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Cárcel para quienes arrojan tartas a un cargo público: ¿Y para los tartazos que da el poder a los ciudadanos?

Entre cinco y nueve años de cárcel solicitan en la Audiencia Nacional la Fiscalía y el abogado de la acusación particular para las tres personas que supuestamente lanzaron tartas a la presidenta de la Comunidad Foral de Navarra, Yolanda Barcina, en el transcurso de un acto celebrado en la localidad francesa de Toulouse, por lo que se califica de ‘atentado contra la autoridad’, delito que no existe en el país galo, donde, como en el resto de países democráticos, no se considera que los cargos públicos tengan especiales privilegios en razón a su función, como sucede en esta pseudodemocracia, en la que el poder se considera a sí mismo intocable e irresponsable de las fechorías que perpetra.

Porque si se considera que lanzar unas tartas a un cargo público, que no sufrió más lesión que la experimentó su dignidad al verse perdida de merengue, ¿qué penas de cárcel merecerían los políticos que, a diario, están lanzando tartazos a los ciudadanos en forma de abusos, latrocinios, tomaduras de pelo, leyes injustas y sentencias que constituyen burlas constantes?

Mucho más crueles que un tartazo, o incluso millones de tartazos, son los miles de suicidios causados por la crisis y los desahucios llevados  a cabo por los bancos, que de siempre contaron con la permisividad del poder que les permitió estafar a sus clientes con las cláusulas suelo, con la venta de acciones preferentes a ingenuos y desinformados ahorradores o el cobro de excesivas comisiones sin razón alguna. ¿Son responsables los cargos públicos de esas muertes? Y de ser así, si se piden entre cinco y nueve años de cárcel por arrojar una tarta a una política, ¿qué pena merecerían los responsables de esas miles de muertes?

También es posible que causen el fallecimiento de algunos ciudadanos - aunque no existan estadísticas, ni noticias de que se hayan producido, pero es fácil sospechar que bien pudiera estar sucediendo-, el recobro de los medicamentos a los jubilados, esos pensionistas que han de elegir entre medicarse para combatir enfermedades crónicas o dar de comer a sus hijos y nietos con sus exiguas pensiones. Y si no llegan a morir pero sufren en su salud la carencia de esas medicinas, ¿qué pena merecen los responsables de esas decisiones, si arrojar una tarta es sancionado con una desproporcionada condena de años de prisión y abultadas sanciones pecuniarias?

El trato que reciben en este país los inmigrantes –con dos muertes constatadas por falta de atención sanitaria- y el escándalo que revela hoy mismo el diario El País, sobre expulsiones irregulares por parte de la Guardia Civil, a lo que hay que sumar la expulsión de menores sin causa justificada, vulnerando la legislación que impide hacerlo con personas de menos de dieciocho años, constituyen afrentas a la dignidad humana; los inmigrantes son tratados como delincuentes, sin haber cometido otro delito que el de buscar en este país, gobernado por cafres sin piedad, una vida mejor. Si recibir una lluvia de merengue merece de cinco a nueve años de cárcel, ¿qué penas habrían de merecer quienes dan ese trato injusto y abusivo a los inmigrantes, que sufren vejaciones por parte del poder y de las fuerzas de seguridad?

Si recibir un baño de merengue es considerado por la legislación española, redactada a hechuras de una dictadura, un atentado a la autoridad, ¿qué delito debieran tipificar los legisladores para las autoridades que meten la mano en la caja común de los ciudadanos, contratando a dedo empresas que sobrecargan los presupuestos de las obras públicas, o que reciben donaciones de empresarios que encarecen sus productos para financiar ilegalmente al partido en el Gobierno. tal como se adivina de las investigaciones del caso Bárcenas?

¿No son tartazos a la sociedad las declaraciones, e intenciones de la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, cuando quiere que se legisle sobre las huelgas, que es, en su intención, que desaparezca un derecho de los trabajadores arrancado al poder mediante siglos de lucha y mucha sangre?

Un tartazo, y no pequeño, fue el dado por Ana Botella, a los trabajadores de la limpieza al contratar para la empresa pública Tragsa trabajadores eventuales a través de una ETT para que hiciesen las labores que no hacían los huelguistas, sin que hubiese razón para esta medida, ni pudiese demostrar que se incumplían los servicios mínimos. Como lo fue presentarse, con la misma sensibilidad social de un alcornoque, vestida con un abrigo de visón que cuesta bastante más de lo que ganan en dos o tres meses los trabajadores en huelga que luchaban por un trabajo y sueldos dignos.

Un tartazo a la dignidad de los ciudadanos es la burla sangrante del nada honorable Francisco Camps Ortiz, riéndose el juez Castro y del pueblo en general, al tomar el pelo descaradamente al togado, para evitar su declaración por el caso Nóos, dándose, además, tiempo, para ver qué dijeron el resto de citados y coincidir con ellos en su declaración, burlando así a la justicia en particular y a los valencianos en general.

Tartazo a la honradez fue la petición del 85% de los diputados de Les Corts valencianas de indulto para un alcalde corrupto, Pedro Ángel Hernández Mateo, que defraudó el dinero público de la ciudad que regía, falseó documentos y entregó una concesión millonaria a una empresa que no merecía tal concesión. La petición de indulto de los cuarenta y cinco diputados que firmaron para que un corrupto convicto no cumpla con la pena impuesta por el Tribunal Supremo es también un tartazo, no de merengue, sino de la materia que constituye la basura, a los ciudadanos que sufren las consecuencias de los latrocinios del poder. ¿Qué pena merecen en ese caso quienes pretenden burlar las sentencias judiciales y, haciendo uso de sus cargos, solicitan la impunidad de un corrupto?

Si lanzar una tarta de merengue hace a quienes realizaron esa acción acreedores a penas de cárcel de entre cinco a nueve años, ¿que pena de prisión merecerían los políticos que arrebatan cada día derechos y libertades, lanzando tartazos figurados a la dignidad y libertad de todo un pueblo?

Si lanzar tartas a un cargo público como manifestación de protesta se considera un delito de atentado a la autoridad, ¿no debiera existir otro de atentado a la ciudadanía cuando se le roba, esquilma, engaña y se la hace objeto de las burlas y el cachondeo de los cargos públicos?

Pretender castigar con penas de entre cinco a nueve años de cárcel por atentar contra la autoridad, debería tener la contrapartida de que sean reos de atentado contra la ciudadanía todos esos políticos que engañan, burlan, esquilman y mienten a todo un pueblo, dado que lo que hacen es mucho peor que lanzar a la cara de un político una porción de merengue, ya que al fin y al cabo nadie muere por recibir un tartazo pero son muchos miles de ciudadanos los que han muerto y morirán por las decisiones de políticos sin corazón ni vergüenza.

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Comentarios

  1. Hola Luisa, soy reportero grafico alemán. Estoy preparando un reportaje en video sobre los medios en Espanya y me gustaria contactar contigo para una entrevista. Seria posible ? bjoern@goettlicher-photo.com
    Atentemente, Björn Göttlicher, www.puntdefocus.com

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