 millones de euros de multa e indemnización; toda una bicoca legal, si se atiende a la petición de la Fiscalía que solicitaba trece años de prisión.

Es posible que, de alguna manera, la Justicia valenciana comparta el criterio infumable del diputado autonómico Andrés Ballester que, en relación con la condena de otro corrupto convicto, el exalcalde de Torrevieja, Pedro Ángel Hernández Mateo, condenado a tres años de prisión, dijo que no le gustaba que nadie fuera a la cárcel por política a la hora de solicitar el indulto de quien fue condenado por falsedad documental y prevaricación, transmitiendo la idea de que cometer esos delitos son comportamientos habituales en los políticos.

De Carlos Fabra, el jefe de la unidad de apoyo de la Agencia Tributaria a la Fiscalía Anticorrupción y uno de los peritos judiciales que investigaron las cuentas del expresidente de la Diputación de Castellón y de su exmujer manifestó que la forma de operar del matrimonio es “la primera que se incluye en los manuales de estudio de afloración de dinero negro y más cuando no se acredita el origen del efectivo".

El convicto defraudador de impuestos, Carlos Fabra es el paradigma de político del PP, hijo de una familia conservadora, ligada al poder provincial de Castellón desde el siglo XIX, tuvo una presencia preponderante en la política presidiendo la Diputación siete miembros de esa familia (incluido él mismo y su padre) durante casi dos siglos. 

Su padre, Carlos Fabra Andrés, fue uno de los fundadores de la Juventud Católica en Castellón que, tras la sublevación fascista se alistó en el ejército franquista. Tras el final de la contienda fue nombrado delegado de excombatientes y cuatro años más tarde ocupó el cargo de Secretario Provincial del Movimiento Nacional -el brazo político del franquismo-. Años más tarde ostentaría otros cargos como la Presidencia de la Diputación y la Alcaldía de Castellón. Su hijo Carlos, ahora condenado por fraude fiscal, heredó el cargo de Presidente de la Diputación como si su familia fuese una casa reinante y, desde entonces, desarrolló un poder caciquil, arbitrario y, como lo demuestra la sentencia de la Audiencia de València, corrupto.

Este escandaloso personaje, irrespetuoso con la oposición y con la prensa, a la que insultaba constantemente desde su condición de Presidente de la Diputación de Castellón, fue el factótum del dislate del aeropuerto de esa ciudad, que no ha operado ni un solo día desde el de su inauguración, pero que le supone miles de euros en mantenimiento al erario, aparte de lo que costó su construcción a las arcas públicas del País Valencià. Fabra es un paradigma de los políticos del PP, intocables hasta el presente, pero a los que la Justicia, aunque sea con levedad, condena y retira de la función pública.

Por otro lado, una buena parte de la ciudadanía, o la ciudadanía en su totalidad, dado que los que no aspiran a que se haga justicia no son ciudadanos sino súbditos, espera que el caso Bárcenas ponga en claro todas las trampas financieras del PP y al descubierto la contabilidad B de ese partido, de la que el juez Ruz –a pesar de todas las cautelas que gasta este apocado magistrado- dice que hay evidencias de una  “cierta corriente financiera de cobros y pagos continua en el tiempo al margen de la contabilidad remitida al Tribunal de Cuentas”.

O dicho en román paladino: el PP mantuvo desde hace al menos veinte años una contabilidad B que se demuestra cotejando los pagos del extesorero al arquitecto de la reforma de la sede de Génova 13. Y es fácil colegir que si la policía judicial y el propio juez consideran que los apuntes de Bárcenas constatan esas trampas económicas, el resto de las que denuncia el ahora denostado exsenador y exhombre de confianza del Presidente Raxoi, son igualmente ciertas.

Ante la evidencia del auto del juez Ruz, la única reacción del PP fue anunciar, a través de la señora Cospedal, que reclama a la fiscalía que analice los pagos de las obras de la sede popular, que ascendieron a 5,6 millones de euros, precisando que  el PP no es parte de ese proceso abierto en la Audiencia Nacional. La traducción de las palabras de la secretaria general es bastante obvia: ‘ordenamos a la Fiscalía que le lea la cartilla al juez para que nuestras irregularidades queden impunes’.

Es difícil pronosticar qué hará el juez Ruz ante las evidencias de las irregularidades fiscales del PP y si se atreverá a sentar en el banquillo al responsable de tanta corrupción que no es otro, en última instancia, aunque solo sea por su dejación de vigilar que se hicieran las cosas honradamente, que el presidente del Gobierno y del PP, Mariano Raxoi que, de ser un tipo con dignidad o simplemente democrático como lo son sus homólogos europeos, tendría que dimitir y convocar elecciones anticipadas.

Mas pedir comportamientos democráticos a los dirigentes del PP sería pedir peras al olmo o que un can recitase de corrido la lista de los reyes godos. Ambas cosas son igual de imposibles que esperar un comportamiento democrático en los dirigentes populares que se permiten iniciativas como las de la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, que preguntó al Ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, por qué no cesó al magistrado del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Luis López Guerra, uno de los jueces que votaron en contra de la doctrina Parot, y al que la derecha cavernaria atribuye la capacidad de manipular a todos los togados de ese tribunal en beneficio de los pactos que, supuestamente, hizo Zapatero con ETA.

Igualmente poco democrática y nada transparente fue la decisión de la Ministra de Sanidad, Ana Mato –involucrada por vía matrimonial en la trama Gürtel, aunque su causa fuese archivada por haber prescrito en el tiempo, pero no porque no fuese culpable- al adjudicar en pasadas fechas la gestión del Hospital de Melilla a Manuel Lamela –imputado por un caso de prevaricación y cohecho por la privatización de la Sanidad madrileña -. La señora (?)Mato, que no debe confiar en la profesionalidad de los técnicos de su ministerio, declaró que ‘no sabía que la firma adjudicataria fuese del señor Lamela’. ¡Qué casualidad!

La capacidad de los dirigentes del PP para escandalizar a la ciudadanía con su comportamiento corrupto o con declaraciones que ponen en evidencia su nulo sentimiento democrático es ilimitada. Acostumbrados a actuar impunemente se muestran escandalizados y perplejos ante las sentencias condenatorias de algunos de sus dirigentes y no saben qué hacer para evitar, no ya el escándalo que supone la constatación de que llevaban una contabilidad b en su partido, sino cómo evitar que el peso de la ley caiga sobre ellos, condenándolos por partida doble: penal y políticamente.

Porque si acaban siendo juzgados por financiación ilegal y fraude a la Hacienda pública, pueden olvidarse de pisar La Moncloa de nuevo, en decenios…o siglos.


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