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Setenta y nueve vidas y cuarenta mil millones: El coste aproximado de la corrupción.

Cuando hace unas semanas se empezó a hablar públicamente de la más que presunta corrupción del PP, en este blog ya se explicaba que las empresas donantes de esa formación no lo hacían por generosidad, ni a ellas les suponía coste alguno, sino que este se cargaba sobre las espaldas de los ciudadanos, paganos de los latrocinios de políticos que están en esa tarea ‘para forrarse’, y hacer que se enriquezcan sus amigos. El coste brutal de la corrupción se pone de manifiesto cuando sucede una tragedia del volumen de la ocurrida en el accidente ferroviario de Santiago de Compostela. Porque, aunque los medios cavernarios, muchos periodistas apegados al poder y otros de los que siempre precisan alguien a quien crucificar personificaron y colgaron al maquinista del tren la culpa del siniestro y, ni aun cuando este se hubiera distraído o despistado puede culpársele de la tragedia porque, en realidad, si las infraestructuras hubieran sido las adecuadas, el drama podría haberse evitado, y esto, dando por descontado que, en el estado emocional del maquinista cualquiera hubiera exonerado al diablo y recabado para sí toda la culpa.

Porque se da la aterradora casualidad de que la adjudicataria del tramo en el que se produjo el accidente - que carece de las balizas ERTMS, que hubieran detenido el tren-, es ACS, que a través de su compañía de cabecera, Dragados, fue una de las donantes de dinero ilegal al PP, según figura en los papeles de Bárcenas. ACS obtuvo contratos directos de la Xunta de Galicia bajo el mandato de Núñez Feijóo, y una filial de dicho grupo, Vías y Construcciones, fue la principal adjudicataria del Gobierno gallego en 2012, que a la vez, recibió donaciones por valor de dos millones de euros, tanto de la citada ACS, como de otras empresas adjudicatarias de obras públicas, encarecidas y mal hechas para poder llevar a cabo las mordidas.

La chapuza de las vías del trayecto Ourense-Ferrol, en el que la vía cambia de estructura, para dejar de ser AVE y convertirse en vías normales por las que circulan trenes, no de alta velocidad, sino de velocidad alta, como especifica Renfe, resulta un claro ejemplo de cómo se hacen las cosas en este país, donde prima ante todo la rentabilidad de las empresas y los políticos. Poco importa que ese sistema sea menos seguro que el de las vías del AVE, que obligatoriamente tienen que tener instaladas las balizas ERTSM; lo importante fue, en su momento, de dónde se podía ahorrar para hurtar lo suficiente al presupuesto para sobornar a una administración corrupta. Que eso, al final haya costado setenta y nueve vidas - hasta el momento, pues hay aún heridos muy graves cuyo pronostico no es nada optimista- poco importó a los corruptos, a los que lo único que les incumbe es la rentabilidad de los proyectos, o dicho en román paladino, cuánto pueden robar.  

Decir que la corrupción ha costado setenta y nueve vidas, puede resultar tal vez un tanto generoso, porque la realidad es que la corrupción está costando muchas vidas, ya que a las que costó el terrible accidente ferroviario de Santiago, habría que sumar los fallecidos por ausencia de atención sanitaria, a quienes se la quitaron por negación de las prestaciones a causa de unos recortes que, de no haber existido la corrupción, no se habrían tenido que llevar a cabo, si se tiene en cuenta un estudio de la Universidad de las Palmas, realizado por los investigadores Carmelo J. León, Jorge E. Araña y Javier de León, que defienden que la corrupción viene costando alrededor de cuarenta mil millones de euros al año. Una cifra que, en dos o tres años, supondría no solo no estar sufriendo las consecuencias del déficit, sino que tendríamos superávit, y si a eso le súmanse lo que evaden los defraudadores de impuestos, este podría ser uno de los países de economía más sólida de toda Europa.

Mas tristemente este país, inmerso en una crisis económica cargada todo el tiempo sobre las capas más débiles de la sociedad, es testigo de cómo algunos políticos-empresarios se han estado forrando a lo largo de los años. Un ejemplo de esos políticos de trayectoria tan opaca como su personalidad es el de Juan Cotino, actual President de Les Corts valencianas, conocido por la mayoría de la ciudadanía como el silente político que no quiso dar cuenta del accidente del Metro de València ante las cámaras de Jordi Évole, pero conocido por los valencianos como una de las figuras más ominosas de la política del País Valencià, soltero, miembro del Opus, y principal accionista de una de las empresas donantes del PP y adjudicataria privilegiada de obras y servicios, aún no siendo esa empresa, Sedesa, la que mejores ofertas presentase.

En el continuo goteo de informaciones sobre la corrupción, El Confidencial. com, cuenta hoy que la familia Cotino se llevó noventa millones de euros en adjudicaciones del Consell para obras públicas sin concurso previo. Aunque no serían solo esos millones los que obtuvo la poderosa y tétrica familia de las exhaustas arcas valencianas, porque entre obras públicas, concesiones administrativas para atender geriátricos, movimientos de tierras en lugares sobre los que pesa la sospecha, como Terra Mítica, la cifra de beneficios recibidos por la familia Cotino podría estar cercana a los mil millones de euros entre 1998 y 2009. Los datos los proporcionó la empresa de detectives Método 3, a través de un informe encargado por un rival empresarial, escamado por que al entramado de constructoras, concesionarias de geriátricos, construcción de autovías o indemnizaciones millonarias por tierras expropiadas, fuese siempre la beneficiaria del Consell, en licitaciones amañadas, o recibiendo la concesión sin admitir a otros licitantes.

Así pues los corruptos no solo son responsables de delitos fiscales, ni de prevaricación o cohecho, son, a la vista de las tragedias que sufren los ciudadanos de este país, como consecuencia de la corrupción, culpables de homicidios más o menos involuntarios, sinvergüenzas que tendrían que sentarse en un banquillo no solo por ladrones, sino por asesinos, no solo por truhanes sino por genocidas. 

No pesan sobre sus espaldas delitos económicos, pesa la sangre de personas con nombres y apellidos. Y algún día los corruptos tendrán que pagar por tanto crimen. 

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