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EL PP, sumiso con las imposiciones internacionales de recortes, rebelde a los dictámenes de la UE y la ONU sobre el franquismo

El falaz presidente del Gobierno, Mariano Raxoi Brei, utilizó, a la hora de aplicar recortes inhumanos a las capas más vulnerables de la población, el argumento de que se veía obligado a llevarlos a cabo por las presiones de la Troika –BCE, FMI y UE- a fin evitar el rescate. Un rescate que no hubiera supuesto para la ciudadanía un sufrimiento mayor que el infringido por un Ejecutivo que, desoyendo recomendaciones de la propia UE, ignoró sus avisos de que no debía recortar ni en Educación ni prestaciones sociales, poniendo en evidencia así que tan solo acata las directrices supranacionales cuando le conviene y que, a la postre, es un político mendaz.

Porque si a la hora de aplicar recortes brutales, siempre contra los más débiles, sostuvo que los hacía para evitar el rescate, el mayor mal de los males para nuestro país, según él, la realidad es que los riesgos que podía conllevar ese rescate lo eran, sobre todo, para él y para su partido, porque al día siguiente de que la UE interviniese la economía española, Raxoi se habría visto obligado a presentar la dimisión.

No se muestra, empero, igual de sumiso el Ejecutivo del PP a la hora de seguir las directrices europeas, o mundiales, que condenan la impunidad de los crímenes genocidas, la trivialización del nazismo, o la tolerancia con los totalitarismos y sus consecuencias. 

La permisividad en el uso de símbolos fascistas o nazis que, se vieron hace unos meses en un homenaje a la División Azul -tropas que lucharon al lado de los ejércitos de Hitler en Rusia-, al que asistió la Delegada del Gobierno en Catalunya, la frecuente aparición de miembros de NNGG con simbología fascista, el mantenimiento de placas y símbolos que recuerdan y homenajean a los protagonistas del golpe de estado de 1936, el uso de la bandera inconstitucional, e incluso, las palabras de algunos políticos del PP, justificando a aquellos militares y criminalizando el régimen democrático de la II República, recién obligó a la Eurocomisaria de Justicia, Derechos Fundamentales y Ciudadanía de la UE, Viviane Reding, a advertir al Gobierno de Raxoi de que tales actos son contrarios a la normativa europea, que contempla que la exculpación, negación o trivialización flagrante intencionada y pública de los crímenes cometidos por regímenes totalitarios "deben ser sancionables penalmente".

Hasta ahora, la UE miraba para otro lado, a pesar de conocer los excesos verbales de los defensores del franquismo, las misas en el Valle de los Caídos en memoria del general genocida y del padre de la Falange, aquel fundador de un grupo violento que prefería los puños y las pistolas a la dialéctica, José Antonio Primo de Rivera, y ni se daba por enterada de la celebración de los funerales Hitler  que tienen lugar cada año en una parroquia del centro de Madrid.

Mas el homenaje a la División Azul, en la que se exhibieron uniformes falangistas y condecoraciones nazis, y que contó con la bendición gubernamental, colmó la paciencia de la señora Reding, quien advirtió de que, a través de una carta al Ejecutivo español, a partir del 1 de diciembre de 2014, la Comisión Europea tendrá competencias para "incoar procedimientos de infracción" a los Gobiernos que no cumplan con la normativa comunitaria. Es seguro que, si la UE impone cuantiosas multas a este país por incumplirla, el Gobierno del PP, tan inclinado a someter a la ciudadanía a una austeridad insoportable, sabrá recortar de alguna partida de Educación o de Sanidad para abonarlas, y así, poder seguir homenajeando a Franco y a Hitler o, sacar a pasear a la bandera del aguilucho cuando lo consideren.

Los políticos europeos no entienden cómo alcaldes de numerosas ciudades españolas, incluida la capital del Estado, mantienen placas conmemorativas alusivas al franquismo y al nazismo, como la que se vio obligada a retirar la embajada alemana cuando el Ayuntamiento, regido por Ana Botella, se negó a hacer desaparecer la conmemorativa de la Legión Cóndor, la aviación nazi que masacró a miles de españoles y que perpetró atrocidades como el bombardeo de Guernica, o el del mercado de Torrevieja, en el que dejaron caer innumerables bombas cuando se dirigían a sus bases, quizá para distraerse antes de aterrizar, causando un considerable número muertes de ciudadanos inocentes, en dicho mercado, como en el puerto de pescadores.

Tampoco le resulta fácil digerir a británicos, polacos, o alemanes que pelearon al lado de la República, que el consistorio madrileño quiera eliminar un monolito en memoria de los hombres que vinieron a luchar por la libertad. No lo pueden entender sus gobernantes porque, aunque de derechas, son demócratas y condenan sistemáticamente los totalitarismos y los genocidios, las desapariciones involuntarias y los homenajes a los asesinos.

De igual modo deben quedarse perplejos ante sentencias como la de un juez de lo Contencioso Administrativo de A Coruña que obligó a que el Ayuntamiento de Ferrol restituyese el nombramiento de hijo predilecto de la ciudad -del que había sido despojado por la coalición PSG-BNG- a Millán Astray, fundador de la legión y director del servicio de prensa y propaganda franquista durante la guerra, más conocido por el despreciable incidente que protagonizó en el Paraninfo de la Universidad de Salamanca, proclamando, frente a Unamuno, consignas como las de ‘viva la muerte’ o ‘abajo la inteligencia’, ambas compendio supremo y exactísimo de la 'filosofía' del franquismo, tan brutal como ágrafo.

Tampoco entienden en ninguna democracia que el único juez español decidido a cumplir con las directrices de la ONU, Baltasar Garzón, se haya visto expulsado de la carrera judicial por haber intentando investigar los crímenes del franquismo, cuando el propio Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas -que vela por el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos- fuera el primero en amonestar a España en términos muy duros. Su documento, publicado el 5 de enero de 2009, mostraba "preocupación" por "el mantenimiento en vigor de la Ley de Amnistía" de 1977, recordando que "los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles", para añadir que las amnistías "relativas a las violaciones graves de los derechos humanos son incompatibles con el pacto".

No fue aquella la única ocasión en que la ONU advirtió al Ejecutivo español de la ilegalidad de la Amnistía de 1977, porque el 19 de noviembre de 2009, el Comité contra la Tortura de la ONU volvió a condenar explícitamente la norma, ya que "el enjuiciamiento de actos de tortura no se debe limitar por el principio de legalidad, ni por el efecto de prescripción". Y aun más: "El Estado debería asegurar que los actos de tortura, que también incluyen las desapariciones forzadas, no sean crímenes sujetos a amnistía".

En la misma línea, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzosas de la ONU citó expresamente la Ley de Amnistía para hacer dos exigencias a España: "Que todo acto de desaparición forzada será considerado, de conformidad con el derecho penal, delito posible de penas apropiadas que tengan en cuenta su extrema gravedad". Y que se realicen "investigaciones exhaustivas e imparciales mientras no se haya aclarado la suerte de la víctima de una desaparición forzada".

Cuando la ONU emitió esas directivas, estaba al frente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, propulsor de la Ley de Memoria Histórica, que se enfocaba a reparar, en cierto modo, los abusos del franquismo y que sufragaba la búsqueda de fosas comunes donde yacen olvidadas las víctimas, pero que no se atrevió a cumplir con la imposición de la ONU por el viejo temor al franquismo que siempre pareció aquejar a los socialistas en el momento de poner pie en pared ante la chulería de simpatizantes de los golpistas de la guerra del 36.

Si la UE quiere evitar realmente que en un Estado miembro se celebren actos de homenaje a genocidas, que ciertos individuos alimenten el odio racista, que nieguen el holocausto o las responsabilidades de los fascistas su propio país, este, un genocidio que se prolongó durante cuarenta años, tendrá que pensar, de paso, cómo podrían inhabilitar a gobiernos filofascistas que cuentan entre sus filas con elementos como el portavoz adjunto del PP en las Cortes, Rafael Hernando, miembro de Fuerza Nueva en su juventud, y que hace muy poco culpaba a la república de ser la responsable de las muertes de la guerra civil, o que permiten que el máximo garante del cumplimiento constitucional sea un individuo que en su juventud militó en Falange o que destruía los ejemplares de la Constitución que ahora se supone ha de defender.

Debiera saber la UE que poner lobos a cuidar ovejas, o zorros a cuidar gallinas, es un contradiós, que no puede exigirse a políticos reaccionarios, admiradores de un dictador genocida o hijos putativos de su ideología, que cumplan con preceptos democráticos.


Lo que debiera hacer la UE sin más es exigir la expulsión de cualquier político que justifique el franquismo, que se muestre con símbolos fascistas, o que, como alcaldes, mantengan en sus ciudades elementos arquitectónicos evocadores, bien del franquismo, bien del nazismo. Aunque si hiciera semejante cosa, no iba a quedar casi nadie en el PP… Lo que no dejaría de ser un alivio para la democracia y para la mayoría de los ciudadanos españoles.

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