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Los minijobs que quiere la CEOE: Poco sueldo, muchas horas

Los portavoces de la CEOE siguen emperrados en la implantación de los minijobs que inventaron los alemanes a comienzos de este siglo para luchar contra el paro que se produjo tras la reunificación de Alemania. Están tan ansiosos por que se implante, casi a modo de ucase, que el vicepresidente de esa organización, Arturo Fernández –imputado por trampas a la Seguridad Social y pago en negro a sus trabajadores-, que ha llegado hasta a inventarse que las centrales sindicales ‘comienzan a estar de acuerdo con esa modalidad de contratación’. Afirmación que fue rápidamente descartada por el Secretario de Acción Sindical de UGT, Toni Ferrer, que le desmintió al asegurar que su sindicato ‘rechaza de plano esos contratos’. También desde CCOO refutaron al vicepresidente de la CEOE: lo hizo la Secretaria Confederal de Empleo, Paloma López, que consideró que Fernández lo que hace es ‘confundir sus propios deseos con la realidad’ para, a continuación, recomendar a los empresarios que ‘dejen de contratar trabajadores eventuales cuando la actividad de la empresa es permanente’.

¿Por qué se agarran, como si fuese a un clavo ardiendo, los empresarios a una modalidad de contrato que ya en la propia Alemania, aparte de concitar el rechazo de los sindicatos, está demostrando que no funciona, y hasta el propio Gobierno de Merkel está tomando medidas para subsanar las complicaciones que provoca? La respuesta resulta bastante obvia: conociendo la conciencia social del empresariado español, más cercano en su comportamiento al de los esclavistas de los siglos XVIII y XIX que al de los empleadores modernos, quieren ese tipo de trabajos para pagar por cuatro horas pero hacer trabajar por ocho, o por doce si se tercia. Naturalmente sin abonar las horas extras, sometiendo al trabajador al chantaje de que si no cumple con la jornada laboral que imponga podrá despedirlo, sin apenas indemnización. Que es, por otra parte, lo que busca la CEOE cuando habla de la flexibilización de los contratos, el despido libre sin más, sin indemnizaciones ni trabas a cualquier abuso que quieran cometer, y quieren muchos.

Para los sindicatos, la pretensión del empresariado, expresada por Fernández, de ‘retocar’ la reforma laboral, siempre en detrimento de los derechos de los trabajadores, y que ya acabó prácticamente con ellos, es innecesaria porque considera que lo único que hizo la reforma aplicada por el PP fue, esa sí, dar a los empresarios muchos más privilegios que los que ahora los representantes de la CEOE quieren recortar a los trabajadores y que no sirvió para ninguna otra cosa, puesto que desde que se implantó el paro subió exponencialmente, degradándose así mismo la calidad de los puestos de trabajo.

El representante sindical no entiende el afán de la patronal por implantar los llamados ‘minijobs’, si se tiene en cuenta que el 93% de los contratos registrados en la actualidad son temporales y que el trabajo a tiempo parcial -donde se englobarían los minijobs- ha experimentado un importante incremento en el último año, con 154.000 nuevos empleos, frente a la destrucción de casi 788.000 a tiempo completo.

Y es que España es el segundo país de la Unión Europea con mayor porcentaje de trabajadores con contratos temporales, el 25,4%, superada tan sólo por Polonia, con un 26,5%, seguida de Portugal, con un 22%, y Holanda, donde este tipo de contratos suponen el 18% del total. Significativo resulta el dato de que entre los jóvenes, sector en el que el paro es más que alarmante,  el porcentaje de contratos temporales en este país duplique el de la media europea.

Nada puede extrañar de la precariedad laboral de un país donde el actual Gobierno parece amarrado a la voluntad de un empresariado que viene comprando al partido que lo sustenta desde hace más de veinte años, como se ha constatado a través de investigaciones realizadas por la policía y el juez Ruz. De no ser así, de no estar el Gobierno hipotecado a la voluntad de empresarios montaraces y retrógrados –aunque muy generosos a la hora de financiar las campañas del PP- pondría coto a los abusos de la patronal, como hacen otros Gobiernos europeos, aunque pertenezcan a la esfera conservadora. Por ejemplo, en el Reino Unido, gobernado por el partido conservador de David Cameron, acaba de aprobarse una modificación legislativa para poder avergonzar públicamente a los empresarios que paguen salarios por debajo de lo estipulado por el salario mínimo.

El gobierno tory espera que "la mala publicidad disuada a los empresarios que, en otras circunstancias, podrían verse tentados a no pagar el salario mínimo", con el objetivo último de "poner freno" a prácticas abusivas y conseguir un mayor grado de cumplimiento de la ley. La medida dará un aviso claro a los empresarios que no respeten la cuantía de las retribuciones fijadas por ley, quienes tendrán que hacer frente a consecuencias, que no solo pondrán en entredicho su reputación, si no que además, se verán  obligados a abonar una multa, como explicó la responsable de Relaciones Laborales del Departamento de Negocios, Innovación y Habilidades, Jo Swinson.  El año pasado, el Ministerio de Hacienda y Aduanas del Reino Unido, ya identificó a 736 empresarios que no habían cumplido con sus obligaciones salariales, lo que llevó a recuperar 3,9 millones de libras de sueldos impagados a más de 26.500 trabajadores.

El Gobierno de Raxoi no tomará nunca medidas parecidas, puesto que todas sus acciones van encaminadas a proteger y hacer ganar cuanto más dinero mejor a los empresarios, en tanto que cuando se trata de hacer algo respecto a los trabajadores lo único que idea es perseguirlos y criminalizarlos. Así, la ministra de Trabajo, Fátima Bañez, ha anunciado que las agencias de colocación, a las que este Ejecutivo dio luz verde en la reforma laboral, tendrán capacidad para denunciar a los parados que reciban prestaciones indebidamente y recibirán un premio de entre trescientos y tres mil euros por ello. A la vez, el Ministerio de Trabajo abonará substanciosas cantidades de dinero público a esas empresas privadas que oscilan entre los 300 euros por la colocación de menores de 45 años que lleven de 3 a 6 meses en el paro y los 3.000 euros por encontrar empleo a mayores de 45 años que lleven más de 2 años desempleados. Independientemente de lo que esos nuevos negocios cobren a los parados por encontrarles empleo.

Es una forma de privatizar el servicio estatal de empleo, y a la vez, abrir posibilidades de negocio a un empresariado siempre dispuesto a forrarse a costa de los trabajadores y de las arcas públicas, de las que el actual Gobierno detrae el dinero para Sanidad, Educación, prestaciones sociales y cuantos derechos pudiera tener la ciudadanía en el pasado,  para entregarlo, a manos llenas, a un empresariado que lleva veinte años comprándolo con generosas dádivas.

Y en tanto las centrales sindicales, los partidos de la oposición y el pueblo no se unan contra un Ejecutivo falaz e injusto, prevaricador y deshonesto, seguirá cometiendo abusos, impensables en el resto de países de nuestro entorno. Luego se quejan de que la UE no los tome en serio.

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Comentarios

  1. No nos pueden tomar en serio nunca, así de claro.
    Muy buen artículo, como siempre, querida Luisa Sánchez.

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  2. Tristemente es así, Javier. Y como siempre, gracias por tu indulgencia al enjuiciar mis escritos. Bicos

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