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Los eternos latrocinios del País Valenciá: La Agencia Tributaria confirma lo que muchos valencianos sospechaban

Que el PP en el País Valencià –PPCV dicen sus siglas- se viene financiando ilegalmente desde hace años es un secreto a voces que todos los que no votaban a ese partido –e incluso algunos que lo hacían, indiferentes al latrocinio- sabían. Ahora, la Agencia Tributaria confirma que el PP ocultó ingresos en sus cuentas, costeó fraudulentamente las campañas electorales y timó a los ciudadanos que, en el presente, sufren las consecuencias del agotamiento de unas arcas públicas exhaustas, que privan al pueblo de sus derechos y aun de sus bienes patrimoniales comunes.

La historia del País Valencià está marcada por el asalto a las arcas públicas por parte de los dirigentes del PP desde antes de que se hiciesen públicos los tejemanejes del Caso Naseiro que -aunque acabara siendo archivado por medio de una argucia legal urdida por el defensor de corte de ese partido, el controvertido Federico Trillo, y con la anuencia de una judicatura complaciente-, dejó expedito el terreno a los políticos de ese partido para seguir cometiendo latrocinios sin cuento, y sin control, durante años.

Que el PP jugaba con ventaja, y con un dinero que le proporcionaba la suerte de alcanzar apabullantes triunfos electorales, dado que su caja B le permitía organizar actos con mil atractivos para los posibles electores, a los que agasajaba, o directamente compraba, era algo que casi todos los valencianos sabíamos y que, ahora se ve confirmado por la Agencia Tributaria, al descubrir que las campañas electorales de 2007 y 2008 se financiaron ilegalmente, descubriendo que esa formación ocultó en sus declaraciones oficiales pagos por actividades electorales por importe un de 2.882.659 euros en las elecciones municipales y autonómicas a empresas de la trama Gürtel de ese año y de al menos otros 484.527 euros en las generales de 2008.

El informe de Hacienda recoge pagos concretos efectuados por destacados dirigentes del partido con motivo de actos electorales, como el de la alcaldesa de Alicante y diputada autonómica, Sonia Castedo - a quien la trama se refería en sus apuntes simplemente como Sonia-, por importe de 88.000 euros. O de Carlos Fabra,  entonces presidente de la Diputación de Castellón y presidente provincial del partido -a quien la red llamaba El tuerto-, por 90.000 euros. O de Arturo Torró, actual alcalde de Gandia, que en 2007 abonó cerca de 24.000 euros a Orange MArket, la firma del entramado de Francisco Correa que dirigía Álvaro Pérez, El Bigotes. O de David Serra, entonces vicesecretario regional del PP y hoy diputado en las Cortes, por 12.000 euros, según Hacienda.

La desproporción entre los servicios que el entramado de Gürtel prestó al PP en las elecciones de 2007 y la declaración oficial que hizo el partido —entre otros a la Sindicatura de Cuentas— fue abismal. Frente a los cerca de tres millones de euros que la Agencia Tributaria estima que obtuvo principalmente Orange Market por realizar la campaña a la formación, los populares apenas declararon 175.000 euros, todos relativos a las elecciones autonómicas. En las municipales no llegaron a reflejar ni un euro de pagos a sociedades de la red.

El PP, ahonda Hacienda, solo reconoció oficialmente una parte de los mítines que El Bigotes montó. Y dejó fuera todos los demás servicios, como la contratación de centenares de vallas publicitarias a lo largo del territorio valenciano y la inclusión de propaganda electoral en medios de comunicación.

La Agencia Tributaria tuvo constancia, a pesar de no haber sido declarados, del uso de recursos públicos para las campañas electorales municipal y autonómica del PP, porque una asesora de Presidencia de la Generalitat, Carmen Sánchez Vicente, elaboraba y enviaba desde su dirección de correo electrónico del Consell valencià anuncios electorales del expresidente Camps al número dos de Orange Market, Cándido Herrero, para que éste los insertara en periódicos.

El informe de la Agencia Tributaria confirmó que dos de las grandes tramas corruptas que operaban en aquellos años en Valencia, la de Gürtel y la que saqueó la empresa pública que depuraba las aguas residuales de la ciudad, Emarsa, se cruzaron en aquellas elecciones que Camps ganó por mayoría absoluta.

Uno de los muchos servicios que el PP ocultó haber solicitado a Orange Market, la firma subcontrató a “45 figurantes” para un spot publicitario a la empresa Management de Azafatas y Servicios perteneciente al Grupo Arrima, controlado por el exdirector financiero de Emarsa e imputado por múltiples delitos en dicho caso, Enrique Arnal, y su pareja, Eva Marsal. La factura ascendió a 4.132 euros más IVA, por un vídeo en el que los figurantes cobraron 80 euros, o 300 si decían una frase.

Entre los mítines del año 2007, que Hacienda analizó en el marco de los supuestos pagos irregulares, hubo tres que contaron con la presencia de Mariano Raxoi, los de las plazas de toros de Valencia y Xàtiva, y otro en Alicante. En la causa por financiación ilegal están imputados, entre otros, el exvicepresidente de la Generalitat Vicente Rambla, el exsecretario general del PP regional Ricardo Costa, ambos diputados autonómicos, y el extesorero nacional del partido Luis Bárcenas. 

Las cifras y manejos que la Agencia Tributaria sacó a la luz recientemente no son, para quienes conocemos bien el País Valenciá y los manejos del PP, sino la punta del iceberg del latrocinio perpetrado por ese partido, porque existen aún muchos puntos obscuros sin descubrir. Entre ellos, el misterio de las aulas prefabricadas, que el PP valencià utiliza como colegios, y por las que paga cantidades millonarias muy superiores a lo que costaría construir centros docentes.

La enseñanza ha sido, presuntamente, una fuente de incalculables ingresos fraudulentos para el PPCV. Nadie ha podido nunca bucear en las cuentas de un ‘invento’ desarticulado sin dar explicaciones, la compañía CIEGSA, creada por la Generalitat para gestionar la construcción de colegios públicos que constituyó un verdadero agujero negro que se tragó millones de pesetas, y luego de euros, sin que jamás los diversos consellers de Educación – Camps Ortiz entre ellos- diesen explicaciones en Les Corts.

Negar explicaciones a la oposición sobre la disposición del dinero público ha sido una constante del PP valencià, que no se ha interrumpido desde que ganó las elecciones en 1994, costumbre que no ha perdido ni en el presente, cuando los escándalos que lo cercan deberían haberle hecho cambiar de actitud. Muestra de la opacidad de la administración del PP en el País Valenciá son los contratos ‘secretos’ (sic) que el entonces President del Consell, Francisco Camps Ortiz, firmó con ese gánster ultraderechista con aspecto de espantapájaros que es  Bernie Ecclestone.

Mas el hábito de la opacidad no ha desaparecido con el President Fabra, que alardea de transparencia y proclama la honradez de su Consell, pese a que, el conseller de Presidencia y Justicia, Serafín Castellano, está siendo objeto de toda clase de reproches por parte de la oposición, al conceder al empresario Vicente Huerta el servicio de aviones de extinción de incendios forestales, el de carga en tierra para la extinción durante el bienio 2008-2009, el servicio de dos aviones semipesados de carga para ese fin y el servicio de aviones de vigilancia y extinción durante el bienio 2004-2005, ya que a Castellanos se le descubrió en diversas cacerías en relaciones de muy buena amistad con el citado empresario.

La reacción del político del PP fue la habitual en los dirigentes de ese partido, a las preguntas del diputado de IU, Luis Torró, sobre sus relaciones con el citado empresario, después de negarlas reiteradamente, a pesar de haber sido captado por cámaras fotográficas cazando con Huerta, Castellanos respondió con un nada democrático ‘en mi vida privada hago lo que creo conveniente’.

No es la primera vez, ni será la última. Sistemáticamente el PP niega a los grupos de oposición detalles sobre sus decisiones, da igual que se trate de una operación urbanística, de la venta de patrimonio público, de la concesión de contratos de bienes o servicios, cualesquiera asuntos sobre los que la oposición –rojos malos- pide aclaraciones se encuentra siempre con la opacidad y la prepotencia de quienes confunden gobernar con tiranizar y gestionar con hurtar.  

Los datos que proporciona la Agencia Tributaria, junto con los contratos secretos, los sobrecostos en numerosas obras –que datan de antiguo, desde antes de la inauguración de Terra Mítica-, y los saqueos en diversas consellerias, como el perpetrado por Rafael Blasco en Solidaritat i Ciutadania,  eran objeto de conversaciones, quejas o desmentidos en los círculos políticos y periodísticos del País Valencià. 

Todo el mundo sabía de las ‘operaciones’ del PP, de cómo se financiaba ilegalmente para llevar a cabo campañas electorales con actos regados por buenos vinos autóctonos, canapés de salmón y viajes gratis. Nadie ignoraba que el PP contaba con unos haberes que le permitían llevar a cabo campañas electorales que ni las primarias americanas, que se financiaba ilegalmente con auténtico descaro y con la impunidad de creerse intocables,  gracias a sus mayorías absolutas conseguidas con trampas y, además, contando con la servil colaboración de algunos jueces ‘más que amigos’.

Ahora queda por ver si el informe de la Agencia Tributaria y las declaraciones de Bárcenas dan al traste con los descarados privilegios del PP valencià, y si el cántaro de la impunidad se estrella con la fuente de la Justicia. Que ustedes lo vean.

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