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¿Qué más ha de descubrirse para que Rajoy dimita?

A partir de hoy nadie podrá reprochar a quien llame mentiroso al Presidente del PP y del Gobierno, Mariano Raxoi Brei. Porque su secretaria general, Dolores de Cospedal ha confirmado que lleva meses negando que el extesorero le hiciera chantaje.  Las declaraciones de Cospedal, ante el juez Ruz, al manifestar que fueron el propio Raxoi y Arenas los que pactaron una indemnización millonaria y ‘en diferido’, ha dejado claro que Bárcenas sí chantajea al PP, o a Raxoi, y que el Presidente ha estado mintiendo, como un fullero, al Parlamento y al país desde que estalló este asunto. Y no solo eso, sino que ha utilizado el aparato del Estado para complacer a un extesorero del que el Presidente dijo ante los parlamentarios que ‘se había equivocado’ con él.

¿Qué le queda a Mariano Raxoi por hacer, una vez demostrado que protegió a un individuo que supuestamente acumula millones de euros en paraísos fiscales? ¿Qué puede decir ante la evidencia de que en su partido hubo, y posiblemente hay, una contabilidad B que se viene nutriendo, desde hace veinte años, con el dinero aportado por empresarios corruptos, beneficiarios de políticos igualmente corruptos, que les otorgaban contratos de forma irregular y onerosa para las arcas públicas? Raxoi conocía esas prácticas posiblemente desde que no era más que un cargo público del Goberno Galego, las aceptó siendo ministro de Aznar, y no hizo nada por acabar con ellas desde que accedió a la Presidencia del PP. Es igual de culpable que los anteriores dirigentes, con el agravante de que, siendo como es Presidente del Gobierno, no solo protege a los corruptos, sino que hace uso del aparato del Estado para proteger a los implicados en esas conductas y miente al país y a los representantes de la soberanía. Si le quedase un resto de vergüenza, a estas horas en lugar de refugiarse tras cortinas de humo del conflicto de Gibraltar, o en la fraga galega, estaría en La Moncloa preparando un discurso en el que anunciaría su irrevocable dimisión.

Ya no queda ni sombra de de duda de que Raxoi aceptó las exigencias económicas de Bárcenas –la famosa ‘indemnización en diferido’, del contrato simulado que, además de ser un fraude de las leyes laborales, es el intento de callar al extesorero, para que guarde silencio sobre todo lo que sabe y que, posiblemente, es mucho más de lo que aún se conoce. ¿Es el dinero realmente de Bárcenas o del PP? ¿Todo lo que está repartido por paraísos fiscales, y todo lo invertido en la finca de limones de La Moraleja, a nombre, qué casualidad, de otro extesorero del PP, Ángel Sanchis, es propiedad de particulares o se trata de un dinero acumulado por una formación que surgió con el único fin de secuestrar el poder en este país para los más ricos, entre los que se cuentan sus propios dirigentes?

Pasan los días y cada uno de ellos se descubre una nueva andrómina del Presidente del Gobierno. Su ministro del Interior, Jorge Fernández, aseguró en su día, en sede parlamentaria, que cuando la mujer de Bárcenas, Rosalía Iglesias, entró en coche en la Audiencia Nacional para sortear abucheos y periodistas, lo hizo por indicación del Presidente de la Audiencia. Era mentira: Fue Raxoi el que ordenó que Rosalía Iglesias entrase protegida por la policía que pagamos todos, en coche hasta el aparcamiento, haciendo uso de un privilegio con el que no contó jamás ningún imputado, por muy ilustre que fuese, incluido el yerno del rey. Y si lo ordenó, tras una llamada de Bárcenas que, seguramente, no fue la de un marido angustiado solicitando protección para su mujer, sino un esposo irritado y amenazante que hizo saber qué consecuencias podría tener lo que el extesorero consideraba una afrenta a la mujer que ama. De lógica es pensar que la protección de Raxoi no fue sino la de un Presidente atemorizado por las consecuencias que, para él y su partido, podrían tener las declaraciones del exigente extesorero.

El resto de las declaraciones de Cospedal ya no tienen importancia. Podrá estar enredada en una trama económica que invalida al PP -no solo para gobernar, sino para existir, porque si en este país hubiese democracia algún juez valiente tendría que estar iniciando un expediente para, en aplicación de la Ley de Partidos que se sacó Aznar de la manga, ilegalizarlo por sus prácticas corruptas-, aunque no ha hecho más que el resto de responsables del PP que gobiernan en las autonomías; el responsable último es Raxoi, y en un país en el que no existe mecanismo alguno para que un Gobierno sea revocado si no es por medio de una moción de censura –imposible ante la aplastante mayoría del PP- sería un acto de decencia, no solo política, sino personal, que presentase su dimisión y la de su Gobierno, para evitar que este país sea, como está siendo, el hazmerreir de todo Occidente.

En un partido en el que no todos sus dirigentes estuviesen implicados en la podredumbre de la corrupción cabría pensar que se pudiesen producir movimientos internos para sanear la formación, mas como no existe ningún dirigente que no comparta las mismas prácticas corruptas, solo cabe la esperanza de que sea la ciudadanía, a través de masivas protestas, las que obliguen al Gobierno a dimitir.

 Porque el país no puede seguir permitiéndose tolerar al Ejecutivo más corrupto, ineficaz, bochornoso, falaz e injusto que se ha sufrido en la historia de este país, desde que desapareció el general genocida, a cuya imagen y semejanza gobierna el PP.

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