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La política del Gobierno del PP: Latrocinios y muertes a causa de sus recortes.

Parte de la ciudadanía espera anhelante las revelaciones que ayer anunciaba Anónymous sobre el PP, con la esperanza de que sus descubrimientos hagan reaccionar a la judicatura, y pida cuentas de las tropelías cometidas contra las arcas públicas, esto es, contra la ciudadanía, y sobre las que, a pesar de que cada día se conocen nuevas irregularidades, no parece ir a reaccionar. Hoy mismo se ha sabido que el PP pagó tres veces más de indemnización, al margen de lo obligado por ley, al exgerente Cristóbal Páez, quien tuvo en su poder los papeles de Bárcenas, o de la doble contabilidad del PP; se supone que para garantizarse su silencio por todo cuanto ese partido tiene que ocultar, y que dispone del dinero del pueblo para tapar sus desafueros. En tanto, su política de recortes y abusos, está resultando mortífera, en la medida en la que, dada sus decisiones sobre la sanidad, está costando vidas de la población.

Hoy mismo, la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública, denuncia un record en las demoras de listas de espera de cirugía que, no solo no se reducen, sino que incluso se prolongan. Un paciente, denunciaba esta tarde en La Sexta que en Madrid esas listas se vienen demorando artificialmente para favorecer a los hospitales que está privatizando el Gobierno autonómico. Mas el problema no afecta solo a la Comunidad de Madrid, cuyo consejero de Sanidad, Fernández Lasketty, está empeñado en poner en manos privadas la gestión sanitaria, un enorme negocio para empresas privadas, que tendrá como resultado una peor atención que la que daba la otrora modélica y admirada Sanidad Pública. En pocos meses la espera para cirugía ha pasado de 77 a 100 días, en el mejor de los casos, porque son muchos los pacientes que han de esperar mucho más tiempo para someterse a una intervención. A finales del año pasado había 571.395 pacientes en lista de espera, un 6,4% más que en junio (536.911). Además, de estos, un 16,5% llevaban más de 6 meses de demora desde que se les prescribió la intervención.

Y aunque en este país no hay cifras oficiales de las muertes producidas por negligencias médicas, muchas veces derivadas de la falta de personal y dotaciones en los hospitales, la Asociación del Defensor del Paciente cuantifica en 692 las personas que fallecieron por esa causa en 2012, 89 más que en 2011. En el último año hubo casos dramáticos, consecuencia directa de la inhumana decisión de la ministra de Sanidad, Ana Mato,de negar la atención a personas inmigrantes. Dos fallecieron por esa causa, que se haya sabido; una mujer en el País Valencià y un hombre en Illes Balears. Pero no han sido los únicos, personas mayores a los que la demora en la llegada de una ambulancia costó la vida, o retrasos en llevar a cabo una intervención quirúrgica, se han sumado a esa dolorosa estadística oculta, de la que raramente dan cuenta los medios, entre otras cosas porque los propios familiares de los pacientes temen denunciar por temor a represalias, y también porque los propios medios silencian esas noticias por no ‘molestar’ al poder.

Los recortes en la Sanidad Pública son también responsables de que la esperanza de vida haya caído en este país unas décimas en un solo año, porque según el INE en el presente se sitúa en 78,87 años para los hombres y 84,82 para las mujeres (81,87 de media para ambos sexos, ocho centésimas menos que en 2010. Aunque se trata de unas centésimas, los demógrafos lanzan una llamada de atención, porque consideran que supone un giro respecto a los últimos años en la mejoría de un indicador de bienestar como es la expectativa de longevidad. En 2010, la esperanza de vida se cerró con su tónica habitual: al alza. Era de 78,94 años para los hombres y de 84,91 para las mujeres. Pero el avance de datos oficiales del primer semestre de 2011, difundido hace unas semanas, echó un jarro de agua fría a una tendencia que no se rompía desde 2004.

A las cifras de los fallecimientos por los recortes en sanidad hay que sumar las de suicidios, registrados a causa de la desesperación que genera la absoluta penuria económica que ha llevado a cientos de miles de personas a perder sus casas por las hipotecas de bancos -rescatados con el dinero de los ciudadanos-, y a los que el Gobierno niega prestaciones por paro y ayudas a la subsistencia que, además, no contempla como un derecho ciudadano, sino como una limosna que conceden a su albedrío Ayuntamientos o Comunidades autonómicas que, en las gobernadas por el PP, exigen una serie de condiciones humillantes para quienes las solicitan.

Con los datos que se barajan por fallecimientos por la deficiente atención sanitaria impuesta por el Gobierno central y los autonómicos gobernados por el PP, más las muertes por suicidio registradas desde que gobierna Raxoi, se podría decir, sin temor a exagerar, que este Ejecutivo mata a los ciudadanos.

Interesado tan solo en promover los negocios de las empresas que se lucran con la sanidad privada, a la que lo único que le interesa son los beneficios y no la curación de los pacientes, o en hacer cada día más ricos a los banqueros y grandes empresarios - los mismos que han estado procurando substanciosas comisiones al PP con el fin de que pueda llevar a cabo campañas electorales con ventaja, y que sus dirigentes cobren jugosos sobresueldos-, el actual Gobierno ha pasado de llevar a cabo unas políticas de recortes injustas y abusivas, a poner en práctica unas políticas criminales que le están costando la vida a los ciudadanos.

La pregunta es si el pueblo tiene sentido de la conservación y va a reaccionar antes de que el PP acabe, no solo con sus derechos, sino con sus vidas.

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