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Los planes del Gobierno de Raxoi para el otoño: Represión policial y judicial

En las democracias, el dinero de los contribuyentes revierte en beneficio de los ciudadanos, se destina a sanidad, educación, bienestar social y a los derechos del pueblo. En las dictaduras, el dinero público lo manejan quienes detentan el poder de espaldas al pueblo, en su propio beneficio y en proteger su poder a base de represión. El Gobierno de Mariano Raxoi, sustentado por un partido involucrado en el mayor escándalo de corrupción de la democracia, que lleva, según todos los indicios contrastados en las investigaciones judiciales, veinte años robando al pueblo y estafando a la democracia, destina el dinero que hurta en Educación y Sanidad a comprar gases lacrimógenos y botes de humo.

Así lo cuenta El diario.es, que explica que el Ministerio del Interior, a cuyo frente está Jorge Fernández –hijo de militar franquista, reaccionario y del Opus- prevé gastar 1.454.000 euros en gases lacrimógenos y botes de humo para la Guardia Civil. Este nuevo anuncio, recogido en el Boletín Oficial del Estado, llega después de que ese ministerio realizase un desembolso de casi otro millón y medio de euros el 31 de diciembre de 2011.

En total, los gases lacrimógenos y los botes de humo utilizados por las Fuerzas de Seguridad del Estado para disolver disturbios, protestas y algunas manifestaciones les cuestan a los ciudadanos 2. 943.453 euros. Casi tres millones de euros en apenas dos años. En los presupuestos generales del Estado, enormemente restrictivos en gastos para Educación, Sanidad o Políticas de Empleo, el Ejecutivo no quiso recortar en los presupuestos destinados al ministerio del Interior, que fue uno de los que menos recortes experimentó porque, aunque las partidas destinadas a ese ministerio fueron un 5,83% más bajas que los de 2012, los recortes han sido mucho menores que los llevados a cabo en Sanidad con el 6,63% o Empleo, con un 11,7% menos que en el año anterior, pese a la alarmante cifra de paro, que se acerca a tasas del 27%. A los gastos que hace Interior en gases lacrimógenos y botes de humo, ha de añadirse otros 322.949 euros que el Ministerio de Defensa ha destinado para la compra de equipamiento táctico de control de masas o, lo que es lo mismo, equipos antidisturbios.

El Gobierno de Raxoi, cercado por la corrupción, el paro y en suma, por el descontento ciudadano hacia unas políticas clasistas e injustas que en lo económico responden a los dictados de la patronal y de organismos internacionales como el FMI y la UE, a los que vendió el país al aceptar un crédito de mil millones de euros -para financiar entidades bancarias que su gente hundió, como el caso de Caja Madrid, la CAM o Caja de València, integradas todas ellas en Bankia, la entidad que se ha llevado el bocado del león-, empleando para ello un dinero que nunca revertirá en los ciudadanos, como prometieron, falaces, Mariano Raxoi y su ministro de Economía, Luis de Guindos, está decidido a mantenerse en el poder con la política del miedo y la represión.

Para ello, no cuenta solo con el material antidisturbios para el que, en un claro acto de malversación de gasto público, derrocha cerca de tres millones de euros, sino también legislando medidas claramente antidemocráticas, como denuncia la  Plataforma en Defensa de las Libertades Democráticas, que advierte que Ruiz Gallardón y su gente están elaborando una reforma del Código Penal propia de una dictadura, en la que  se penaliza cualquier derecho de libre expresión en manifestaciones ciudadanas, dado que planea que la resistencia “pasiva” sea considerada como “delito de atentado”, dejando su valoración a la discrecionalidad y subjetividad política, y a la arbitrariedad policial, con las consecuencias judiciales posteriores que ello conllevará.

Otro aspecto del Anteproyecto del nuevo Código Penal, redactado con el espíritu de los represores, es el que castiga a quienes “actuando en grupo, invadan u ocupen, contra la voluntad del titular, el domicilio de una persona jurídica pública o privada, un despacho, oficina, establecimiento o local, aunque se encuentre abierto al público, y causen con ello una perturbación relevante de su actividad normal”, haciendo de la protesta de ocupación de entidades bancarias que han estafado a sus usuarios con acciones preferentes, con cláusulas suelo en las hipotecas, y cuanta estafa hayan querido perpetrar, un delito, convirtiendo así en delincuentes a las víctimas de los desafueros bancarios. Medidas como esa evidencian que el actual Gobierno legisla para limitar el derecho constitucional de manifestación y reunión, poniendo límites a su ejercicio, de forma antidemocrática. 

 Además, con la nueva redacción del artículo 559, se penaliza “la distribución o difusión por cualquier medio de mensajes o consignas que inciten a la comisión de un delito de alteración del orden público, o que sirvan para reforzar la decisión de llevarlos a cabo”. Obviamente, se está aludiendo a los sms o a las llamadas y convocatorias a través de las redes sociales. Pero la vaguedad de la expresión “mensajes o consignas que inciten” permite un margen de interpretación tan amplio, que rompe con la precisión que requiere una ley con el fin de que ni la policía ni los jueces puedan abusar arbitrariamente de ella, permitiendo precisamente esta que vayan a ser ellos los que puedan reprimir y castigar a quienes emitan mensajes o consignas que bien podrían ser una simple exposición de opinión, no de incitación a la “alteración del orden público”. De manera que lo que crea el Anteproyecto del Código Penal es un nuevo delito que penalizará la crítica política y la libertad de opinión y expresión, incompatible con un Estado democrático.

El actual Gobierno, que sabe que está ocupando el poder de manera ilegal, llegó al poder a través de un fraude democrático, al falsear su programa ante el electorado, haciendo trampas en campañas previas a los comicios, causando la desigualdad de condiciones con el resto de formaciones, al contar con más dinero que el resto, procedente de la financiación ilegal. Ante su situación de precariedad un Gobierno democrático dimitiría y convocaría elecciones generales anticipadas y libres. Mas como el Gobierno del PP no es democrático, quiere recurrir a la represión brutal, y al miedo de la ciudadanía, con la compra exagerada de material antidisturbios y legislando como las tiranías.

Ante esas medidas, la única solución que cabe es que el pueblo se una, consciente de que por mucho material antidisturbios con el que cuenten, por muchas leyes represoras que legislen, siempre serán menos en número que el pueblo al que quieren reprimir. Bueno será ir explicándoles a los integrantes de las fuerzas de orden público que ellos, como pueblo, también salen perjudicados de las políticas represoras e injustas de un Ejecutivo que solo trabaja para la oligarquía y que no repara en medios para protegerla y protegerse, actuando como los dictadorzuelos que son.

Bueno es recordar una escena de la película Doctor Zhivago, en la que un grupo de campesinos reclaman trigo en una protesta ciudadana, a la que los mandamases zaristas envían a la fuerza represora para acabar con los hambrientos. En esa estremecedora escena, en la que David Lean fija el inicio de la revolución de 1917, se ve con el alma encogida como las fuerzas zaristas avanzan a caballo contra el pueblo con sables desenvainados, previendo el espectador una masacre, más, en el último momento, las tropas pasan al lado de quienes reclaman pan y justicia, para entrar a saco en los graneros que supuestamente habían de proteger, poniendo así el trigo en las manos del pueblo y ellos al lado de la libertad.

Moraleja: Por mucho material antidisturbios que compre y muchas leyes represoras que legisle, este Gobierno no tiene legitimidad democrática y el pueblo ha de hacérselo saber, porque, entre otras cosas, ellos con sus antidisturbios, botes de humo, gases lacrimógenos y leyes represoras, siempre serán menos que un pueblo digno puesto en pie para que no le pisotee una banda de dictadorzuelos truhanes. 

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