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Lo que en Europa tendrían que saber del Gobierno del PP (5/5)

Multitudinaria manifestación en contra de los espectáculos taurinos
Al comenzar esta serie de artículos, dedicados en especial a los lectores de otros países, señalaba el drama que estamos viviendo los españoles, que no somos ni vagos ni impuntuales, ni beatos, ni crueles con los animales, y tampoco estúpidos, por lo que existe un enorme divorcio entre lo que desea e impone el Gobierno del PP y lo que sentimos un elevado porcentaje de población, aquejado de la amargura de observar con impotencia cómo el actual Ejecutivo del PP legisla y toma decisiones contrarias al sentir popular, y aun a la Constitución, además de escandalizado por la connivencia con Fiscales y Jueces: un espectáculo de corrupción, cuyos casos, en la mayoría de las ocasiones, quedan impunes.

La corrupción y la clase política es, según las estadísticas, una de las cuestiones qué más preocupa a la ciudadanía, que siente que se le está robando su dinero, a la par que sus derechos. En Europa, España es una excepción en cuestión de transparencia de partidos, ya que carecemos de una legislación ad hoc que deban cumplir y, aunque el actual Gobierno de Raxoi esté elaborando una, pero sin el consenso imprescindible con el resto de partidos -que considera incompatible la elaboración de esa ley con la conducta opaca y falaz del Presidente del Gobierno, Mariano Raxoi, en el escándalo de los presuntos sobre-sueldos que percibió de su exgerente Luis Bárcenas, y su relación con él, aun después de que un juez lo imputara por fraude fiscal y fuga de capitales-, el borrador de la nueva ley ya habla de la escasa voluntad de transparencia del actual Ejecutivo y del resto de administraciones gobernadas por el PP.

Escudándose en ilegales contratos secretos, como hizo en el País Valenciano el desprestigiado expresidente Camps, o simplemente negándose, en base a su mayoría parlamentaria, a facilitar información de cualesquiera asuntos que reclame la oposición o la ciudadanía, el PP trazó una telaraña de opacidad ante los asuntos públicos, que, si ya con gobiernos anteriores no gozaban de toda la transparencia requerida, con el actual Ejecutivo se alcanzan cotas de galimatías y aberraciones conscientes y premeditadas.

En la relación elaborada por la ONG Transparencia Internacional, España ocupa el lugar 72 de un listado de 92 países, muy distante de la de los países nórdicos, e igualmente de los del núcleo duro de la UE. La ausencia de transparencia, común al Gobierno central, los autonómicos y las administraciones locales, constituye un caldo de cultivo de corrupción, extravagancias, abusos o injusticias que padece el pueblo sin poder hacer absolutamente nada para impedirlo.

El arbitrario uso de dinero público se pone de manifiesto en un llamativo asunto que provoca la protesta de muchos miles de españoles que, mayoritariamente, rechazan los espectáculos taurinos, pero que ven cómo, desde todos los niveles de la administración, se subvenciona con dinero de todos, muchas veces procedente de ayudas de la UE, un espectáculo cruel, rechazable y bárbaro que tan solo interesa al escaso sector que se dedica a ello y a cuatro cafres reaccionarios que creen ver en esos atroces espectáculos las señas de identidad de una España de la que, la mayoría de los ciudadanos, abomina.

Los espectáculos taurinos se hunden económicamente debido al escaso interés que despiertan, cuando no el rechazo de la mayoría de la población. Porque cada día que pasa son más frecuentes, y más multitudinarias, las manifestaciones en contra del maltrato animal y de la salvajada a la que llaman ‘fiesta nacional’. Según las últimas encuestas, la indiferencia de la ciudadanía ha alcanzado el 80%, en tanto que el 60% la rechaza inequívocamente.

Ante la falta de recursos económicos del llamado ‘mundo del toro’, compuesto por gentes de poca recomendable moralidad que, con frecuencia, alternan esa actividad con la de burdeles e incluso con la trata de blancas, todo ello el paradigma de una sociedad machista, zafia y semianalfabeta, o analfabeta funcional, el Gobierno, a través del Ministro Wert, que además del área de Educación tiene responsabilidad en asuntos de cultura, entrega cantidades millonarias a los empresarios taurinos para que sigan ofreciendo esas ceremonias salvajes con el dinero de los mismos ciudadanos que abominan de la crueldad española por antonomasia.

En pasados meses, el Gobierno aceptó una Iniciativa Legislativa Popular, presentada por escasas quinientas firmas, para que la crueldad sistemática contra el toro fuera considerada en España un ‘Bien de Interés Cultural’, que contará, a través de esa categoría, con innumerables subvenciones y protección oficial. Además, con una absoluta falta de respeto por la infancia, puesto que, en algunas regiones, se la empuja a asistir a espectáculos taurinos, aun con la reticencia de las familias, para ‘difundir y crear afición’ en lo que, desde la derecha española, zafia, inculta y bestial, se considera ‘tradición y cultura’.

Más de quinientos millones de euros despilfarró el Gobierno de Raxoi en el pasado ejercicio fiscal en subvencionar esos sangrientos espectáculos, a la vez que Gobiernos Autonómicos, como el de Castilla-La Mancha, aumentó las subvenciones a las asociaciones taurinas, cerrando, al tiempo, centros de recuperación de animales salvajes, o incluso dejando sin dotación económica centros de asistencia a mujeres maltratadas, en un uso arbitrario de los caudales públicos.

Con los toros, como con la religión católica, dos símbolos de la España más reaccionaria, y por lo mismo, los más apreciados por Gobierno de ideología ultraderechista, se pone en evidencia el divorcio existente entre las inclinaciones del Gobierno y su rechazo por parte de una sociedad que, mayoritariamente, o repudia lo uno y lo otro, o al menos es indiferente a ambas cuestiones.

Millones de ciudadanos españoles que rechazamos la crueldad con los animales –y que tengan que decirse estas cosas espanta, aparte de que la UE multa y advierte con frecuencia a España por cuestiones relacionadas con ese maltrato-, esperamos ansiosos a que, desde esa Europa que, según Raxoi, impone tanto recorte al Estado del Bienestar, intervenga para evitar que se produzcan auténticas atrocidades contra los animales, de las que los espectáculos taurinos y algunas fiestas populares son el paradigma de comportamiento incívicos, intolerable en una sociedad moderna. En las autonomías de Castilla-La Mancha y Castilla y León, se autorizó hace unos meses la caza de animales con lanza, en un ejercicio de sadismo que pone los pelos de punta, a la vez que, en las comunidades de Asturias y de Cantabria masacran a una especie protegida, el lobo ibérico.

El desprecio por los animales y por la naturaleza es una constante del actual Ejecutivo que, a la vez que subvenciona espectáculos de crueldad, legisla en contra de la conservación medioambiental para que puedan arrasarse los escasos tramos de costa virgen que aún quedan en el litoral español, o que seguirá permitiendo la construcción de hoteles y campos de golf en espacios de especial protección medioambiental, así catalogados por la UE.

Esperamos, pues, que las instituciones europeas impidan al Gobierno de Raxoi, que malgaste el dinero de todos los españoles, e incluso el de los europeos, en anacrónicas e inhumanas ceremonias de maltrato animal, y que imponga una legislación de protección a los animales y a la naturaleza que, por mucho que haya sido reclamada por la ciudadanía, los Gobiernos de este país se negaron siempre a elaborar.   
  
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