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La obsesiva manía del Gobierno de Rajoy en contra de los trabajadore

La obsesión de los componentes del Gobierno de Raxoi contra los trabajadores, lleva a algunos de sus miembros a quedar en ridículo, incluso entre sus propias filas, por criminalizarlos, al acusarlos continuamente de cometer fraudes, burlar al fisco, o no querer trabajar sin más. Resulta curiosa esa actitud porque, ni los gobiernos fascistas, mostraron nunca esa inquina contra la clase trabajadora. El dictador genocida, que persiguió cruelmente a los sindicalistas, sin embargo, buscó siempre el beneplácito de la clase obrera, a través de leyes que los favorecía, aunque luego los persiguiera brutalmente cuando llevaban a cabo reivindicaciones. 

Mas, el Gobierno Raxoi tiene una obsesión persecutoria contra los trabajadores que, se puede resumir en el insultante ‘que se jodan’ de Andrea Fabra, celebrando los recortes a la clase obrera aprobada con el rodillo parlamentario del PP.

Ninguno de los partidos neoliberales que gobiernan en la actualidad en Europa, ni los del pasado, por muchas trabas o recortes que impusieran a la clase obrera, alardearon nunca de tanto desprecio. Ningún otro Gobierno, como el de Raxoi, ha estado permanentemente censurando y descalificando a los trabajadores, los parados, o incluso, los jubilados, cómo lo hace el del PP.

La Vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, hizo el ridículo y se columpió grotescamente en la rueda de prensa posterior a la reunión de Gabinete, cuando ayer, apareció ante los medios alardeando de la cantidad de dinero que ahorra el Ejecutivo persiguiendo a los malos trabajadores que defraudan a la Seguridad Social, trabajando a la vez que cobran el paro.

Y lo hizo dando unos datos falsos, que el propio ministerio de Trabajo tuvo que rectificar, porque en su encendida crítica a los parados, que debemos ser para la señora Vicepresidenta –la que en sus ratos libres posaba en negligé para un medio de comunicación como si de una meretriz se tratase- el colmo de la maldad, aseguró, sin encomendarse ni a Dios ni al Diablo, como decían las abuelas, que más de medio millón de parados defraudaban a la SS, percibiendo prestaciones fraudulentamente.

Sáenz de Santamaría, cifró en medio millón los parados que, según ella, perciben prestaciones a la vez que trabajan. Nada más lejos de la realidad, porque las cifras que dio, pletórica de rencor hacia los parados, no alcanzaron ni las setenta mil personas entre 2011 y 2012.

Según los datos proporcionados por el Ministerio de Trabajo, procedentes de la memoria de la Inspección, en todo 2012 sólo se descubrió a 9.452 desempleados que cobraban indebidamente las prestaciones. Si se a estos se les suma a los 60.004 de enero a junio de este año, los “falsos parados” se quedan en 69.456, muy lejos de los 520.572 citados por Sáenz de Santamaría.

Actualmente, están –debería decir estamos- inscritos en las oficinas públicas de empleo, según lo datos recogidos el pasado mes de junio, 4.76 millones de personas, de las cuales sólo 2.8 millones cobran prestaciones. Es decir, los 60.004 parados defraudadores de los que hablaba la Vicepresidenta suponen tan solo el 2% de quienes carecen de un empleo. 
Resulta chocante que el Gobierno haga hincapié en esas cifras y en el dinero que evitó gastar al detectar a los desaprensivos parados que, dice, cuentan con otros ingresos, aparte de la irrisoria cifra de 426 euros que, desde el Ejecutivo consideran suficiente para que sobreviva una familia, al tiempo que miran para otro lado a la hora de perseguir el fraude de empresas o inversores que suponen, según los técnicos de Hacienda, más de ochenta mil millones de euros.

No es la primera vez que el Gobierno de Raxoi lanza infundios sobre la clase trabajadora, buscando tal vez, la compresión y colaboración de no se sabe bien qué componentes de la sociedad, para restringir derechos y aplicar inhumanos recortes. Porque, entre los planes del actual Ejecutivo, empeñado en reducir el déficit a costa de los más débiles para que las grandes fortunas permanezcan incólumes a recortes o supuestas privaciones, la relación de falsedades y sandeces es inacabable.

Así, en pasadas fechas el Ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, cometió el escarnio de asegurar que los salarios no han bajado durante la crisis, aseveración que fue desmentida desde los sindicatos, e incluso desde la patronal. Otro sangrante escarnio fue el de la Ministra de Empleo, Fátima Báñez, que aseguró, sin fundamento ni soporte estadístico de ningún tipo, que la inicua Reforma Laboral, que ha dejado a cientos de miles de trabajadores en la calle ‘había evitado que se perdieran 225.800 puestos de trabajo.

Y si el Ejecutivo la tiene tomada con los trabajadores, tampoco se muestra muy comprensivo con aquellos que, después de estar toda la vida trabajando, pretenden percibir una pensión digna que, al Gobierno debe parecerle injustificada, a tenor de las palabras del director general de Ordenación de la Seguridad Social, Rafael Barberá de la Torre, que afirmó este viernes, durante su intervención en la Jornada sobre Previsión Social Complementaria, que la Asociación de exdiputados y exsenadores de las Cortes Generales ha organizado en el Congreso, que el coste anual de revalorizar las pensiones al IPC es una "salvajada" y que durante años las nóminas de algunos jubilados han crecido a un ritmo "insostenible".

Podría decírsele que sí, que efectivamente el crecimiento de algunas pensiones es insostenible, sobre todo para aquellos que perciben prestaciones de miseria, a la par que se ven obligados a repagar sus medicamentos, y muchos de ellos, a sostener a toda su familia en paro.

Mas, la sensibilidad social de este Gobierno está más que comprobada: no existe. Para el ejecutivo del PP, los únicos intereses a preservar son los de los banqueros y los grandes empresarios, el resto ha de apañárselas como pueda, eso sí, sin defraudar a la Seguridad Social intentando comer todos los días a base de lograr hacer una chapucilla de vez en cuando, que les permita complementar las prestaciones de 426 euros.

Para evitar tan horrible delito, a la vez que promulgaba una Amnistía Fiscal a la medida de los defraudadores, entre los implicados en la trama Gürtel o en el caso Bárcenas, a la Ministra de Empleo, Fátima Báñez se le ocurrió fomentar la delación entre los trabajadores, y que estos denuncien anónimamente al vecino, conocido o familiar que intente complementar, con algún trabajillo, las míseras prestaciones que abona el Estado.

Resulta un arcano la obsesión del Ejecutivo contra la clase trabajadora, ya sean personas en activo, parados o jubilados. Tal vez lo que pretenda sea acabar con cualquier tipo de prestación, con cualesquiera derechos para que, famélicos y desesperados, los trabajadores acepten cualquier puesto de trabajo pagado con una miseria propia de esclavos.

La incógnita a solucionar es averiguar por qué la perseguida, denostada y difamada clase trabajadora, permanece pasiva e inerme ante tanta provocación y tanto abuso, y no reacciona como deben reaccionar los obreros con dignidad.  

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