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Un país a la deriva: La resaca del discurso de Rajoy

Tan solo un día después del indecoroso discurso del Presidente del Gobierno, Mariano Raxoi Brei –escrito de este modo para respetar la grafía de su lengua materna- el FMI vuelve a sobresaltar a la ciudadanía recomendando una reducción salarial del10% que, ni políticos de la derecha, ni banqueros ni grandes empresarios aplicarán a sus generosos sueldos, sino que lo impondrán a la clase trabajadora.

La sugerencia del FMI, que augura que el paro seguirá en tasas que oscilarán entre el 27 y el 26%, y que pronostica un escasísimo crecimiento que no creará empleo hasta dentro de dos o tres años, ha opacado las noticias que siguen girando en torno al discurso presidencial que Raxoi ofreció en un Parlamento polarizado entre sus files y el resto de la oposición, de la que tan solo CiU –o su portavoz, el derechista Durán i Lleida-, dijo creer sus explicaciones.

Y, casualidad o causalidad, el CIS publica su barómetro correspondiente al mes de julio, en el que toda la prensa constata que los dos partidos mayoritarios se hunden, sin entrar a analizar el mapa electoral que presentaría el Parlamento si se registrase en unos comicios lo que expresaron los ciudadanos en julio, antes de conocerse las declaraciones de Bárcenas y los sms que demuestran las relaciones amistosas de Raxoi con el extesorero encarcelado.

De los resultados del barómetro del CIS, se colige que el país sigue extremadamente polarizado. Porque, si bien los dos grandes partidos se hunden en intención de voto, la suma de los resultados de los partidos de centro izquierda o izquierda superaría a la derecha, que solo salvaría los muebles si contase con el apoyo de los dos partidos nacionalistas, PNV y CiU. Si PSOE, IU, ERC, BNG y Amaiur unieran sus fuerzas alcanzarían el 44% de los votos. PP y UpyD solo conseguirían el apoyo del 41.3. Si a ese número se sumase el apoyo de CiU, la única formación que se mostró conforme con las explicaciones que dio Raxoi en el debate del día 1, obtendría una mayoría de una décima, 44.1, en el caso de no contar con el apoyo del PNV, que si se aliase con la izquierda, le daría una mayoría del 45.4.

Lo que muestra la encuesta del CIS, en la que se sigue recogiendo que la corrupción política es uno de los asuntos que más preocupa a la ciudadanía, es que los dos partidos mayoritarios no cuentan con la confianza de los ciudadanos para arreglar una situación que ellos mismos crearon al no reaccionar, ni PSOE ni PP, a las exigencias de organismos como el FMI o la UE y a los que se ve como colaboradores y causantes del sometimiento a los mercados y a los abusos de la oligarquía financiera.

Con esa percepción, es muy difícil que el partido mayoritario de la oposición genere la confianza que necesita para enarbolar la bandera de la lucha contra la corrupción, por mucho que, tras el discurso de Raxoi, haya decidido solicitar un pleno para pedir una comisión de investigación en el Congreso sobre la financiación ilegal del PP.

Y es que parece que la ciudadanía, aún sin que las palabras del portavoz de Amaiur, Mikel Errekondo, se divulgaran demasiado en los medios, dieron en el clavo de lo que siente la mayoría de este país, al señalar que el PP y el PSOE son parte de un Estado ‘no de derecho sino de provecho’, y decir que la única salida a la situación de podredumbre actual estaría en la ruptura total del actual sistema de corrupción que afecta a todo el Estado, incluyendo la propia Jefatura, encarnada en el Borbón.

Y es que si algo se echó a faltar en el debate de ayer fue el sentimiento de escándalo que no demostraron los partidos que, aún exigiendo la dimisión del presidente del Gobierno, no trasmitieron un discurso ético, que es el que debería imponerse para regenerar la vida pública de un país a la deriva, que navega entre la desesperanza y el sentimiento de estar siendo engañado y robado sin que nadie enarbole la bandera de la ética y la decencia. Porque, detrás del caso penal, de las decisiones que puedan tomar los jueces, y las prescripciones o los sobreseimientos que ya anuncia algún director de prensa cavernaria, están las responsabilidades políticas y éticas. Y nadie habló de ellas al pedir la dimisión del Presidente del Gobierno y de su Ejecutivo.

Ya fuera por frivolidad o por el ansia de lanzar la exigencia de la dimisión de Raxoi, los partidos políticos no hicieron hincapié en la indecencia moral del hecho de que durante veinte años políticos y empresarios corruptos jugasen con el futuro y con la vida de los ciudadanos de este país. Cierto es que, por desgracia, las leyes no consideran punible que los responsables políticos que han dado lugar a una crisis que se va cobrando vidas constantemente –ayer se supo del fallecimiento de otro desahuciado, tras días de agonía, a consecuencia de haberse disparado al ver llegar a los agentes judiciales que iban a expulsarle de su casa- paguen con penas de cárcel las decisiones que lesionan los derechos de los ciudadanos.

Aunque el PP diga que da por zanjado el asunto Bárcenas, después del discurso inconcreto, plagado de falacias, del Presidente Raxoi, se ocupe o no la mayoría de la sociedad, absorbida por el ocio estival, de la corrupción, lo cierto es que resulta insoportablemente ofensivo que la clase política no tenga en cuenta unos principios éticos imprescindibles para la salud democrática de un país.

El abyecto argumento de que ‘en todas partes se cobran sobresueldos’ o la puesta en marcha del ventilador que efectúa el PP cuando, al pedirle claridad sobre su financiación, se refugian en el ‘y tú más’, en alusión al caso Filesa, o la sugerencia de que habría que investigar a todos los partidos, no basta. Si es cierto que la podredumbre de la financiación irregular –que no está contemplada como delito en el Código Penal- se extiende a todos los partidos, el mensaje es que ninguno de los partidos es de fiar, y por lo tanto no sirven a la democracia.

Con esas tesis, el PP confirma lo que muchos ciudadanos sospechan, que el sistema está gangrenado, que su putrefacción indica que lo que hay que hacer es proceder a un saneamiento absoluto, amputando toda la masa infecta que lo enferma.

Y la solución no pasa por un recambio de personajes o de partidos. La solución pasa por una regeneración absoluta, por una nueva Constitución que no permita las prácticas que se han venido sufriendo desde hace veinte años, en las que los partidos políticos han jugado con la buena fe de los ciudadanos, o con su pasividad. Una Constitución que contemple el control absoluto de la ciudadanía sobre la economía, sobre las leyes, y sobre las decisiones que les afectan, controlando también el hacer de un empresariado tan corrupto como los partidos que se lucraron junto a ellos a costa de lo público. Un cambio de sistema, en fin, el paso de una pseudodemocracia como la actual a una democracia verdadera, donde los representantes del pueblo lo sean, no unos usurpadores de la voluntad popular que, en el presente, tergiversan y adulteran sus deseos en beneficio propio.

Mantener una situación como la actual, por mucho que investiguen los jueces casos puntuales, es ponerle paños calientes a un absceso que, en realidad, es un tumor mortal.

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