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El PP se quita la careta: Solo reconoce dos artículos de la Constitución y considera ‘literatura’ los que garantizan derechos y libertades.

Muchas veces se plasmó en este blog la suposición de que pareciese que a los dirigentes del PP solo le interesaba el cumplimiento de dos artículos de la Constitución de 1978, el  1.2, que dice que la soberanía pertenece al pueblo español en su conjunto, y por lo tanto la secesión de un territorio tendría que ser aprobado por todos los constituyentes, y el artículo 2 que señala que la Constitución se fundamenta ‘en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible’.

Lo que se decía en este blog, a modo de exageración, respecto a la ausencia de respeto por la Carta Magna que nos dimos los ciudadanos en 1978, resulta ser una realidad expresada hace unos días por el Ministro de AAEE, José Manuel García Margallo, que, en el transcurso de un almuerzo con la prensa celebrado unos días antes de la Diada de Catalunya, desveló la ausencia total de respeto por una Constitución que, se supone, ha de garantizar una serie de derechos y libertades pero que para ese representante del Gobierno, y para el resto del Ejecutivo, no son más que literatura o papel mojado.

Que García Margallo muestre ese total desprecio por los derechos y libertades que garantiza la Constitución de la que a él solo le interesa el artículo que habla de ‘la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles’, dice mucho de su carácter y personalidad. Y como todo ser humano es una consecuencia de lo que se mamó desde la cuna, es posible que el hecho de ser descendiente de militares africanistas haya condicionado su carácter e ideología.

Su bisabuelo, Juan García Margallo, fue gobernador militar de Melilla en 1859, responsable de un estallido de violencia provocado por la proverbial ausencia de diplomacia de los militares africanistas, al comenzar la construcción de una fortificación cerca de la tumba de una persona santa para las tribus que habitaban la zona y posteriormente de la destrucción de una mezquita que, dijeron, se produjo de forma fortuita.

La historia describe qué clase de personajes fueron los militares africanistas del primer tercio del siglo XX que, al perder terreno y poder en África, decidieron adueñarse de toda España, dando al traste con la II República, que garantizaba, como la actual Constitución, derechos y libertades que arrasó el genocida general Franco a través de un golpe de Estado, y que ahora el PP está arrasando a base de leyes aprobadas por decreto y que ignoran sistemáticamente muchos de los artículos del Título Tercero.

Porque ese título de la Constitución  garantiza desde la libertad de opinión, expresión, prensa, religión, a una serie de derechos que el Ministro Gallardón planea ignorar por completo en la redacción de su nuevo Código Penal, ya que la ley de leyes garantiza que nadie puede ser privado de su libertad, sino con la observancia de lo establecido en este artículo y en los casos y en la forma previstos en la ley, y el ministro de Justicia planea ignorar. Artículos que, evidentemente, son también ‘literatura a no tomar en cuenta’ para Ruiz Gallardón, del mismo modo que para su compañero de gabinete.

Del mismo modo, para el ministro Wert, el más nefasto responsable de Educación en toda la historia de esta pseudodemocracia, la Constitución es papel mojado, desde el momento en que ignora el artículo 27 que garantiza que todos los españoles tienen derecho a la educación, que se reconoce la libertad de enseñanza y que la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y los derechos y libertades fundamentales. El hecho de que igualmente Wert considere ‘literatura’ la Constitución debe haber influido en su decisión de acabar con la asignatura de EpC, e imponer la educación religiosa, aparte de sus siniestros planes para limitar el acceso a la Educación solo a las clases privilegiadas.

La ministra de Empleo, Fátima Báñez, comparte sin duda el criterio de Margallo, y como él desprecia artículos constitucionales como el 35 que señala que todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre  elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a ‘una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia’, si se tiene en cuenta las puertas que abrió con la reforma laboral a que el empresariado pague sueldos de miseria que no garantizan en absoluto lo que la Constitución proclama.

De igual modo, y a través de la inicua reforma laboral salida de su ministerio, ignoró el artículo 37 que señala que la ley garantizará el derecho a la negociación colectiva laboral entre los representantes de los trabajadores y empresarios, así como la fuerza vinculante de los convenios, teniendo en cuenta que se cargó esa forma de negociación.

Artículos como el 41, que señala que los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente, en caso de desempleo, ya se ha visto que son literatura para el Gobierno del PP.

Los artículos que reconocen el derecho a la Salud, a una vivienda digna y a la defensa de consumidores y usuarios, los ignora el PP sistemáticamente, al haber reducido el primero con la privatización del sistema y cargado sobre los jubilados, pensionistas y parados, parte o la totalidad de ciertos medicamentos; al haber permitido que una banca insaciable inflara los intereses de las hipotecas, exigiendo luego cantidades que los hipotecados no podían pagar, con la obvia finalidad de quedarse con -robarles- sus viviendas. Tampoco protegió a los consumidores, ya que pretendió que desapareciese una de las más activas asociaciones en su defensa, por haber criticado la reforma educativa.   

Al manifestar que la Constitución solo tiene dos artículos  y que el resto es literatura, el Ministro García Margallo, en un ataque de sinceridad absolutamente inusual en el Ejecutivo del PP y del propio Presidente Raxoi, se ha puesto en evidencia lo que realmente piensa un Gobierno que accedió al poder con trampas y falacias, para dar un golpe de Estado a través de las urnas, entre cuyos planes estaba, según ha desvelado García Margallo, ignorar por completo la Ley de Leyes de los que tanto se les llena la boca constantemente para invocar, exclusivamente, los artículos 1 y 2 de la Constitución, e ignorando el resto.

No han debido ni leerla a fondo, porque podrían reflexionar en que, tal vez, el Tribunal Supremo, haciendo uso del artículo 102, se pueda plantear exigir responsabilidades al Presidente y los demás miembros del Gobierno, como también señala la Constitución. Y teniendo en cuenta que hay numerosos indicios de criminalidad en las decisiones que matan a los ciudadanos, ya sea a causa de la negación de asistencia sanitaria, la negación de protección social y la indecente tolerancia con una  banca abusiva y ladrona, o su obstrucción a la Justicia en el sucio asunto de la financiación ilegal.

El hecho de que este Gobierno considere que los únicos artículos válidos de la Constitución son aquellos que cientos de miles de ciudadanos querrían modificar, y que precisamente desprecie aquellos que querría hacer valer el pueblo, demuestra el absoluto divorcio entre un Ejecutivo obsesionado por la vieja y facistoide obsesión por la unidad e indivisibilidad de lo que pomposamente llaman ‘patria’ y los deseos de la mayoría de contar con una Constitución que garantice derechos y libertades.

Y que necesita, perentoriamente, una reforma para devolverle la soberanía económica que, a traición, les fue hurtada por PSOE y PP en la última reforma que puso el destino económico del país en manos de los especuladores financieros, aunque lo que se reclama sea una mayor flexibilidad en los planteamientos territoriales, y la libre elección sobre la Jefatura del Estado.  

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