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Dos años de Gobierno del PP: Más pobreza, más paro, más desigualdad, más represión, más corrupción.

Ni los más pesimistas fueron capaces de vislumbrar hasta donde protagonizaría el PP una regresión social, económica y de libertades como la que lleva a cabo desde que llegó a La Moncloa tras unas elecciones en las que trampeó con su programa electoral, al ocultar sus planes legislativos y económicos y tras una campaña financiada tramposamente, en la que jugó con ventaja respecto al resto de formaciones por contar con un dinero que entró en sus arcas de manera ilegal, y del que no piensa dar cuentas el Gobierno presidido por Mariano Raxoi, que en estos días proclama ufano que ‘se está saliendo de la crisis’ y que los indicadores económicos así lo certifican, aunque calla que los únicos que perciben esa salida son la oligarquía y la prensa afín a la derecha.

Seis millones de parados, el 28% de la población en el umbral de la pobreza, más de dos millones de desempleados sin prestaciones, repago farmacéutico y asistencial, desaparición de las ayudas a la Dependencia, tasas judiciales, descenso de las becas universitarias, subida de ratios en las aulas de primaria y secundaria, 22.000 profesores menos en la Enseñanza Pública, 4.000 médicos menos en la Sanidad Pública, pérdida de derechos de los trabajadores a causa de la Reforma Laboral, 55.000 millones de euros regalados a los bancos, 13% más de millonarios. Son las cifras del balance de dos años de Gobierno del PP que han supuesto dolor para la ciudadanía y privilegios para la oligarquía.

Escudándose en las imposiciones de la UE, que obliga a reducir el déficit, objetivo que el presidente Raxoi manifiesta constantemente que es su inequívoca prioridad, viene utilizando ese argumento para despojar a la ciudadanía de todos sus derechos, aún de aquellos que la propia UE le indicó que atendiese, como las prestaciones sociales que ha hecho desaparecer, como las que recibían muchos parados, de cuya anulación una diputada de su partido, Andrea Fabra, se congratuló proclamando desde su escaño: ‘¡qué se jodan!’.

Las prestaciones por paro experimentaron una reducción del 63.25 en estos dos años, dejando a más de dos millones de familias sin ningún tipo de ingresos y en una situación de pobreza que aqueja ya al 28% de la población. Se empobreció a los jubilados obligándolos al repago farmacéutico, a la vez que se obliga a enfermos crónicos al pago de medicación hospitalaria, al de las ambulancias que han de trasladarlos, entre otros casos, a las sesiones de diálisis y se retiró la asistencia sanitaria a los inmigrantes –hay constancia de al menos dos fallecidos por esa circunstancia- a la vez que la reforma de las pensiones hace que los jubilados vayan a perder poder adquisitivo, al acordar que ya no se contemplará el índice del IPC sino un 0.25% que supone, en la práctica una bajada.

Enemigo de lo público, el Gobierno de Mariano Raxoi destrozó la Escuela Pública a favor de las escuelas concertadas de la secta católica, la mayoría del Opus Dei que, incluso, imparten clases discriminando al alumnado por sexo. El dinero que dejó de percibir la Escuela Pública, que sufrió la pérdida de 22.000 docentes, no se ahorró sino que pasó de ser de uso público a serlo del privado de los colegios religiosos por lo que no influyó en la reducción del déficit, sino que fue a parar a la secta católica en la que comulgan buena parte de los ministros.

A la vez, con el propósito de cerrar el paso a la universidad a los hijos de la clase trabajadora, impone una política de becas, y una subida de tasas que ha hecho que más de 65.000 jóvenes hayan tenido que abandonar el estudio de sus carreras.

La Reforma Laboral dio lugar a que se redujeran notablemente las rentas por trabajo, en tanto aumentaron las rentas del capital en una relación -5.2, +3.6. Los sueldos vienen experimentando bajadas de hasta el 40%, al tiempo que el número de millonarios aumentó el 3%, porque la política económica de Raxoi ha sido una política de dolor para los trabajadores y privilegios para una oligarquía crecida en sus exigencias por el amparo de un Ejecutivo que le está muy agradecido por las grandes cantidades de dinero negro que se sospecha ingresó en sus arcas, propiciando su financiación ilegal.

Criticado por la UE por su permisividad con las tropelías de los bancos, que solo en 2012 desahuciaron de sus viviendas a 46.556 familias, una media de 526 diarias que, entre otras consecuencias, dispararon la tasa de suicidios. El Gobierno de Raxoi tuvo que enfrentarse a una sentencia del Tribunal de Estrasburgo por una ley hipotecaria que no gustó en la UE ni tras los cambios legislativos, por insuficientes, que llevó a cabo y que le ordenó que cambiase para garantizar la protección de los desprotegidos usuarios de la banca.

En los dos años de Gobierno del PP, presto estos días a aprobar una Ley de Seguridad Ciudadana que supone un recorte de libertades que acerca a los siniestros tiempos de la dictadura, el partido en el Gobierno legisla a golpe de decreto ignorando a la oposición y viene imponiendo una vuelta a la España retrógrada, casposa, supeditada al ideario de la secta católica, que impuso la desaparición de la asignatura de Educación para la Ciudadanía y quiere imponer la penalización del aborto, haciendo que el Gobierno del PP legisle como los gobiernos talibanes, al dictado de una religión integrista que quiere hacer volver a las mujeres al gineceo.

Al dejar sin dotación la Ley de Memoria Histórica el Gobierno de Raxoi, de ideología más cercana al fascismo que a la democracia, ha cortado toda posibilidad de investigación de los crímenes del franquismo, se niega a colaborar con la jueza argentina que los investiga, incumpliendo los tratados internacionales de extradición al tiempo que gasta dinero público, el mismo que recorta en prestaciones sociales, educación o sanidad, en subvencionar un Diccionario Histórico que ensalza al dictador genocida en la misma medida que denigra a las figuras de la II República.

Así mismo proporcionó dinero para restaurar el Valle de los Caídos, a la vez que permite homenajes a Franco y hasta a Hitler, y considera normal que en la televisión pública se llame ‘generalísimo’ y ‘caudillo’ al dictador genocida.  

Lo hace en la misma televisión pública que asaltó al llegar al poder convirtiéndola en un boletín de propaganda del PP, y en la que se retransmiten espectáculos sangrientos y crueles, como las corridas de toros, que el Ejecutivo promociona y subvenciona con el dinero de todos, a pesar de que el 68% de la población se opone a ese gasto. Al votar en las Cortes la consideración de Bien Cultural Inmaterial, y pretender que la declaración la otorgue igualmente la UNESCO causó la irritación de las autoridades internacionales, que consideran una provocación esa medida.

El Gobierno de Raxoi, en los dos años que han transcurrido desde que llegó al poder, se ha concitado el rechazo de los docentes, los estudiantes, los médicos, los enfermos, los parados, los sindicatos, las mujeres, los desahuciados, los gais, los intelectuales, la gente del cine, y hasta a los amantes de los animales. Aunque no el suficiente para obligarle a marcharse.

Protagonista del mayor escándalo de corrupción registrado en los treinta y ocho años de pseudodemocracia, el Gobierno y su presidente mienten descaradamente a los ciudadanos, ocultaron pruebas a la justicia con las mismas maneras de los delincuentes, se escoden de la prensa y de los ciudadanos, actuando con la desfachatez de los mafiosos, riéndose de la ciudadanía y de las reglas democráticas.

Mas a este Gobierno que llegó al poder con trampas y falacias nada le importa. Está logrando sus objetivos de favorecer a la oligarquía y enriquecerse con privatizaciones y corrupción impune. Cuenta para ello con la pasividad de un pueblo, al que pese hurtar derechos y libertades, es incapaz de reaccionar a tanto abuso.  

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