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Escándalo en Hacienda por la permisividad del PP con los grandes contribuyentes.

El Gobierno presidido por Mariano Raxoi no deja de escandalizar, ya sea a los inspectores de Hacienda, a los defensores de los derechos humanos o a los trabajadores, sindicatos y partidos de izquierda y a la ciudadanía en general, que pese a ello, no reacciona como sería de desear en un país con democracia y dignidad.

Instalado en la prepotencia, usando y abusando de su mayoría absoluta ha confundido esta con el absolutismo de las dictaduras, tomando decisiones arbitrarias al vulnerar unas mínimas normas éticas convencido de que todo cuanto hace le está permitido en función de no se sabe qué privilegios que, desde luego, no emanan de las normas democráticas sino de un concepto encanallado y dictatorial que se arroga en nombre de su mal entendida mayoría parlamentaria.

Cada día la prensa digital y alguna televisión –mucho se guardan de contarlo los medios de la caverna, instalados en el sistema, dóciles y complacientes con el poder- dan cuenta de un nuevo escándalo, abuso o dislate. Hoy se ha sabido del descontento y revuelo que hay entre los técnicos de Hacienda por el cese fulminante de una inspectora que tuvo la osadía de rechazar un recurso de reposición contra una sanción impuesta a la empresa CEMEX.

Resulta sorprendente que en un país en el que los ingresos en las arcas públicas sufren un importante déficit, entre otras causas por la enormidad del fraude fiscal que alcanza los 90.000 millones de euros, de los que el 72% es el que llevan a cabo las grandes compañías, desde el Ministerio de Economía en lugar de combatir ese problema cese a los inspectores que intentan impedir el latrocinio de dinero público, máxime cuando la UE lleva advirtiendo hace tiempo al Gobierno de Raxoi que debe emprender una profunda reforma fiscal con el fin de aumentar la recaudación impositiva.

Se da la circunstancia de que si el Gobierno de Raxoi abordase los problemas de la economía sumergida y el fraude fiscal, procedentes siempre de las grandes sociedades, no tendría que subir ningún otro impuesto ni llevar a cabo recortes para solventar el problema del pago de deuda que en 2014 alcanzará, solo en intereses, la enorme cifra de 38.590 millones de euros, que suponen más de 105 millones al día, de media.

Esa cifra, que ahoga las cuentas públicas y neutraliza los recortes emprendidos desde mayo de 2010 para reducir el déficit, la podría obtener Hacienda este mismo año equiparando la tasa de fraude fiscal a la media europea  que está en torno al 13%.

Sin embargo, el Ministerio de Hacienda, a cuyo frente está Cristóbal Montoro, no solo ha reducido en seiscientos el número de inspectores, sino que, según denuncia el sindicato Gestha, formado por los técnicos de la Agencia Tributaria, la evasión fiscal de las grandes fortunas y grandes empresas alcanza los 42.000 millones de euros al año. Suponen la mayor porción del pastel impositivo y, sin embargo, solo uno de cada cuatro inspectores y subinspectores se dedica a fiscalizarlas y, de no ser complacientes, son cesados fulminantemente, como ha ocurrido con la inspectora que rechazó el recurso de la empresa CEMEX

Esa compañía, beneficiada por el Gobierno de Raxoi, que ha impedido la sanción acordada por la técnico de Hacienda, es una multinacional mejicana dedicada a los cementos y eliminación de residuos industriales extendida por cincuenta países y que ha tenido problemas en diversas partes del mundo, incluido en el que surgió, Mexico, por comportamientos ilícitos relacionados con la competencia o el pago de impuestos.

CEMEX contó en el pasado –y no se sabe si actualmente- con la protección del hoy President de Les Corts valencianas, Juan Cotino, cuando este era Conseller de Medio Ambiente. En el transcurso de su responsabilidad al frente de la Consellería, que se supone debía preservar el medio ambiente del País Valenciá, Cotino autorizó en 2010 el traslado de 12.000 toneladas de residuos de plástico (poliuretano) desde Sarno (Italia) para ser quemados en la cementera de Cemex, ubicada en el término municipal de Alicante.

En paralelo al visto bueno del envío de los residuos desde el pequeño municipio de la región italiana de la Campania, la Conselleria de Medio Ambiente también acordó ampliar el plazo de prueba industrial concedido a Cemex España en su planta de Alicante hasta agotar las 55.000 toneladas que se autorizaron en octubre de 2009, pese a las denuncias y protestas de los grupos ecologistas, a los que la Conselleria de Medio Ambiente viene ninguneando desde que gobierna en el País Valencià.

Tras el fulminante e inmotivado cese de la inspectora se produjo una reunión de urgencia entre el delegado central de grandes contribuyentes y un buen número de inspectores de Hacienda. El directivo admitió, según fuentes de Gestha, que había dado orden de paralizar el recurso presentado por la empresa contra la sanción incluida en el acta fiscal. El sentimiento en el seno de la Inspección de Hacienda es que el cese se debe a una orden política para no molestar a una compañía que anunció hace un par de meses que convertirá a España en su centro de exportación en Europa.

Con empresas como CEMEX, que defraudan a Hacienda, bajan el salario de sus trabajadores y tiene conflictos con los gobiernos de los países donde cuenta con  filiales, es como el Ejecutivo de Raxoi pretende vender la presencia de negocios de los que dice hacen grandes inversiones que propiciarán que este país salga de la crisis. No se entiende cómo se puede salir de la crisis si las compañías inversoras que eligen este país defraudan al fisco, bajan el salario de los trabajadores e incumplen las medidas medioambientales que en otros le obligan a respetar.

El cese de la inspectora de Hacienda por intentar que un gran contribuyente cumpla con sus obligaciones fiscales no es sino la punta del iceberg de las actuaciones del Ejecutivo de Mariano Raxoi respecto a su política impositiva: la máxima tolerancia con las grandes sociedades y fortunas, a las que exime del pago de sanciones, o permitir que coticen con un escandaloso 1% a través de las SICAV.

Al tiempo -dice que para cumplir con las exigencias de la UE-, está arrasando con los restos del Estado del Bienestar, cargando los costes de la deuda pública generada por los latrocinios de los banqueros a las clases menos favorecidas, empobreciendo a la clase media y robando derechos a los trabajadores.

No es pues una cuestión de falta de liquidez en las arcas públicas, podría contar con muchos miles de millones de euros sin necesidad de hacérselos pagar a los más débiles. Es una cuestión de ideología de extrema derecha, de beneficiar hasta lo escandaloso a los representantes del capitalismo salvaje a costa de los trabajadores. Ya lo dijo Andreita Fabra: ¡que se jodan! Y eso es lo que hace el Gobierno del PP, joder al pueblo para beneficiar, y beneficiarse, de los negocios de las grandes fortunas.

Porque no hace falta ser malpensado para sospechar que la permisividad con los grandes contribuyentes aporta beneficios inconfesables al partido en el poder, el PP.

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