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Sanidad y corrupción: Una historia de política ¿ficción?



Los guionistas de series de intriga estadounidenses, o incluso grandes nombres del cine como Costa Gavras, no saben qué filón tienen en este triste país mediterráneo sacudido por la crisis pero, sobre todo, por una corrupción que infecta todos los estamentos del poder. De estar atentos a cuanto acontece aquí, tendrían una fuente inagotable de inspiración, una enorme cantidad de asuntos que podrían cuajar en tramas de política-ficción que dejarían en mantillas a películas de la década de los sesenta que tuvieron un gran éxito, como ‘Teléfono rojo ¿volamos hacia Moscú?’, ‘Siete días de mayo’, ‘La noche del cazador’, y otras tantas que concitaron la atención del público y el beneplácito de la crítica.

Bien podría algún guionista avezado escribir una historia en la que, a partir de la denuncia de un grupo de médicos, alertados por la incoherente gestión de una administración que, tras privatizar una serie de hospitales en nombre del ahorro, derrocha el dinero de los contribuyentes al no cobrarles por los pacientes que esos centros privatizados desviaban a la sanidad pública porque no les resultaba rentable atender a algunos enfermos, y que acaba con el presidente del país dando con sus huesos en la cárcel por todo cuanto se ocultaba tras la intención privatizadora de un gobierno regional.

Naturalmente, para que la película tuviese éxito tendría que tener como protagonista a un incansable investigador que, a las órdenes de un juez insobornable que debe enfrentarse a toda clase de chantajes, presiones y amenazas, va tirando del hilo de una urdimbre de corrupción financiera en la que están involucrados desde políticos de alto nivel a familiares de esos políticos, personajes pantalla que, a través de matrimonios de conveniencia, ponían la cara y el nombre para ocultar la verdadera identidad de quienes formaban una verdadera trama de intereses financieros a través de empresas de gestión de hospitales.

El juez y su investigador de confianza tendrían, en ese guión que daría lugar a una interesante película de intriga, que viajar hasta, pongamos, Luxemburgo, paraíso fiscal donde se perderían las pistas de los inversores de las empresas que controlaban los centros sanitarios una vez privatizados. A través de mil peripecias, el investigador acaba descubriendo que el accionista mayoritario de esa sociedad que controla la sanidad privatizada de una región y cuyo modelo quiere extenderse a todo el país no es otro que el propio Presidente del Gobierno de la nación que, junto con sus hombres y mujeres de confianza, controlaban todo un entramado de intereses con la colaboración de otros políticos, o políticas, que en el país se presentan como enemigos ideológicos, aunque en realidad, estaban inseparablemente unidos por lo que más puede unir a gente como la protagonista de ese hipotético guión: el dinero.

Detrás de la evidencia de personajes que pasaban de los despachos de la política a los despachos de las inversoras, en un compadreo intolerable, el investigador va descubriendo toda una red de intereses creados, de prebendas, presiones y agradecimientos; de compra de voluntades y de manipulación mediática.

Para que no toda la acción transcurriera en despachos donde los poderosos manejaban la salud de millones de personas, como si de billetes falsos del Monopoly se tratase, sería interesante incluir imágenes de enormes movilizaciones de una ciudadanía contraria a la privatización de la sanidad que, a pesar de la altísima participación, nunca es escuchada por el poder. Incluso, para añadir dramatismo, se podrían incluir imágenes de cargas policiales contra sanitarios y pacientes.

A lo largo de la película, en la que uno de ‘los malos’ deberá ser un tipo agraciado, acompañado por una ‘mala’ con mucho poder, mucha desfachatez y casada con uno de los hombres de paja de la historia, se desarrollarían batallas de descalificación personal contra los médicos denunciantes y el propio juez, que está a punto de verse expulsado de la carrera judicial por investigar un asunto muy lesivo para quienes se hacen de oro a costa de desmantelar lo público, con el pretexto de la eficacia y la colaboración de unos medios que, durante años, envenenan a los ciudadanos con falsas historias, culpando a los facultativos de inoperancia, cuando no de crímenes.

Y como, si las películas carecen de una trama amorosa de transfondo parece faltarles algo, podrían los guionistas, o bien convertir en jueza al insobornable togado para que tuviesen un idilio, o bien contar con la figura de una fiscal, al principio sumisa con el poder, que acabaría poniéndose del lado de la honestidad, después de vivir una tórrida historia de amor con el investigador.

De elegirse esa opción, el guionista podrá, de paso, poner en evidencia las miserias de una fiscalía manejada por el poder que, en lugar de cumplir con su misión acusadora, actuaría como defensora de los imputados.

También cabría la opción de un final abierto, que permitiera que el espectador adivinase la resolución de la trama,  para que el espectador pudiese imaginar, tanto que triunfa la Justicia y los inmorales acaban en la cárcel, como que sea el Juez el que acaba expulsado de su juzgado, sancionado y desprestigiado, en tanto los corruptos triunfan en sus propósitos de privatizar la sanidad hasta el extremo de que la última secuencia de la película fuese la de un paciente víctima de un infarto, desatendido por un personal que le comunica que no va a ser tratado porque carece de dinero para pagar la consulta.  En ese caso, el último fotograma sería la imagen del hombre muerto en la acera, ante el centro privatizado.   

Naturalmente esto es solo una elucubración de esta bloguera. El parecido con la actualidad pónganlo los lectores, si les apetece.

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