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Lo que en Europa tendrían que saber del Gobierno del PP (4/5)

Solución del PP a los desahucios: Violencia policial
Muchos españoles, los que durante años mirábamos a la UE como garante de la democracia, dudamos en el presente de la conveniencia de pertenecer a ese organismo; al menos, a una Eurozona que trajo el empobrecimiento del pueblo y numerosas privaciones impuestas a los sectores más frágiles de la población.

El presidente del Gobierno, Mariano Raxoi, afirmó en numerosas ocasiones que esos recortes que ahogan a las clases más desfavorecidas vienen impuestos por la UE, y sobre todo, por las exigencias de la Cancillera Merkel –para muchos españoles, una especie de Fürehesa al frente de un IV Reich, de la que ya veremos si no llegará a ser considerada responsable de un nuevo genocidio sobre los pueblos del sur de Europa-, aunque, suele ocurrir que quien intenta informarse más allá de lo que dice la prensa oficial, comprada por el PP, descubre que muchas de tales recortes, de los que el Presidente Raxoi culpa a Europa, no son sino decisiones propias que ni siquiera comparte la UE, ni la Cancillera. 

Así, la pasada primavera, cuando la Unión Europea dictó una serie de medidas que debía cumplir España, el Gobierno de Raxoi y la prensa cautiva ocultaron que, una de las sugerencias o mandatos que provenía de Europa, indicaba que el Gobierno de Raxoi debiera ‘poner en su agenda’ el asunto de las prestaciones sociales, muy deficitarias en España y objeto de preocupación para la UE, que ve, con cierto temor, que la ausencia o escasez de ayudas sociales desemboquen en una imparable agitación social.

Mas el Ejecutivo de Raxoi, no solo desatendió esa sugerencia, sino que, por el contrario, en los presupuestos de 2014, recortará, aún más, prestaciones sociales tan básicas como la ayuda a las personas dependientes, dejándolas prácticamente desasistidas, al punto de que, desde la oposición, se considera que el actual Gobierno condena a los dependientes a una especie de cámara de gas económica.

Otra de las prestaciones que el Gobierno de Raxoi viene recortando, hasta extremos que bien podrían calificarse de genocidio, es la atención sanitaria a la ciudadanía en general y la inmigración en particular, a la que se niega a atender, dando lugar a que, en pasados meses, se registraran dos muertes como consecuencia de la falta de atención médica a personas con graves problemas de salud que, de haber contado con el tratamiento adecuado, habrían sobrevivido.

El actual Gobierno está decidido a acabar con la otrora envidiada y envidiable Sanidad Pública a través de privatizaciones que algunos jueces paralizan, como ya hicieron en la Comunidad de Madrid. Estas privatizaciones, llevadas a cabo en contra de la ciudadanía y el sector sanitario, el cual se viene manifestando con insistencia, sin ser escuchado por los representantes del PP, tiene obscuras connotaciones y ocultos intereses: una de las empresas que opta a hacerse con la mayoría de los hospitales públicos cuenta en su Consejo de Administración con personajes muy vinculados al PP, como el marido de la Secretaria General de esa formación, Dolores Cospedal, Ignacio López del Hierro, imputado en el escándalo Bárcenas, que no es sino el escándalo de la reiterada financiación ilegal del PP a lo largo de veinte años.  

En las últimas semanas, la Ministra de Sanidad Ana Mato –involucrada en el escándalo de corrupción conocido como la ‘trama Gürtel’- ideó un decreto que obliga a los pacientes de cáncer, diabetes o VIH a pagar el 10% de la medicación que reciben en los hospitales, abocando a personas con tan graves enfermedades a prescindir de un tratamiento que, en ocasiones, no podrán costearse dada su precariedad económica, con el resultado de que arriesgarán su vida o la perderán. Lo mismo sucede con el copago sanitario -repago, en realidad- aplicado a pensionistas que reciben las prestaciones más bajas, porque, además de estar obligados a abonar en las farmacias entre el 60% y el 40% del importe de sus medicinas, no reciben ayudas compensatorias a unas pensiones con las que resulta imposible sobrevivir y pagar una vivienda, sea en alquiler o con hipoteca.

Ni el Gobierno, ni las administraciones autonómicas o las locales ayudan a las personas en riesgo de pobreza con prestaciones al alquiler, ni existen viviendas sociales en la mayor parte de las poblaciones. Es más, allá donde existían, los Ayuntamientos las pusieron a la venta, con el pretexto de la falta de dinero en sus arcas, a la vez que derrochaban miles de euros en asuntos que no son necesarios, ni benefician a los ciudadanos, como espectáculos taurinos, o festejos de cualquier otro tipo, en los que cada año se queman, literalmente, millones de euros, por ejemplo en petardos, cohetes y fuegos artificiales.

La vivienda constituye en el presente uno de los más inquietantes problemas para los ciudadanos, dado que, desoyendo la sentencia del Tribunal Europeo de Justicia y del BCE, no se ha tomado medida alguna para evitar que las personas afectadas por el paro sean embargadas por los bancos y desahuciadas de sus casas.

Para el Ejecutivo de Raxoi, las clases menos favorecidas no existen, porque todo su trabajo está orientado a favorecer a la banca, a la empresa privada y a la secta católica, a la que, en los Presupuestos Generales del Estado para 2014, beneficiará con más de trece mil millones de euros procedentes de las arcas públicas, cantidades que niega a la hora de solucionar problemas sanitarios, de educación o de vivienda. A la vez, y desoyendo las recomendaciones de la UE, aumenta cerca de un 40% las dotaciones del Ministerio de Defensa.

El estado de pobreza de los ciudadanos, que tanto inquieta a la UE, por si diera lugar a algaradas ciudadanas, al Gobierno de Raxoi no lo inquieta, para ello se ha dotado de un Código Penal represivo y de numeroso material antidisturbios, en el que gastó millones de euros, con objeto de acallar a la ciudadanía que se está manifestando contra las injusticias sociales.  

Mariano Raxoi y sus Ministros de Hacienda y Economía, Cristóbal Montoro y Luis de Guindos, respectivamente, aseguran que los presupuestos para 2014 serán los de la recuperación. Otra falacia de un Ejecutivo de mentirosos compulsivos, porque ni los organismos internacionales contemplan recuperación alguna, ni las partidas presupuestadas, con recortes en Educación, Sanidad e Investigación y Desarrollo, supondrán ningún tipo de recuperación, y sí una importante caída en el consumo interno, ya muy debilitado con la crisis, a la vista de una obvia pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas -que no verán revalorizadas sus pensiones según el índice de precios al consumo, sino en un escaso 0.25%, es decir, que perderán dinero-, y de los funcionarios, cuyas nóminas fueron substancialmente recortadas, a la vez que la deuda española alcanzará el billón de euros, equiparándola con la del Producto Interior Bruto.

Si la UE quisiera responder a las expectativas que despertó durante años entre los españoles, debería analizar los Presupuestos Generales del Estado, e imponer al Gobierno del PP la tan temida Troika una serie de medidas que permitieran mantener prestaciones sociales, de sanidad y de educación, al menos, decentes, obligándolo a eliminar partidas propias de un Estado teocrático, miles de millones que entrega a la secta católica, a la que, además, exime del pago de impuestos, o las subvenciones escandalosas a asociaciones políticas de signo ultraderechista, como en tiempos del dictador.

Si hay que cumplir con unos objetivos de déficit, por cierto desacertados a ojos de muchos economistas, lo justo sería que se cumplieran sin esquilmar a trabajadores, pensionistas, enfermos y estudiantes, y que se recortasen -mejor, se retirasen- partidas que solo benefician a elites egoístas y, con frecuencia, de extrema derecha.

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