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El nauseabundo derroche de dinero público que aplica el PP podría salvar de recortes y privaciones si lo utilizase en bien de la ciudadanía

Cada año se pierden en este país 90.000 millones de euros a causa del fraude fiscal, según denuncian las ONG Alianza contra la Pobreza, la Cumbre Social y la Plataforma del Tercer Sector, a la vez, los inspectores de Hacienda señalan que el mayor fraude es perpetrado, en un 72%, por grandes empresas y fortunas, y no por los pequeños autónomos o los trabajadores, como frecuentemente acusan los integrantes del Gobierno de Raxoi, ya que, según el Observatorio de la Responsabilidad Social Corporativa, 33 de las 35 empresas del Ibex 35 tienen sus fondos en paraísos fiscales. Hecho que ha debido influir en que, en el último año haya aumentado un 13% el número de millonarios, al tiempo que 3.000.0000 de personas viven por debajo del umbral de la pobreza, con ingresos de menos de 300 euros al mes.

La respuesta del Gobierno de Raxoi al enorme fraude no ha sido otra que la de reducir, en más de seiscientos, el número de inspectores fiscales. No debe interesarle al señor (?)Montoro perseguir el de los millonarios, ocupado como está en hacerlo con  la gente del cine, los parados o los que cobran, a través de una nómina, sueldos de miseria. Los inspectores de Hacienda calculan que, para luchar con efectividad contra el fraude fiscal, se necesitarían 4.000  profesionales más, entre inspectores y subinspectores.

Y, a la vez que las grandes empresas y fortunas, que cotizan de forma éticamente fraudulenta a través de las SICAV, lo hacen con un ridículo 1%. Las SICAV  son sociedades que se constituyen para que un grupo de ahorradores ponga en común el dinero y lo inviertan.  Hacienda exige un mínimo de 100 socios, pero las grandes fortunas las crean para evitar pagar al fisco en proporción con sus millones; ponen en ellas a sus familiares y personas de confianza, y mantienen el 99,999% de la sociedad. Añaden, para que la sociedad tenga un mayor viso de legalidad, a otras  90 personas, que firman y se reparten el 0,00001% restante de la Sicav, el equivalente a 1.000 euros y de esa forma, de acuerdo con la ley pero nunca con la ética y la solidaridad, esos ‘patriotas’ no aportan a las cuentas públicas lo que debieran.

Y en tanto que los millonarios de este país actúan de una forma inmisericorde e insolidaria, con motivo de la celebración del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza las ONG denuncian que más de 12 millones de personas viven en la actualidad en situación de pobreza y exclusión, a los que hay que sumar otros 3 millones que, como denuncia Cáritas, sobreviven, si es que puede decirse así, con menos de trescientos euros al mes. Las ONG denuncian, igualmente, que ya existen en este país 636.000 hogares con todos sus miembros en paro y que no cobran ningún tipo de prestación.

Desde que Raxoi llegó a La Moncloa sus ministros no han hecho otra cosa que recortar prestaciones, ayudas y derechos, con el argumento de la deuda y el déficit. Deuda y déficit que no existirían de no malversar los fondos públicos como lo viene haciendo, al derrochar el dinero público en favorecer a la banca o la oligarquía y mirar para otro lado respecto al fraude fiscal que perpetran grandes empresas y fortunas. También la secta católica se beneficia de la disparatada gestión del dinero público que lleva a cabo este Gobierno, porque la cubre de millones y perdona impuestos, con la parcialidad de los integristas que son.

A los más de 90.000 millones que defraudan al fisco las grandes empresas y fortunas, hay que sumar los 36.000 millones que deja de cobrar por exenciones de todo tipo que aplica a empresas y la iglesia católica, que percibe, además, y por la cara o por la mitra, nada menos que 13.000 millones de dinero público.

Si a esas cifras, que dan vértigo a la plebe, se sumasen los 60.000 millones regalados a la banca se obtendría una cantidad de más de 199.000 millones de euros, con la que se conseguiría reducir el superávit de las cuentas públicas, pagar la deuda externa y aún sobrarían muchos millones para atender las necesidades sociales de los muchos millones de parados sin prestaciones, atender a la dependencia y garantizar la atención sanitaria universal y gratuita que, en la actualidad se le niega a los inmigrantes y obliga a pagar medicamentos a jubilados y enfermos crónicos, a la par que garantizar la total gratuidad de una enseñanza pública… y laica.

Sin embargo, el Gobierno del PP, sometido a la banca, a la iglesia y a la oligarquía, o parte él mismo de la clase privilegiada, castiga a la ciudadanía, mantiene al país empobrecido, enajena el patrimonio cultura y medioambiental, ha suspendido la ejecución de obras públicas, agravando con ello el problema del paro, congela el sueldo de los funcionarios, haciendo que el consumo del país se hunda semana a semana, causando el cierre de cientos de miles de pequeñas empresas que, igualmente, generan más paro.

Y en tanto despilfarra el dinero público y toma decisiones que empobrecen cada día más a la población, toma medidas que parecen pensadas únicamente para hacer daño al pueblo. Así, con su reforma municipal, el Gobierno pretende desmantelar un tercio de los servicios sociales en España, es decir, la parte que financian los ayuntamientos y de la que se benefician más de 7 millones de ciudadanos, fundamentalmente mayores, mujeres víctimas de violencia de género, menores en desamparo y personas con discapacidad.

Un estudio realizado por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales denuncia que, a la vista de los datos del Ministerio de Hacienda,  los ayuntamientos gestionaron el año pasado 5.118 de los 15.232 millones de euros que se destinaron a estos fines en todo el país –una cuarta parte de lo que recibió la banca-  es decir, uno de cada tres euros. De este dinero, el 25% (3.851 millones) fueron aportaciones de las entidades locales.

El informe concreta que 2.410 millones de los 5.118 gestionados fueron a políticas de educación (becas de comedor, por ejemplo) y 802 millones se destinaron al área de sanidad. El 38% del total se empleó en la adquisición de servicios en el sector privado para su entrega directa a los ciudadanos (como ayuda a domicilio o teleasistencia) y un 21% a transferencias directas ya fuera a individuos o familias o a las ONG que les atienden. La citada asociación cree que la medida que quiere llevar a cabo el Ejecutivo del PP no solo perjudicará a los ciudadanos, sino que no ahorrará el dinero que dice pretender ahorrar.

Los datos económicos, que los medios de comunicación suelen dar fraccionados, ponen en evidencia que el actual Gobierno del PP lo que pretende no es ahorrar millones para rebajar el déficit o pagar la deuda externa, sino machacar a la ciudadanía, dejarla desarmada y empobrecida, para que el empresariado cuente con esclavos en lugar de con trabajadores.

Miente, además, el Ejecutivo cuando atribuye a la UE la causa de todos los males y todos los recortes. Cierto es que Bruselas, dominada por los bancos, ha impuesto normas brutales, pero también es cierto que ha avisado, e incluso exigido, que se cuide a las clases más desfavorecidas y que no se aplique la inhumana ley de hipotecas. Y no parece que sea la UE la que ha aconsejado que se regale a la secta católica cantidades astronómicas, o que le perdone impuestos, bien al contrario, ha multado a nuestro país por esas exenciones de impuestos sectarias e irracionales.

A la vista de los datos que proporcionan, por una parte los inspectores de Hacienda, y por otra las ONG que dedican su trabajo a luchar contra la pobreza que padecen ya más de quince millones de ciudadanos, este país no puede seguir tolerando las decisiones de un Gobierno compuesto por malvados sádicos, o por siniestros epígonos de cualesquiera de los dictadores que se han sufrido en el mundo a lo largo de la historia.

Porque cada día que pasa, un paso tras otro,  el Gobierno se encamina a empobrecer el país y torturar a los ciudadanos. Y es urgente poner freno a tanta iniquidad.

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