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Como nos está regresando el PP a una dictadura de facto

Accedió el PP al poder a través de un golpe de Estado en las urnas, engañando al electorado con un programa que no solo no cumple, sino que ocultaba sus intenciones, precisamente las contrarias de lo que anunciaba. Y lo hizo tras una campaña electoral en la que jugó con ventaja, rompiendo las reglas del juego al contar con un dinero fraudulento que le permitió inundar las calles de vallas, las farolas de carteles, las televisiones de anuncios, los periódicos de páginas enteras en las que se contaban mentiras risibles que algunos tomaron en serio, como aquella frase de Dolores Cospedal que, después de dos años de gobierno del PP –que parecen treinta en regresión-, resultó un escarnio: ‘el PP es el partido de los trabajadores’.

En dos años de Gobierno, el PP ha conseguido ponerse en contra a la Comunidad Educativa, al personal sanitario y a los usuarios de la sanidad integrados en la Marea Blanca,  a los jubilados, a los parados, a los dependientes, a los desahuciados, a los estafados por las preferentes, a las mujeres; a todo tipo de colectivos, en fin, que se sienten lesionados y perseguidos por un Gobierno intolerante y represor que quiere evitar las protestas ciudadanas como lo hacen las dictaduras: con policía que detenga y jueces que encarcelen.

Las intenciones del Gobierno para evitar las protestas contra unas políticas regresivas, clasistas y reaccionarias han creado tal preocupación en Jueces para la Democracia, fiscales y abogados progresistas y asociaciones ciudadanas, que todos ellos, integrados en la Coordinadora Paremos la Criminalización de la Protesta Social se han reunido con los grupos de oposición –PSOE, IU, CiU y algunas formaciones del Grupo Mixto– para frenar la reforma del Código Penal que impulsa el Gobierno y con la que, desde su punto de vista, se pretende eliminar las movilizaciones ciudadanas surgidas durante la crisis, mediante el castigo penal.

De hecho, la brutalidad policial que sufrieron los manifestantes que participaron en la concentración ‘Rodea el Congreso’, encendió las señales de alarma en la UE, cuyo comisario de Derechos Humanos, Nils Muiznieks, en un informe emitido a comienzos de octubre reprochaba al Gobierno de Raxoi las brutales intervenciones policiales que calificó de ‘vulneración de los derechos humanos’. Vulneraciones que este Ejecutivo está decidido a seguir perpetrando, con acciones tan brutales como la de volver a colocar cuchillas en la verja de Melilla.

Las cuchillas que ahora reinstalará el Ministerio del Interior fueron retiradas en 2007 por el Gobierno de Zapatero, después de que ONG’s nacionales e internacionales protestaran porque producen profundos cortes en las manos y las piernas de los inmigrantes que intentan superar la verja para buscarse un lugar al sol en la supuestamente libre y confortable Europa.

El presidente de Amnistía Internacional, Esteban Beltrán, alertó de que la decisión del Ministro Fernández supone un paso atrás en políticas de inmigración”, a la vez que lamentó que se esté “haciendo especial énfasis en la política de seguridad de la Unión Europea, más que en la protección de los derechos humanos de los inmigrantes”, y señaló que “en la isla de Lampedusa y en Marruecos está ocurriendo algo similar: se antepone el derecho de un Estado a protegerse a la vida de los inmigrantes”, aplicando así las políticas características de los Estados neoliberales que anteponen intereses crematísticos a los derechos humanos.

La brutalidad de esa medida es una más de las barbaridades que perpetra un Gobierno que solo sabe solucionar los problemas con la fuerza bruta y la represión que articula a través de medidas supuestamente legales que tendrán un corto recorrido, porque los tribunales europeos pondrán coto a sus excesos, del mismo modo que lo ha puesto a los desahucios o la aplicación de leyes con efecto retroactivo.

En su obsesión porque un sector de las víctimas del terrorismo, precisamente el que el PP alimentó y azuzó contra el Ejecutivo de Zapatero, se sienta satisfecho con el Gobierno de Raxoi, planea legislar medidas contrarias a cualquier fundamento jurídico de país democrático, equivocándose por partida doble, al querer legislar de forma contraria a la normativa europea, y además, provocando de forma suicida a la banda terrorista que, con la torpe política de este Gobierno, podría volver a actuar.

El Ministro del Interior, Jorge Fernández, uno de los peores y más filofascistas responsable de ese área que haya tenido este triste país, está empeñado en aplicar a los terroristas una nueva normativa que impida que puedan acceder a las prestaciones a las que tienen derecho el resto de presos, con una medida que tendrá escaso recorrido, puesto que el primer afectado por esa decisión la recurrirá al Tribunal Europeo de Derechos Humanos que la tumbará y volverán a reproducirse las indignadas reacciones de quienes, ignorando cualquier principio legal, se ponen a la misma altura de los delincuentes que violan la ley y los derechos humanos.

En su habitual costumbre de cruzar las líneas rojas que trazan la frontera entre un sistema democrático y una dictadura, el actual Gobierno, y sus militantes, no se detienen ante nada, invaden ámbitos privados, e intentan imponer su voluntad sin detenerse a contemplar que en una democracia hay maneras de actuar que no son tolerables.

Lo demostró la pasada semana en la UJI –Universidad Jaume I de Castellón-, cuando militantes del PP forzaron al director de esa universidad, Vicent Climet, a suspender una conferencia sobre música del cantante de KOP, Juan Ramón Rodríguez, porque fue procesado y condenado como colaborador de ETA en 2002.

El músico fue detenido en un gimnasio de Holanda en 2002 por supuesta colaboración con el Comando Barcelona de ETA. Fue condenado a cinco años de prisión por filtrar información a la banda para atentar contra el líder del movimiento neonazi Cedade, Pedro Varela. Rodríguez, fue extraditado a España en 2003 tras ser juzgado en La Haya y estar encarcelado en régimen de aislamiento. En 2007 salió en libertad.

Se supone que, en los países democráticos, cuando tras cumplir condena un penado sale en libertad ha pagado sus deudas con la Justicia y es un ciudadano más, con todos sus derechos. Mas los militantes del PP, de las NNGG y la extrema derecha –que vienen a ser lo mismo- no comparten los principios democráticos de reinserción de los condenados ni los derechos humanos, por lo que, cruzando una vez más líneas rojas, organizaron un pandemónium en la UJI con el objeto de impedir la conferencia de Juan Ramón Rodríguez.

El aula magna de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la Universitat Jaume I cerró sus puertas a Rodríguez, pero la conferencia ‘Música combativa: una historia de represión’ continuó en el primer piso del edificio, tras echar de ella a la profesora y los alumnos que iban a impartir una clase en esa aula.
El rector, Vicent Climent anunció que pedirá las oportunas responsabilidades a los organizadores que, en su opinión, traspasaron “varias líneas rojas en el respecto a la convivencia pacífica dentro del campus”, sin caer en la cuenta de que los primeros que atravesaron esas líneas rojas fueron los que quisieron quitar la voz al conferenciante.

Lo sucedido en la UJI es solo un indicio más de que este país camina en franca regresión respecto a las libertades públicas, y los derechos humanos que, al mismo tiempo que los derechos sociales, recorta un Gobierno facistoide decidido a regresarnos a los años sesenta si se lo permitimos.

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