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PP y editores de medios se niegan a legislar sobre una ley que garantice ‘El Derecho a la Información de la Ciudadanía’

Cuando, tras cuarenta años de dictadura, los medios veían cómo se caía suavemente la mordaza de sus bocas, todos los implicados en la comunicación y no pocos ciudadanos repetían como un mantra que ‘la mejor ley de prensa es la que no existe’. Mucho han cambiado las cosas en el mundo y en este país desde entonces, y en el presente, la regulación ética y de la práctica deontológica de la profesión periodística resulta imprescindible. Los países de la UE, con unas democracias más avanzadas y consolidadas cuentan, desde hace años, con organismos independientes de control audiovisual.

España es el único país que carece de ellos, a excepción de Catalunya, cuya puesta en marcha concitó las iras de la prensa cavernaria. Sin embargo, la creación de esos consejos de control audiovisual es una recomendación oficial del Grupo de Alto Nivel de la UE sobre Pluralismo y Libertad de los Medios.

En un informe publicado a comienzos de este año, estudiado en el presente por las autoridades comunitarias, los expertos han recomendado a los países de la UE la creación de consejos independientes ‘con representación política, social y cultural equilibrada, elegidos de forma transparente y con competencia para investigar quejas contra el trabajo de los medios y de los periodistas’.

Esos consejos tendrían como misión la tarea de vigilar si los medios asumen y defienden códigos deontológicos válidos, si son transparentes sobre quiénes son sus propietarios y si se hacen eco de los conflictos de intereses a los que se enfrenten.

El debate de la necesidad de Consejos Audiovisuales que controlen las buenas prácticas en la difícil tarea de contar la verdad para informar a la ciudadanía transcendió más allá de las redacciones o los editores de medios, tras el escándalo del periódico británico News of The World, desaparecido a mediados de 2011 a causa de una serie de escuchas ilegales a personajes públicos y políticos. El diario británico, que contaba con casi siglo y medio de antigüedad, era propiedad del magnate norteamericano Rupert Murdoch, epígono actual de William Randolph Hearst, periodista, editor, publicista, empresario, inversionista, político y magnate de la prensa y los medios estadounidenses entre los siglos XIX y XX, famoso por haber sido el creador de la prensa amarilla.

En el presente, la necesidad de aplicar un código deontológico ha cobrado vigencia en este país a raíz de las protestas del Colegio de Periodistas de Galicia, tras la vorágine informativa surgida a raíz del asesinato de la niña Asunta Basterra. Los profesionales galegos reclaman un código de prácticas deontológicas para evitar el circo mediático que se formó con este suceso, en el que, además de la información, los medios se lanzaron al rumor, en una especie de truculento serial en el que todo tenía cabida.

No es la primera vez que sucede algo así con un suceso en el que los menores son los protagonistas de una tragedia. La ausencia de ética, e incluso de estética, a la hora de tratar tales sucesos la inició, hace más de veinte años, la periodista Nieves Herrero tras el descubrimiento de los cadáveres de las niñas de Alcàsser. Otro caso en el que la prensa dio señales inequívocas de falta de mesura fue en el caso del asesinato y desaparición de dos niños de Córdoba asesinados por su padre.

Mas no es la información sobre sucesos la razón por la que editores y políticos se oponen a la regulación de la información, controlada imparcialmente por sectores ajenos a los medios. Si existe una dura oposición, a la hora de poner en marcha esos mecanismos de control de los medios, es porque, de aplicarse, muchos estarían condenados a la permanente crítica de sus prácticas deontológicas en materia de información política.

Las organizaciones profesionales a la hora de poner freno a esta situación, así como los sindicatos que forman parte del Foro de Organizaciones Profesionales -FOP-, llevan años intentando convencer a los partidos políticos con representación en el Congreso de que se sobrepongan a la presión de las empresas periodísticas y aprueben una Ley Orgánica de Garantías del Derecho a la Información de la Ciudadanía. Mas la noble aspiración se estrella contra la negativa de políticos, editores de medios y de Asociaciones de Prensa, siempre en manos conservadoras.

Convencidos de que sin una prensa libre, ética y rigurosa que informe verazmente es imposible que exista una verdadera democracia, los profesionales que integran el FOP luchan contra una madeja de intereses espurios, políticos y mediáticos. ¿Cómo va a legislar el PP una ley que le quitaría la posibilidad de seguir haciendo lo que viene imponiendo desde que llegó al poder? Con la existencia de esa ley, y la de consejos reguladores independientes y democráticos, no podría imponer una información falaz, tergiversadora y manipuladora, como hace en la actualidad la RTVE, enteramente a su servicio, ni podría tampoco influir en las líneas editoriales del resto de medios.

Diarios como La Razón o La Gaceta no podrían, sino a riesgo de ser públicamente denostados, realizar portadas como las que presentan cada día, ni cadenas televisivas como Intereconomía lanzar en sus tertulias infundios, insultos, descalificaciones o falacias. Tampoco El Mundo podría haber llevado a cabo, durante años, la insidia vergonzosa de las informaciones falaces sobre el 11-M y sus disparatadas teorías conspirativas.

Ni podrían los directores de los medios exigir a sus redactores prácticas que van en contra de la deontología profesional, ni los políticos colocar a su capricho auténticos comisarios políticos en las direcciones de algunos medios a gente que carece de titulación y experiencia periodística pero que cuenta, a través de su perruno sometimiento a la voluntad de caciques y dictadorzuelos, con cargos inapropiados a su capacidad profesional e intelectual.

El caso de la desdichada niña Asunta Basterra puso de actualidad una situación que, si en el ámbito del tratamiento de sucesos es intolerable y de mal gusto, cuando se refiere a la manipulación  en cuanto a la información política resulta llamativamente penosa. No se trata solo de cómo se cuentan las noticias, sino si se dan, o incluso, cómo se presentan o qué lugar y qué minutaje le dan los informativos de las televisiones. 

Las protestas y reproches a los medios por parte de la ciudadanía más crítica se puso en evidencia durante las manifestaciones del 15M o Rodea el Congreso, cuando muchos increpaban a los profesionales por la manipulación que se hacía a la hora de informar sobre esos acontecimientos. Es muy posible que los periodistas que estaban a pie de calle compartieran las mismas inquietudes y rabia de los manifestantes, mas, al llegar a sus redacciones, sería el director, el que siguiendo las indicaciones del poderoso editor, quien impusiera qué información se daba, incluso sobre el número de manifestantes, vulnerando así tanto la libertad de información como el derecho de los ciudadanos a ser verazmente informados.

Estos problemas, que acucian a la clase periodística con ética, que es la mayoría, a pesar de que editores y políticos hayan logrado que la profesión sufra un gran desprestigio, son lo que reclaman la regulación a través de una ley que impida abusos, manipulaciones, e incluso, el sometimiento de los profesionales a los deseos de los editores, vendidos, casi todos, al poder, o que forman parte del poder.


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