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Lo que en Europa debieran saber del Gobierno del PP (2/5)

Represión policial en la manifestación del 25-S en Madrid
Que los españoles no tenemos una democracia real, y más aun, que el régimen de libertades que, más o menos, estaba vigente, se está recortando al máximo, con los peligros que no hace falta consignar en un tiempo tremendo, el que nos tocó vivir, eran líneas con las que concluía el posteo ayer, y con ellas quiero introducir esta segunda entrega, en la que pretendo mostrar la fotografía de un país que, más que a la deriva, se encamina, en claro retroceso de libertades y derechos, hacía una dictadura de facto, por más que al actual Gobierno del PP se le inflen los carrillos hablando de democracia.

En este triste país, que en Europa llaman Spain, el Gobierno del PP, hijo ideológico del franquismo fascista, aprobó en pasadas fechas un nuevo Código Penal que, según expertos juristas, es el más duro de nuestra historia, incluyendo la época franquista, puesto que ni en los negros años de la dictadura se contemplaba la cadena perpetua.

Pero no solo esta regresión, contraria al derecho español hasta ahora, supone una marcha atrás en el régimen de libertades, sino que el nuevo Código Penal articula una serie de penas, incluidas las de cárcel, destinadas a castigar lo que en todo país civilizado constituye un derecho ciudadano, y que, además, contempla la Constitución de 1978. Pero ya se sabe que para los dirigentes del PP esa norma legal solo es útil para garantizar la unidad de España. Todo lo demás sobra.

Respondiendo a la ideología dictatorial de todos los integrantes del Gabinete de Raxoi, el muy reaccionario Ministro de Justicia, Alberto Ruíz Gallardón, en colaboración con el igualmente ultraderechista Ministro del Interior, Jorge Fernández, incluyó en el nuevo Código Penal una serie de penas y restricciones para quienes intenten ejercer el libre derecho de reunión o manifestación, reconocidos en la legislación de todos y cada uno de los países democráticos del mundo.

Así, el artículo 559, del nuevo Código Penal, constituye toda una declaración de guerra contra el ciberactivismo en las redes sociales, en tanto criminaliza la difusión de “mensajes o consignas” que inciten a la participación en el libre derecho a manifestación, que igualmente penaliza la represora ley del PP. De esa manera, podrán ser objeto de proceso penal todos aquellos que envíen por Twitter, o cualquiera otra red social, consignas “que sirvan para reforzar la decisión de perturbar el orden en cualquier acto público de cualquier autoridad”.
Mas no se queda ahí la reforma de un Código Penal más propio de una dictadura que de una democracia, porque la redacción de los artículos 550 y 554 hace desaparecer la expresión “resistencia activa”, abriendo con ello la vía a que la resistencia pasiva, como la desarrollada por los colectivos de Rodea el Congreso y otros, sea castigada con penas de cárcel.
Y de ese modo, acciones de protesta, como las protagonizadas en supermercados por laPlataforma de Afectados por la Hipoteca, no se quedarán en un simple juicio de faltas, sino que conducirán al banquillo de un juicio penal por delito.
El malestar social causado por los recortes de derechos ha ido en aumento durante los últimos años y encontró en los movimientos surgidos a la luz del 15-M formas de expresión novedosas. La reforma de Gallardón pretende, pues, crear una serie de líneas rojas para colocar a los activistas pro derechos humanos en la situación de marginalidad de los proscritos.
Decidido a reprimir brutalmente, como hizo ya durante la manifestación de Rodea el Congreso en septiembre de 1012, el Ejecutivo de Raxoi no quiere testigos incómodos a su afán de violencia represiva contra los ciudadanos. Y es la razón por la que acaba de expulsar a observadores de La Oficina para las Instituciones Democráticas y los Derechos Humanos (ODIHR por sus siglas en inglés), perteneciente a la OSCE, Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, para que no pudieran presenciar la brutalidad policial, la represión de los manifestantes que participaron, ayer mismo, en la convocatoria republicana “Jaque al Rey”, en la que la policía impidió la libre circulación de los ciudadanos, consagrada en la Constitución, cuando se dirigían al Palacio Real, así como el libre derecho de manifestación sin comunicación previa a las autoridades, igualmente bendecida por la Constitución.
Los demócratas españoles ansiamos que la OSCE tome cartas en el asunto y, de igual modo que envía a representantes de la Troika a estudiar las cuentas públicas, envíe asimismo observadores que analicen a qué extremos los ciudadanos de este país nos vemos perseguidos por el afán represivo de un Gobierno que, además de corrupto, es antidemocrático.
Mas no lo son tan solo los ministros, porque el afán de reprimir y de castigar de manera excesiva cualquier ejercicio de libertad ciudadana se extiende a todos los representantes del PP que, allá donde tienen poder, lo ejercen de manera dictatorial.
Así, una diputada del PP en les Illes Balears amenazó a los padres que secundan la huelga indefinida de profesores y alumnos con retirarle la custodia de sus hijos, caso de seguir secundando la protesta, después de verter varias descalificaciones contra ellos, tildándolos, por ejemplo, de “tropa soberanista nutrida de descerebrados", ya que lo que reclamaban era la anulación de un decreto que limita el derecho a la educación en catalán, lengua propia de las islas, y a base de disfrazar de inglés el robo, y todo ello, impuesto de la noche a la mañana, sin contar con familias, claustros de profesores, consejos escolares y, desde luego, careciendo, como de hábito, de unos docentes capaces de empezar a dar su clase de matemáticas, entre otras, en la lengua de Shakespeare, es decir, algo por encima del inglés de Ana Botella.
La huelga de padres de les Illes Balears es solo una de las muchas que se registran en España a causa de la Educación, de su carencia, después de que el Ministro Wert haya promulgado una ley que supondrá el desmantelamiento de la Escuela Pública a favor de los colegios religiosos, a los que el Gobierno de Raxoi subvenciona con generosas partidas que detrae de la Educación Pública, a día de hoy convertida en guetos para las familias más desprotegidas, como la de los inmigrantes entre ellas, o la de quienes desean, caiga quien caiga, que sus hijos se eduquen en libertad, y puedo asegurar que, a pesar de las circunstancias políticas, son muchos aún.
Mas, como ese asunto merece un extenso tratamiento, habrá que dejarlo para el próximo posteo, junto con la Sanidad, otro de los grandes hurtos a los ciudadanos, quienes, con el pretexto de la crisis, sufren el sistemático recorte de derechos tan imprescindibles como el de la educación y la salud, reconocidos en todos los países europeos, e ignorando siempre los gobernantes hasta las recomendaciones de la propia UE.
El Ejecutivo de Raxoi desvía ingentes cantidades del dinero de todos a la secta católica, a la que pertenecen buena parte de sus ministros, que imponen, con un estilo muy similar al de los talibanes, sus propias creencias religiosas y dogmas, un aspecto más a considerar en este tiempo de regresión brutal de la nación, cuyos ciudadanos miramos a la UE con ansiedad, esperando que intervenga en algo más que en nuestra economía. Para restablecer libertades que deben ser comunes a toda Europa. 

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