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Cadáveres exquisitos o esqueletos malditos: Las diferentes varas de medir de la derecha ante el drama de los desaparecidos.

Hay un mucho de irritante en la diferencia con la que la derecha aborda el problema de los desaparecidos. El drama de no saber dónde reposan los huesos de un ser querido no se considera del mismo modo si el cadáver es el de una niña asesinada por un descerebrado o si el muerto lleva setenta años oculto en una fosa común al lado de las tapias de un cementerio, en una cuneta o en un espeso bosque cercano a Olmedo.

El pasado lunes la derecha, que aprovecha cualquier declaración para pedir la dimisión de cualesquiera altos cargos de la Autonomía andaluza porque no soporta que esa comunidad no esté gobernada por el PP, se lanzó en tromba contra el Consejero de Justicia de la Junta de Andalucía, Emilio de Llera, porque, en un ejercicio de sentido común, manifestó que en el caso de la adolescente Marta del Castillo no se debían ‘seguir dando palos de ciego’ en la búsqueda del cadáver de la infortunada joven y añadió que, "de ninguna manera hay que seguir dando palos de ciego porque hasta ahora no ha tenido éxito, eso vale muchísimo dinero y es una tontería que se despilfarre", aunque anteriormente había aclarado que  "hay que comprender el drama de la familia de Marta y los poderes públicos deben hacerse cargo de esa situación".

Bastaron esas razonables declaraciones - similares a las que, de continuo, hace la derecha cuando de buscar a las víctimas del genocidio franquista se trata-, para que la derecha, el padre de la joven cuyo cadáver lleva cuatro años sin aparecer y la armada mediática, todos al unísono, se lanzasen a denostar las declaraciones del Consejero de Justicia andaluz, que tuvo que pedir perdón al echársele encima cual buitres sobre unos despojos.

El tratamiento mediático y familiar del triste caso de la joven Marta del Castillo viene siendo, desde que se produjo su desaparición y posteriormente se constatara que había sido asesinada, un cúmulo de declaraciones irrazonables que, en la familia son entendibles por su dolor, aunque no lo son tanto cuando parten del circo mediático que se ha formado a su alrededor al dar pábulo a toda clase de disparates jurídicos, ofensas a los jueces, ataques al Estado de Derecho y acusaciones sin base alguna, que tienen más de interés político que de deseos de aclarar el asunto.

Contrasta el interés y la sensibilidad que muestran los medios con el caso de Marta del Castillo con la indiferencia que exhiben esos  mismos medios, los políticos del PP y la mayoría de una sociedad que ni piensa y siente, arrastrada y manipulada por lo que opinen los gurús televisivos.

Resulta razonable que la familia de Marta del Castillo quiera encontrar los restos de su hija asesinada. Como igualmente lo es que los descendientes de aquellos asesinados por el franquismo, y cuyos cuerpos fueron arrojados a fosas ocultas a lo largo de toda la geografía de este triste país, tengan el mismo derecho a ello.

Se trata de un derecho que avalan las Naciones Unidas, pese a que el PP, hijo putativo e ideológico del fascismo franquista y que, por lo mismo, lleva en sus genes el sentimiento de los vencedores, niega cualquier derecho a los vencidos al haber anulado las dotaciones a la Ley de Memoria Histórica dejándola sin presupuesto para que se excaven las más de 2.246 fosas señaladas en la Península, y de las que no se han abierto ni la mitad, a causa de la cerrilidad del Ejecutivo de Raxoi.

No es infrecuente oír a políticos del PP, a periodistas o a gente de la calle, mediatizada por ese sentimiento de rencor que aún guardan los que blanden el argumento de la necesidad del olvido y una falsa reconciliación basada en la impunidad de los asesinos, que no es necesario revolver el pasado en esta época de crisis, cuando el dinero es necesario para otras cosas –para salvar a los bancos y regalárselo a la secta católica, por ejemplo- antes que exhumar cadáveres abandonados en el anonimato.

Durante los Gobiernos de Zapatero se abrieron cerca de 400 fosas, de las que se recuperaron los restos de casi 6.000 fusilados, aunque quedan todavía por exhumar otros 2.000 enterramientos clandestinos con nadie sabe cuántos muertos. La ley de Memoria Histórica preveía la concesión de ayudas para que los familiares pudieran ir, año a año, abriendo esas fosas, pero el proceso se frenó en seco con la llegada al Gobierno del PP, que redujo a cero las partidas destinadas a ese fin.

Desoyendo, además, las exigencias de la ONU que, tras la visita de dos representantes del organismo supranacional a nuestro país el pasado mes de septiembre, exigieron que “el Estado asuma su responsabilidad” y “actúe con la debida urgencia” para investigar el paradero de las 143.353 personas que figuraban en el listado que familiares de represaliados y asociaciones de memoria histórica entregaron en 2008 al juez Baltasar Garzón, cuya investigación de los crímenes del franquismo fue parada en seco con el procesamiento del magistrado, al que se expulsó de la carrera judicial utilizando el pretexto de las escuchas a abogados cómplices de la trama corrupta Gürtel, con el fin de evitar que llevase a cabo una tarea a la que se han negado los sucesivos gobiernos habidos desde la transición, por mucho que, desde instancias internacionales, se reclame el cese de la impunidad de un genocidio que, como tal, no puede prescribir ni dejarse en el olvido.

Los medios que agitan la irracionalidad de la sociedad echando carnaza a quienes reclaman castigos más allá de los admitidos en cualquier país democrático - pese a que el Código Penal de este país es el más duro de todos los europeos, con penas de cárcel por asesinato que superan a las de Francia, Alemania o Reino Unido por mucho que algunos periodistas mientan descaradamente, no se sabe si por desconocimiento o mala voluntad-, han decidido que existen dos clases de desaparecidos, los cadáveres exquisitos, como el de Marta del Castillo o los malditos de los muertos del franquismo, que no merecen el mismo tratamiento.

Deberían explicar aquellos que defienden a la vez que se empleen todos los medios existentes en buscar el cadáver de la infortunada joven –a cuya familia habría que decir por piedad que no van a encontrar a Marta, como dicen cuando se trata de la búsqueda de sus restos, sino un puñado de huesos, porque cuando hablan de encontrarla dan la impresión de que piensan que recuperarán a la joven tan llena de vida como la vieron la ultima vez que lo hicieron- que explicasen por qué causa no es lo mismo ser un desaparecido llamándose Marta del Castillo, Luis Sánchez Valadés, o José Pérez.

Porque todas las familias tienen derecho a saber donde están sus muertos y los de la represión y violencia fascista merecen, además, la reparación de un Estado democrático que no puede cerrar los ojos y la memoria a los crímenes cometidos por una dictadura.  

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