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La connivencia del PP con la ultraderecha: Por qué el Gobierno no ilegaliza Falange y otros grupos, como exige la UE.

Después de la agresión de una veintena de ultraderechistas a la librería Blanquerna de Madrid, el día en que se celebraba la Diada catalana, de los que doce fueron detenidos y posteriormente puestos en libertad –con mucha más celeridad de lo que se tardó en liberar a los detenidos en protestas democráticas como las de la Marea Blanca o la Huelga General del pasado año-, IU ha presentado una proposición no de ley para que se ilegalicen los grupos de extrema derecha que se están organizando con el propósito de presentarse a las elecciones europeas y posteriores comicios.

Igualmente un grupo de eurodiputados, pertenecientes a IU, PSC, ICV, ERC, CiU y PNV, denunciaron ante la Comisaria de Justicia, Derechos Fundamentales y Ciudadanía, Vivian Reding, el atentado fascista contra la librería Blanquerna, porque consideran que tanto la gravedad de los hechos como la pertenencia de los individuos a grupos de carácter anti-democrático y nostálgicos del franquismo como Democracia Nacional y la Falange Española y de las JONS, ‘hace necesario que la UE actúe y obligue al Gobierno español a cumplir las normas europeas que instan a perseguir penalmente toda incitación al odio contra otros grupos humanos así como la exaltación de regímenes autoritarios como fue el franquismo’.

Si existe alguna posibilidad de que esos grupos ultraderechistas sean ilegalizados y perseguidos, como el peligro para la convivencia y la democracia que son, vendrá de la UE puesto que al Gobierno del PP, en cuyas filas militan numerosos ultraderechistas, tal que se ha podido comprobar en las ultimas semanas, a tenor de las declaraciones franquistas de algunos alcaldes de ese partido o las fotografías de miembros de las NNGG del PP haciendo el saludo fascista o retratados bajo símbolos del régimen franquista.

Incluso, algunos de esos ultraderechistas están vinculados familiarmente a altos cargos del partido que sustenta al Gobierno, por lo que es de temer que este no moverá un dedo para ilegalizar a los defensores del régimen de Franco, por el que muchos de sus dirigentes dan muestras sistemáticamente una simpatía compartida con los medios de la caverna, hasta el extremo de que en uno ellos, afines al PP y a la secta católica, se llegó a decir del dictador genocida que fue un ‘socialdemócrata autoritario’, olvidando que su régimen se caracterizó por el sistemático genocidio de sus adversarios.

Desde el PP se toleran y justifican las manifestaciones filofascistas de sus militantes, alguno de sus dirigentes proclama su respeto y admiración por el genocida y, como se ha sabido hoy, existen relaciones familiares entre un ministro del Gobierno de Raxoi y Alianza Nacional:  Iñigo Pérez de Herrasti, de 56 años, líder de ese grupúsculo, y que cuenta con un amplio historial delictivo, es primo del Ministro de Defensa, Pedro Morenés, de quien se dice insistió mucho el rey en que se le nombrase para el cargo que actualmente ostenta.

Ante esas connotaciones, que demuestran que hasta la monarquía siente un indisimulado afecto por la ultraderecha, es difícil esperar que la proposición de IU prospere y se ilegalicen unos partidos que deberían haber desaparecido de la vida democrática de este país hace decenios, a menos que la UE se lo imponga.

Hoy, en varias tertulias televisivas de medios nada afines a la ultraderecha, se quitaba importancia a esos movimientos, calificándolos de residuales, en una ceguera o torpeza suicida si no connivente. Porque la realidad es que la fiera dormida del fascismo no desapareció totalmente de este país y, en el presente, está aprovechando el descontento y la desafección por los partidos políticos democráticos, rentabilizando el caldo de cultivo de la corrupción y las desigualdades sociales para tomar posiciones y asaltar las urnas con el propósito de acabar con la democracia.

Los partidos ultraderechistas de este país son un fenómeno completamente distinto y distante de los ultraderechistas que pululan por países europeos y que, igualmente alarman en la UE. Esos abyectos partidos ultraderechistas de Europa son xenófobos, racistas y homófobos pero no pretenden subvertir los regímenes democráticos como sucede aquí con Falange, Alianza Nacional o Europa 2000, formaciones que cuentan con todos los ingredientes necesarios para que, de haber voluntad política, se les aplique la Ley de Partidos, nacida durante la segunda legislatura de Aznar, con el fin de ilegalizar a partidos vascos independentistas.

Entre las premisas de la Ley de Partidos se señala que una de las razones para ilegalizarlos está en la no aceptación del juego democrático y de la Constitución. Sin embargo, a pesar de que Falange -el partido que sustentó durante cuarenta años al dictador genocida y, como está documentado, fue responsable de muchos de los crímenes cometidos durante la dictadura- proclama que entre sus fines está acabar con la Constitución y el Estado de las Autonomías, campa a sus anchas por este país, sin que nadie haya pensado en ilegalizar un partido tan peligroso como de tan siniestra memoria. 

No se entiende que, en casi cuarenta años de supuesta democracia, el PSOE no se atreviese a tomar la medida de proscribir a unos partidos que, ya en la etapa democrática, han perpetrado numerosos asesinatos, como el de Yolanda Ruiz, o los abogados de Atocha, y otros actos terroristas de los que la prensa nunca informa, no se sabe si por no hacerles propaganda o por disimular sus delitos.

Entre los significados líderes de la ultraderecha se encuentra gentuza de todo pelaje, como el hijo del comandante Inestrillas, militar golpista asesinado por ETA, encarcelado por un asunto de tráfico de drogas, el dirigente de Europa 2000, grupo extendido por el País Valencià, capo de la asociación de clubes de alterne, o el mencionado  Iñigo Pérez de Herrasti, condenado a catorce años de prisión por un intento de atentado contra familiares de presos de ETA en la capital del Estado, y posesión de material explosivo y armas.

Por el momento son un escaso número de descerebrados mas, de dejarlos campar a sus anchas, pueden medrar al socaire del descontento social y a poco que cuenten con una prensa cavernaria abyecta y antidemocrática que divulgue sus peligrosas actividades.

La ultraderecha se ha agarrado como a un clavo ardiendo al deseo de independencia de Catalunya, sentimiento que el PP viene exacerbando hace décadas, con la obsesión de la indivisibilidad de la patria, para hacer su reaparición con frases tan provocadoras como las repetidas en el asalto a la librería Blanquerna, o cuando esperaban, triunfantes, la puesta en libertad de los terroristas que perpetraron el asalto, donde proclamaban irracionales y absurdos ‘Catalunya es ‘de’ España’, dando un carácter de ocupación que no hará sino aumentar las ansias de los independentistas catalanes.

Si queda duda de la connivencia y tolerancia del PP con la ultraderecha, basta con comparar la permisividad de la policía, o de quienes dan las órdenes, con los manifestantes ultraderechistas. Nadie se preocupó, ante la concentración de esos gorilas antidemocráticos, de pedir identificaciones por participar en una manifestación no autorizada, como se viene haciendo cuando son otros los grupos que se manifiestan contra la corrupción, el abuso de la banca o los recortes.

Y es que para el PP, los ultraderechistas son primos hermanos que, a falta de organizaciones con la suficiente infraestructura para presentarse a convocatorias electorales, los votan a ellos. Y comparten, en el fondo de su corazón, si es que lo tienen, su fervor por la memoria del dictador Franco.

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