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La ilegitimidad del PP y la pasividad de la UE




Algún mecanismo tendría que existir en un país democrático para obligar a la celebración de elecciones, si se comprueba que el partido que las ganó lo hizo de forma ilegítima. Carezco de los suficientes conocimientos constitucionales y legales para saber si nuestras leyes contemplan esa posibilidad. Tal vez a los padres de la patria se les olvidó, o no contemplaron esa contingencia, llevados por una ingenuidad franciscana, o bien porque quienes constituían mayoría a la hora de redactar la ley de leyes, obviaron el asunto por si acaso entre sus filas recurrían a la trampa. Como ha hecho el PP en todas las confrontaciones electorales, incluidas las que perdieron y en las que tuvo que existir una abrumadora mayoría contraria para que, ni con sus trampas, lograran acceder al poder.

No obstante en los últimos comicios se empleó a fondo, no se limitó a recurrir al sucio truco de, jugando con ventaja, disponer de mucho más dinero que el resto de fuerzas políticas para su campaña, sino que recurrió a toda clase de andróminas disponibles para engañar a un pueblo desesperado al que contó aquello que quería oír, aún sabiendo que iba a hacer exactamente lo contrario.

Hacer relación de las muchas falacias electorales que utilizó en su campaña resulta, a estas alturas, reiterativo. Baste recordar algunas de las mentiras más palmarias que proclamó en el periodo preelectoral y la campaña: Que no daría más dinero a los bancos y que no tocaría la Educación y la Sanidad. Solo esas mendacidades premeditadas tendrían que invalidarlo para ejercer las tareas de Gobierno. La mayoría absoluta de la que se chulea el Presidente del Gobierno, Mariano Raxoi, con la desfachatez de los truhanes, no es sino, y como se viene repitiendo en este blog desde hace meses, la consecuencia de un golpe de Estado a través de las urnas.

Mas esa mayoría absoluta, de la que tanto presume Mariano Raxoi Brei –dicen algunos medios que mero pelele de una serie de personalidades neocon, como el presunto evasor de impuestos y consejero áulico de Aznar y del actual Presidente, Pedro Arriola-, es una mayoría ficticia puesto que la obtuvo ofreciendo al electorado un producto que no era el que vendía. Si un comerciante vende cualquier objeto que no es el que responde a la propaganda que hizo, la ley de Defensa de los Consumidores considera ‘estafa’ semejante práctica, porque la legislación que vela por la defensa de quienes adquieren bienes y servicios contempla que la publicidad forma parte del contrato. Y el incumplimiento doloso de un contrato es considerado estafa.

Así pues, si el PP ganó las elecciones mintiendo al electorado, además de usar más fondos que el resto de los partidos para sus campañas electorales, está deslegitimado para gobernar. La ciudadanía ya no se fía ni del Presidente ni del partido que lo sustenta, así lo dice una encuesta publicada hoy por el diario El Mundo –y otro día habrá que analizar el papel de El Mundo y su director en este asunto- en el que 83% de los consultados cree que se financió ilegalmente con dinero procedente de las mordidas que generaban contratos, igualmente ilegales, efectuados por las Administraciones Públicas donde gobernaba. Dicho en román paladino y por si alguien no ha caído aún en cómo hacía el PP las cosas: Contrataba a dedo, y por mayor precio del que realmente costaban las obras, para recibir dinero con el que financiar unas campañas a las que obligaba a contribuir a todos los ciudadanos, siendo o no afines a su ideología, inflando el precio de las cosas. Más ilegalidades pues: las cometidas contra la Ley de Contrataciones Públicas y el señalado en el Código Penal para quienes alteran injustificada y torcidamente el precio de las cosas. Tan escandalosas son esas prácticas que la UE investiga el porqué de esos sobrecostes en la construcción de autovías financiadas con fondos Feder.

Al existir evidencias de que el PP financió sus campañas de forma ilegal, que mintió al electorado, y que por tanto carece de legitimidad democrática, resulta incomprensible que la UE, que exige pulcritud democrática a todos los estados miembros, no imponga al Gobierno español, la celebración inmediata de elecciones.

Pero es claro por qué no lo hace: La UE, sometida a las directrices del Gobierno neocon alemán, teme que los países periféricos, corruptos y con usos poco democráticos, celebren elecciones que puedan ganar partidos con una ideología que no actúe a sus dictados. Que el Gobierno de Raxoi es corrupto, que no cumple con los mínimos exigidos a un país democrático en materia de libertades públicas y derechos sociales los saben todos los países europeos. Pero si exigen que, como Estado miembro, cumpla con las normas democráticas, podría darse que las elecciones las ganase una coalición de izquierdas que pusiera pie en pared a todas las exigencias de los bancos alemanes, declarase deuda odiosa o, incluso, decidiese salirse de la eurozona con las consecuencias que esto podría tener para las finanzas alemanas.

Europa puede exhortar a que se cumpla con los presupuestos democráticos, y por lo tanto, exigir que, cómo Estado miembro, se respeten las normas de juego limpio, dado que el actual Ejecutivo ganó las elecciones mintiendo a los ciudadanos tras una campaña llevada a cabo con ventaja. Mas no lo hace porque prefiere en España un Gobierno de corruptos –como lo prefirió en Grecia, cuando hizo todo lo posible para que Siryza no ganase las elecciones- a un gobierno de honestos demócratas que no acepten las imposiciones de los especuladores financieros.

Durante la dictadura fascista de Franco, y en la etapa de la transición, siempre con la amenaza del ruido de sables, los demócratas pensábamos que la entrada en la entonces Comunidad Europea, garantizaría la democracia. No ha sido así, incluso, y como se ha visto con la intromisión contra la ley andaluza de vivienda, resta, en lugar de sumar, cuando de derechos ciudadanos se trata.

Con un gobierno corrupto y que llegó al poder con engaños e irregularidades, integrados en una UE que no sirve a la ciudadanía para otra cosa que para perder derechos en nombre de los mercados y la estabilidad económica que ellos imponen, no queda otra salida que buscar resquicios legales para anular los resultados electorales, y reclamarlos en la calle con contundencia. Porque el PP no va abandonar el poder por mucho que se demuestren todas sus ilegalidades, ni va a convocar elecciones anticipadas, ni Europa va a velar por el cumplimiento de las normas democráticas, y sería suicida esperar a 2016 para desalojar al PP del poder.

Ni puede la ciudadanía conformarse con las reclamaciones de comparecencia en el Parlamento del Presidente Raxoi que hace la oposición mayoritaria del PSOE. No se trata de que comparezca a dar explicaciones, porque si dar explicaciones lleva implícito decir la verdad, tendrá que dimitir, y si miente, como es lo más probable, debe dimitir por engañar a los ciudadanos.

En términos históricos pareciera que estamos en una coyuntura similar a la de 1808. Raxoi parece un epígono de Godoy, la UE representa algo mucho peor que lo que podía haber supuesto el gobierno de José I Bonaparte, y no podemos arriesgarnos a que la salida a la actual situación sea el gobierno de un Fernando VII cualquiera… O un Felipe VI.

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