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El Consejo de Europa saca los colores al Gobierno por ignorar los derechos humanos a causa de recortes y represión policial

El pasado mes de julio visitó el país el Comisario de e Derechos Humanos, Nils Muiznieks. La visita ha dado lugar a un contundente y crítico informe, en el que señala que el Gobierno de Raxoi no respeta los derechos humanos, al constatar que "los recortes efectuados en presupuestos sociales, educativos y de salud han conducido al preocupante incremento de la pobreza de las familias en España".

El problema es bien conocido por los millones de personas que vienen sufriendo esos recortes, aunque al actual Ejecutivo no parece estar preocupado por los dramas que está causando, preocupado tan solo en garantizar la prosperidad de la oligarquía del dinero que ha aumentado en un 13% en el último ejercicio, según un informe del banco Credit Suisse, que calcula que son 402.000 españoles los tienen un patrimonio valorado en más de 740.000 euros. Contrasta esa cifra con el ingente número de familias que no cuentan con ningún tipo de prestación, o si tienen el privilegio de recibirlas han sido reducidas a la ridícula cantidad de 291 euros, como señala, escandalizado, el Comisario Europeo de Derechos Humanos.

De la insensibilidad de los dirigentes del PP hay sobradas muestras, desde el ‘que se jodan’ de Andrea Fabra, ante los recortes impuestos por el Ejecutivo, a las cínicas palabras pronunciadas hoy mismo por el Ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, al asegurar en sede parlamentaria que ‘los sueldos no bajan sino que crecen moderadamente’ –desmentido por estudios diversos, como el del Instituto Klein de la Universidad Autónoma de Madrid-, a las medidas tomadas por la alcaldesa de la capital del Estado, Ana Botella, que aplicará una nueva ordenanza –de ‘Convivencia’ tiene la desfachatez de titularla- por la que multará a quienes mendiguen, vendan pañuelos en la calle, o a los ‘gorrillas’ que reciben calderilla por ayudar a aparcar, con sanciones de hasta 750 euros.

Los recortes del Gobierno, que recaen siempre en los más desfavorecidos, en sanidad, prestaciones sociales, o dependencia, reciben las críticas del Comisario Europeo que considera que suponen verdaderas vulneraciones de los Derechos Humanos, al tiempo que llama la atención sobre los abusos policiales perpetrados en la disolución de manifestaciones, o la desaparición de Educación para la Ciudadanía, y la inclusión de la asignatura de religión católica, que considera vulnera derechos e impide el conocimiento, por parte de los educandos, de los derechos humanos y valores de la convivencia.

Muiznieks recuerda que el Comité de Derechos Sociales ya avisó de que el nivel de ayudas a las familias en España no era acorde con las normas suscritas por los estados miembros de la Unión, que se comprometieron a hacer que se cumpla el derecho de las familias a tener una protección social, legal y económica en condiciones.

El representante del Consejo cree que "sería particularmente importante", que el Gobierno lleve a cabo "un seguimiento sistemático del impacto de las medidas de austeridad", y que lo haga en colaboración con organizaciones civiles, a la vez que  reclama la creación de una serie de redes sociales que protejan a los más vulnerables, a la vez que exige a las autoridades que "aseguren una financiación adecuada para planes que se dirijan a combatir la pobreza infantil". 

El Comisario Europeo reclama al Gobierno que tenga en cuenta la necesidad de que los menores inmigrantes reciban atención sanitaria, y advierte que, de no hacerlo, estaría violando las convenciones de la ONU en lo que se refiere al acceso a la sanidad: "Las autoridades deben garantizar que ningún menor queda excluido del acceso a la sanidad, independientemente del estatus legal de sus padres", recuerda en su informe.

La eliminación de las ayudas a la dependencia es también objeto de escándalo para Muiznieks que exige al Gobierno que ‘valore de forma precisa lo que están suponiendo sus recortes para las personas discapacitadas o dependientes’, del mismo modo que considera que el Ejecutivo debe tener muy en cuenta que el copago sanitario "no esté teniendo un impacto desproporcionado en los ingresos" de esos colectivos, para que no "conduzcan a la violación de sus derechos".

El documento emitido por el Comisario Europeo de Derechos Humanos llama igualmente la atención sobre los recortes educativos, tan contestados por la comunidad educativa como ignorados por el Ministro de Educación, José Ignacio Wert, al exponer la necesidad de que los Presupuestos mantengan ‘la capacidad de la escuela pública para atender las necesidades de los menores con alguna discapacidad y advierte de los efectos negativos de la política de segregación’.

El estudio llevado a cabo por el Comisario de Derechos Humanos de la UE supone toda una enmienda a la totalidad de las políticas sociales de un Ejecutivo que ignora por completo las necesidades de la población y  permite atrocidades como la que, igualmente señala Muiznieks, consistente en que los Servicios Sociales retiran la custodia de sus hijos a familias sin recursos, en lugar de proporcionar los necesarios para que esas personas puedan atender a sus hijos, y que se ve desde Europa, como una flagrante vulneración de los Derechos Humanos.

Y si algo pone de manifiesto es que, solo desde Europa se puede salvar a la ciudadanía de las brutales injusticias que perpetra el Gobierno de Raxoi contra los más desfavorecidos, a pesar de la contradicción aparente de condenar los recortes por un lado y exigir al tiempo la reducción del déficit. A la vez, confirma la impresión de que los recortes sociales aplicados por el Ejecutivo no son fruto, tanto de las exigencias de la UE, como de unas políticas fascistas que tan solo se ocupan de favorecer a los privilegiados.

Después de la emisión del informe de Muiznieks, es de esperar que Europa revise las medidas económicas de este Gobierno y le obligue a aplicar los recortes en dirección distinta de cómo los viene efectuando. Y que, cuando vea que las cifras del déficit se incumplen,  se preocupe en decirle a Raxoi que lo que ha de hacer es eliminar gastos superfluos y, en lugar de darle más trece mil millones a la secta católica y perdonarle los impuestos, destine esas partida a atender derechos sociales.

Porque de no obligarle la UE, a rectificar sus medidas económicas y su fascismo social, este país está abocado a la miseria, teniendo en cuenta que está poblado por gente con alma de borrego, incapaz de salir a la calle para reclamar sus derechos,  y que se deja pisotear y estafar impunemente.

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Comentarios

  1. Una cosa es ser humanitarios y otra hacer el tonto como hacemos aquí. Que yo sepa a nadie se la ha negado la asistencia, solo se les ha pedido que colaboren a su sostenimiento, tal y como hacemos los españoles que, recordemos, estamos pagando bastante mas que esos 60 €/mes que les exigen a los inmigrantes. Los discriminados hemos sido los españoles. Por poner un ejemplo: La ley general de sanidad no decía que les dieran las recetas gratis y se las estaban dado y mientras los españoles pagándolas. Cuando un español es atendido en estados unidos u otros países tienen que pagar la asistencia (salvo convenios internacionales), en cambio aquí se ve que hay que pagarle la sanidad a todo el que venga porque el asistirles de urgencia, como marca la decencia, no es suficiente.

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