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La sordera de Wert y el Gobierno ante las protestas masivas de la ciudadanía contra la LOMCE.


¿Cuántos cientos de miles de ciudadanos, que sumados pueden ser millones, son necesarios para que un Gobierno democrático dé marcha atrás con una ley masivamente contestada por la ciudadanía? En un país democrático serían suficientes las muestras de descontento contra la LOMCE, para que un Ejecutivo responsable la retirase. Mas esta pregunta retórica no tiene sentido, porque un Gobierno democrático jamás legislaría en el sentido en el que el PP redactó esa ley, al rechazar sistemáticamente cualquier enmienda de la oposición.

Las calles de setenta ciudades de este país se llenaron de personas clamando en contra de una legislación que supone un claro retroceso en los derechos educativos de los ciudadanos, al entorpecer el acceso a una educación pública, libre, gratuita y laica y limita el acceso a las universidades tan solo a las clases pudientes, en un retroceso de varias décadas. La LOMCE es, como coinciden estudiantes, profesores y padres, una vuelta a la Educación del franquismo.

Quienes han reaccionado masivamente contra esa ley regresiva y carca saben perfectamente que el propósito de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa no es ni mucho menos mejorar la educación en este país, sino todo lo contrario. La pretensión del Ministro Wert y de todo el Gobierno del PP es, por una parte desmantelar la Escuela Pública, convertirla en un gueto para los sectores menos favorecidos de la sociedad, familias sin trabajo, excluidos sociales e inmigrantes, a la par que reconducen a los hijos de esa cada día más reducida clase media a las escuelas concertadas, todas ellas en manos de la secta católica, para hacer de los futuros ciudadanos personajes sin capacidad crítica, intolerantes, sectarios y clasistas, como es el propio Gobierno de este país.

No quieren, ni Wert ni el Ejecutivo, futuros ciudadanos con capacidad crítica, conscientes de los derechos de los ciudadanos, libres y cultos, capaces de reaccionar a las imposiciones, injusticias y torpeza de políticos como las del que actualmente gobierna este país, gracias a la incapacidad de la mayoría de ser capaz de reaccionar a las manipulaciones y falsedades que llevaron al PP a ganar unas elecciones manipuladas en el discurso y en la forma.

Ni Wert ni el resto de los componentes del actual Ejecutivo son tontos, son malvados, clasistas y sectarios. Y comparten el convencimiento de todos los políticos que, a lo largo de la historia de este triste país, supieron limitar el acceso a la Educación para garantizarse su permanencia en el poder.

No es algo nuevo ni que haya inventado el PP, ha sido una constante, solo interrumpida en los años de la República, que en los escasos años en los que  la dejaron existir, hizo más Escuelas Públicas, Universidades Populares y tejido educativo que el que había existido en más de un siglo y del que, evidentemente, hubo durante los cuarenta años de ignominiosa dictadura franquista.

Y si durante la etapa psudodemocrática nunca se hicieron las cosas como hubiera sido necesario para garantizar una Escuela Pública verdaderamente libre y laica, la legislación del PP supone el descarado retorno a una Educación limitada, clasista, beata y discriminatoria en todos los sentidos, incluido el de género.

No ayudó en nada la torpe medida de uno de los Gobiernos de Felipe González, al abrir la posibilidad de subvencionar la escuela privada, siempre en manos de la secta católica, concertando subvenciones para los padres que quisieran enviar a sus hijos a ese tipo de colegios, pagándolo con dinero público.

El argumento de que cualquier padre tiene derecho a elegir la educación que quiere para sus hijos es opinable, en cualquier caso, aceptando esa premisa, que merecería algo más que un posteo, lo lógico sería que la pagasen de su bolsillo. Un Estado democrático está obligado a garantizar una buena educación para todos, pero no tendría por qué subvencionar los caprichos ideológicos de aquellos que, precisamente, lo que siempre han buscado en la enseñanza religiosa ha sido subvertir los principios democráticos de laicidad e igualdad de todos los ciudadanos.

Al imponer la religión católica como asignatura evaluable, una concesión estúpida y reaccionaria a la Conferencia Episcopal, la LOMCE viola el precepto constitucional de aconfesionalidad del Estado, a la vez que muestra su irrespetuoso talante hacia las personas de otras confesiones religiosas o los ateos.

También viola la libertad de cátedra de un profesorado que este Ejecutivo filofascista desprecia y criminaliza. Según los sindicatos en los últimos dos años se eliminaron más ochenta mil empleos en el ámbito de la enseñanza, y han sido los interinos los que se llevaron la peor parte. Aunque el problema de reducción del profesorado no afecta solo a los trabajadores de la Enseñanza Pública, según el sindicato CCOO, la reducción de profesorado supone ‘menos calidad y menos equidad’. Según ese sindicato "con los recortes pierde la lucha contra el fracaso escolar y el sistema en general". Y dice Wert que con la LOMCE se pretende garantizar una mejor educación…

Al quitar poder a los Consejos Escolares, poniéndolo en manos de directores de centros designados por las autonomías, y dejando prácticamente sin voz a los alumnos, a sus padres y el profesorado, consuma una forma de Educación facistoide y jerarquizada.

Los cientos de miles de personas –la suma total rondó los dos millones de participantes en la huelga y manifestación contra la LOMCE en más de setenta ciudades- saben lo que significa la regresiva ley impuesta por un Gobierno que, no solo desprecia la opinión de los afectados sino que, además, niega la importancia de la protesta limitando de forma irrisoria el número de personas que participaron en una protesta que, previamente, se ocupó de boicotearla, al vulnerar derechos fundamentales como el de reunión, tal que hizo en diversos institutos de secundaría, donde unos directores reaccionarios y colaboradores con el poder, impidieron las asambleas informativas de los estudiantes.

Aunque a pesar de todas las trabas, todas las mentiras sobre la participación, que redujeron el seguimiento de la huelga al 20%, cuando en realidad alcanzó el 83%, y minimizó hasta lo ridículo la cifra de manifestantes, las protestas de ayer dejaron claro que la ciudadanía no quiere una ley reaccionaria, clasista y beata.

Y que tendrá un escaso recorrido, puesto que todos los partidos de oposición firmaron un acuerdo para derogarla en el preciso instante que el PP deje de Gobernar. Que es de desear sea lo antes posible, para que su ley educativa no vuelva tontos a los futuros ciudadanos de este país.

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