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Cuando la Justicia sirve a los corruptos: Ni Fiscalía ni Juez ven delito en la ocultación de pruebas del PP.

El pasado 27 de diciembre el Congreso aprobó una modificación del Código Penal que abría la puerta a la imputación de los partidos políticos y de los sindicatos con la intención de eliminar la "sensación de impunidad" que tiene la sociedad ante los casos de corrupción, según el texto aprobado y publicado en el Boletín Oficial del Estado. El PP adoptó esa modificación a propuesta del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia y recoge en la intención del texto que, en caso de máxima gravedad, cualquier partido al que se considere autor de delitos sea castigado con la disolución, o que tengan que enfrentarse al pago de  multas más o menos cuantiosas.

En su día, la modificación legal pareció un buen instrumento para evitar delitos de corrupción de los partidos políticos de los que el PP es acreedor, a pesar de que hasta ahora solo se presuma, puesto que no hay sentencias, aunque, como a los militares se les supone el valor, al PP, los indicios de financiación ilegal, el cobro indebido de dinero por parte de sus dirigentes, amén de la ocultación de pruebas.

Mas el partido que actualmente ocupa el poder viene contando con la colaboración de la Fiscalía –órgano jurídico jerarquizado cuyo máximo responsable es nombrado por el Gobierno, dando así una patada a Montesquieu en sus jurídicas posaderas- y de algunos jueces para mantener una escandalosa impunidad que repugna a la ciudadanía, que ve como aquellos que tendrían que velar por el cumplimiento de la legalidad se ponen de parte de los corruptos, para garantizarsela.

Así,  la titular del Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid, Esperanza Collazos ha archivado el caso de destrucción ilegal de pruebas, remitido por el juez Ruz a ese juzgado, sin hacer ninguna diligencia sobre la investigación iniciada tras la destrucción de los dos ordenadores del extesorero del PP, Luis Bárcenas, al seguir rigurosamente las indicaciones de la Fiscalía de Madrid que consideró, en contra del criterio de Ruz, que en la destrucción de los ordenadores de Bárcenas, el PP no cometió ningún delito de ocultación de pruebas.

El argumento utilizado por la Fiscalía es que los ordenadores eran propiedad del PP, por lo que considera que tuvo derecho a destruirlos. Resulta poco entendible si el caso de los ordenadores se extrapolase a un delito de robo, o asesinato. Si un individuo es propietario de una pistola con la que se cometió un robo o un crimen y, por ser de su propiedad la destruye para evitar que acusen a un tercero o a sí mismo y se prueba que la destruyó, la ley caería sobre el encubridor por haber destruido pruebas en beneficio de un tercero, o incluso, de sí mismo. Y sería castigado con penas de cárcel de hasta siete años.

Pero el PP no es un particular, ni un asesino –si no se consideran genocidio todos los recortes que viene aplicando para beneficiar a bancos, especuladores y oligarcas-, aunque empieza a resultar arriesgado asegurar que no es ladrón, dados los claros indicios de financiación ilegal pero, sobre todo, es poderoso y controla a los Fiscales a través del General del Estado que, por mucho que los indicios señalen la comisión de delitos, cuando se trata de proteger a los poderosos, sean la hija del rey o sea el PP, se vuelve ciego o desvergonzado y corrupto al exculpar y proteger a los sinvergüenzas.

Se supone que los jueces no han de estar en desacuerdo con los fiscales, aunque precedentes hay, y bien recientes, en el caso de la inhabilitación de Baltasar Garzón por la causa de las escuchas o de la investigación del genocidio franquista. En ambos casos la Fiscalía no encontró indicios de delito mas, en el primer caso, algunos jueces se empeñaron en procesarlo para quitárselo de en medio en la investigación del caso Gürtel ya que, de haber seguido al frente, tal el PP estaría disuelto. Y como los dirigentes de ese partido lo sabían, recurrieron a jueces ‘más que amigos’ para apartarlo.

La decisión de archivar sin investigación alguna la instrucción de un caso en el que debiera haberse averiguado por qué razón el PP destruyó ordenadores que podían demostrar una serie de delitos -en principio, imputados en exclusiva al exsenador y extesorero Bárcenas-, que, sin duda, contenían datos que probaban la implicación de los dirigentes del PP en su financiación ilegal, impide demostrar que cometieron un delito contra el equitativo funcionamiento democrático, es decir, fraude contra la igualdad entre los partidos políticos, y en suma y precisamente por ello, son responsables de un golpe de Estado, al haber jugado con ventaja en los comicios.

Aunque no solo eso, sino que la financiación ilegal, de haberla llevado a cabo, la logró robando a los ciudadanos al otorgar contratos de favor a determinadas empresas que, encareciendo el costo de obras y servicios que paga el pueblo, obtuvieron pingües beneficios que repartieron con el PP.

Existiendo todos esos indicios, y en aplicación de la modificación del Código Penal que permite la imputación de los partidos, y que, si se demuestra su culpabilidad, puede llevar a la disolución de los mismos, los dirigentes del PP saben que su negocio está en peligro, porque además el PP no es un partido político sino, como se está viendo, una asociación de  malhechores. 

Si este pueblo nuestro tuviese alma y dignidad, hoy mismo saldría a la calle, masivamente y en todos los rincones de este triste país, a exigir a Jueces y Fiscales que cumplan con su obligación y apliquen la legislación vigente sin mirar la condición de los justiciables.

Mas, tristemente, ante la evidencia de la corrupción en el seno del partido que gobierna, y la connivencia injusta de quienes debieran velar por el cumplimiento de la ley, una ciudadanía con alma de súbdito calla y acepta cuantos abusos cometen unos y otros, dejándose robar, mentir y que se burlen de ella.

Tiene la práctica de la resignación adquirida a lo largo de cuarenta años de dictadura y treinta y tantos de pseudemocracia impune. ¿Hasta cuando?  

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