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El desconcierto de todo un pueblo frente a la Justicia

En una situación como la actual, en la que el pueblo ha perdido la confianza en sus políticos, manchados por numerosos casos de corrupción –arrastrada desde el comienzo de la pseudodemocracia, pero que ahora escuece más, porque cuando había de todo y para todos nadie se planteó que la ausencia de ética conllevara la pérdida de un dinero que, en el  presente, escasea en unas arcas públicas en las que en el pasado unos cuantos malhechores entraron a saco- incapaz de poner coto a los abusos de la banca a la que, después de permitirle especular y estafar a sus clientes, carga sobre los ciudadanos las consecuencias de su mala gestión y aún de sus latrocinios, impunes siempre, el pueblo vuelve la mirada a la Justicia como tabla de salvación que ponga freno a todos los abusos cometidos por políticos corruptos, banqueros desaprensivos y especuladores ladrones. Aunque, en ocasiones, su mirada se vea defraudada por unos jueces que no siempre responden a sus expectativas, una Fiscalía al servicio jerárquico del poder, y unas leyes hechas a la medida de los poderosos.

La prensa nos da cuenta con frecuencia de la extraña vara de medir de la Justicia, que, en ocasiones, además de ciega parece absurda y, aunque podría parecer un contrasentido, injusta. Porque puede darse el caso de que en el mismo día e incluso en el mismo medio pueda leerse que un juez de lo penal condena a un año de cárcel a un pobre desdichado por robar una gallina en una casa de apariencia abandonada, a la vez que considera prescrito, y por tanto no objeto de sanción que un partido político, el PP, financiara campañas electorales, las de 2003 y 2004 concretamente, de forma ilegal. Los chanchullos se cometieron en connivencia con la red Gürtel y gracias al uso de la fundación Fundescam como canal opaco de captación de fondos y pago de facturas, según el contenido del informe policial de la Brigada de Blanqueo enviado en su día al juez Pedreira.

Que esa financiación ilegal supusiese, además de un asalto a las arcas públicas, como todos los cometidos por los integrantes de la trama Gürtel, un fraude a la democracia, porque permitió que un partido jugase con ventaja respecto al resto de los que se presentaron a las elecciones con unos límites de gasto para sus campañas no significa nada para la supuesta Justicia porque, al considerar que el delito ha prescrito, los responsables del fraude democrático no tendrán que purgar responsabilidades penales, cosa que no le sucederá a quien robó una indefensa gallina cuyo valor se fijó en cinco euros.

Al honrado ciudadano, consciente de que cuando el pueblo comete delitos lo paga, le cuesta trabajo aceptar que los poderosos transiten por la senda de la impunidad hagan lo que hagan y que los procesos se alarguen en el tiempo, sospechosamente, hasta que los delitos se declaran prescritos. Es lo que está sucediendo en procedimientos como el del caso Gürtel y su pieza separada sobre el tesorero Bárcenas. A la Ministra de Sanidad Ana Mato le han encontrado más de una ilegalidad, recibos de regalos por parte de la trama Gürtel, en forma de viajes, que ella dice haber pagado pero que no es capaz de demostrar. Y cuando la prensa o la oposición  la aprietan, preguntándole si dimitirá por estar inmersa en el escándalo, se escapa con la irrazonable razón de que, en todo caso, si hubo delito prescribió, olvidándose de la ética y las responsabilidades políticas.

El caso Gürtel o el caso Bárcenas, del que cada día se tienen nuevas noticias sobre la presunta e ilegal financiación del PP durante más de veinte años, viene siendo una fuente de sorpresas para una ciudadanía incapaz de entender las razones por las que, ni la Fiscalía Anticorrupción ni el propio juez Ruz, consideran que haya de ser necesario que el expresidente José María Aznar declare sobre el asunto, aunque él fuese el máximo responsable de un partido que, según las últimas informaciones, conocidas a través del director de El Mundo, se estuvo financiando ilegalmente durante veinte años y sus dirigentes cobrando sueldos ilegales en negro.

Los partidos políticos reaccionan mal ante las investigaciones judiciales y, curiosamente, emplean los mismos términos para quejarse de que la Justicia ponga la lupa sobre sus finanzas o sus corruptelas. El calificativo que más se ajusta a la reacción de los partidos frente a las investigaciones judiciales no puede ser otro que ‘penoso’. Oír a dirigentes del PP y del PSOE poner en tela de juicio las investigaciones judiciales con las mismas palabras: ‘causa general contra el partido’ produce vergüenza ajena.

Aunque en algunos casos, como el de los ERES, la jueza que lleva el caso haya cometido una metedura de pata al imputar a la exministra socialista  Magdalena Álvarez, sin decir a causa de qué la imputa, lo que ha dado lugar a que el juez emérito del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín, hiciese unas duras declaraciones en las que tildaba el auto de la jueza Mercedes Alaya, como ‘nulo y sorprendente’. Es duro aceptar por parte de la ciudadanía que las simpatías o antipatías de un togado, interfieran y pongan en sospecha la instrucción de un caso tan nauseabundo como el de los ERES en Andalucía, protagonizado por altos cargos socialistas que, se pongan como se pongan, es un caso de corrupción tan maloliente e inmoral como los que puedan protagonizar otros partidos.

La divergencia de sentencias y procedimientos, la tolerancia con unos y el rigor con otros, el hecho de que ante casos similares haya señorías que absuelvan y otras que condenen, la posición de la Fiscalía, sometida jerárquicamente al Gobierno, y que muestra una gran tolerancia con delitos como los cometidos por los banqueros, en la venta de acciones preferentes a incautos ahorradores, aunque muestra un gran rigor contra quienes intentan ejercer su libre derecho de manifestación o llevar a cabo algún escrache que, desde estamentos judiciales no se consideran delitos da lugar a que la ciudadanía se sienta perpleja ante la Justicia, ante el comportamiento de unos jueces, la mayoría de ellos integrantes de una casta que se perpetúa de padres a hijos en los tribunales, con la misma ideología ultraconservadora y que hace de la judicatura un coto cerrado en el que apenas si entran bocanadas de aire fresco.

Desconcertado, el pueblo se pregunta a dónde mirar para encontrar una institución, un estamento, que le garantice el buen proceder de los políticos y la justicia, algo que le proteja de tanto desafuero y tanto abuso.

No es de extrañar que, ante el erial social en el que se ha convertido esta sociedad, desarticulada y en la que la defensa de los derechos ciudadanos brilla por su ausencia, el pueblo clame que no se siente representado. Y se plantee que es precisa una reforma constitucional que haga que la democracia sea algo más que una palabra huera en una sociedad dirigida por corruptos, incapaces o avaros.


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