Ir al contenido principal

Nueva Ley de Costas. Más negocio, más financiación ilegal del PP

La aprobación el pasado nueve de mayo de la Ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral, promovida por el Ministro de Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, que constantemente ha dado muestras de su nula sensibilidad medioambiental, permitirá que el litoral de este país quede convertido en un muro de cemento, un solar urbanizable a mayor gloria de la especulación del ladrillo y los negocios de hostelería, al permitir que nuestra costa sufra, de manera irreversible, un proceso de privatización y destrucción que la hará irrecuperable.

La nueva Ley de Costas concitó el rechazo de toda la oposición y, por supuesto, de todos los grupos ecologistas que consideran esa reforma legal como un instrumento más dedicado a promocionar, de nuevo, la especulación y el ladrillo como único motor económico de este país. EQUO, por ejemplo, considera que favorece los intereses privados, en detrimento del bien público y que contribuirá a desproteger aún más nuestro deteriorado litoral. Para la formación ecologista ‘la nueva Ley evidencia que el PP pretende recuperar el ladrillo como motor de la economía y continuar de esta forma destrozando nuestras costas’.

Y un informe de Greenpeace revelaba cómo la nueva ley de costas desprotege el medio ambiente, vulnera un buen número de directivas europeas, y podría favorecer a unos pocos constructores. Uno de los posibles grandes beneficiarios de la reforma sería el empresario Juan Miguel Villar Mir, uno de los imputados por el Juez Ruz por las supuestas donaciones ilegales al PP. 

Al conocer detalles de los sumarios Gürtel y Bárcenas, las intenciones del Gobierno con la aprobación de una ley que reduce el dominio marítimo terrestre a la mínima expresión –pasa de los anteriores cien metros a los escasos veinte- resulta incuestionable que el único motivo de la reforma legal es el de proporcionar una patente de corso a quienes pretenden enriquecerse con la construcción y el turismo para que, con la ley en la mano, puedan perpetrar todas las agresiones medioambientales necesarias para hacerse de oro. Y que mostrarán su agradecimiento a los responsables políticos de la reforma que, como vienen haciendo desde hace muchos años, según recoge el sumario Gürtel, se vienen financiando con substanciosas donaciones de esos reconocidos empresarios que aportarán, al partido que sustenta al Gobierno, maletines repletos de billetes que, prestos y una vez repartida la parte alícuota en sobres, enviarán a cualquier paraíso fiscal.

Ecologistas en Acción denunció que desde su llegada al poder el Ejecutivo viene aplicando modificaciones a la norma, desde el primer día de la toma de posesión de Arias Cañete, previas a la promulgación de una ley que supone la amnistía a todo el que burló la Ley de Costas de 1988, dado que se permitirá la permanencia de núcleos de población, o instalaciones independientes, situadas en los 100 metros de Servidumbre de Protección del Dominio Público Marítimo Terrestre, que la nueva normativa considera suelo urbano.

Pensada únicamente con criterios economicistas, e ignorando absolutamente no ya la conservación, sino los riesgos de catástrofes que pueden acarrear masivas construcciones en la costa y en ramblas, articulada tan solo en pro del lucro económico de promotores y dueños de restaurantes y chiringuitos, pone en evidencia que el ansia de gobernar del PP –que pasó ocho años haciendo una oposición desmesurada de infamias y calumnias- estaba guiada únicamente por su necesidad de hacer negocios; legislar de acuerdo con los deseos de promotores del ladrillo y grandes empresarios para que, al complacerlos, estos agradeciesen los servicios prestados con unas donaciones que, durante decenios, han proporcionado al PP fortunas que se sospechan incalculables, guardadas en paraísos fiscales, si nos atenemos a las palabras de Luis Bárcenas  -‘ese dinero no es solo mío’-, poco antes de su detención.

Mucho se especula en las tertulias políticas sobre la titularidad real de las cuentas de Bárcenas, dicen algunos comentaristas que se autorreputan de enterados, y quizá intentan desviar la atención de los verdaderos propietarios, que serían de grandes inversores. No citan nombres, obviamente, pero lo que parece más lógico pensar es que el dinero de las cuentas de Bárcenas, que no son solo suyas, pertenezcan al PP, que habría amasado una cuantiosísima fortuna con el objeto de pagar abultados sueldos a sus dirigentes, gastar ilimitadamente el dinero en campañas electorales, con supuestas compras de votos incluidas, costearse opiniones favorables a través de medios de comunicación y, en definitiva, manipular la democracia a golpe de billete.

No hay otra forma de entender el porqué de la modificación de una Ley de Costas que consagra el todo vale de la destrucción del litoral, perpetuando construcciones  innecesarias en un país en el que existen más de 3,4 millones de casas vacías, con una degradación diaria de 7,7 hectáreas de costa para crear urbanizaciones y una más que sospechosa vinculación entre políticos y empresas constructoras.

Diversos grupos ecologistas enviaron a la Comisión de Peticiones de la UE un informe para solicitar la intervención urgente de la Comisión Europea y los socialistas españoles han denunciado ante ese organismo la nueva Ley de Costas porque consideran que es incompatible con, al menos, seis directivas comunitarias. Quieren  que sea la CE la que se pronuncie sobre la normativa aprobada por el Ejecutivo de Raxoi y aclare si cumple las normas europeas, al tiempo que pregunta qué medidas piensa tomar en el caso de detectar errores graves de inadecuación relativas a la protección de aguas costeras y aguas de transición, a los riesgos de inundación, a las medidas para garantizar un estado satisfactorio de las aguas, de las aves silvestres;  la de los hábitats naturales y la fauna y flora silvestres, al procedimiento de renovación de las concesiones administrativas y a la duración de las mismas.  


Una vez más hay que confiar en que sea la UE la que ponga coto a los abusos de un partido como el PP que, a la hora de legislar, solo tiene en cuenta el dinero que recibirá en agradecimiento a los servicios prestados a los poderosos.

Si te gusta este blog y lo que en él se cuenta puedes contribuir con una pequeña aportación económica para ayudar a su autora, en paro desde hace más de tres años y que no recibe prestaciones ni ingresos de ningún tipo. 
Si no recibo vuestra ayuda solidaria acabaré sin poder pagar los recibos y de luz y de teléfono, por supuesto el alquiler, y corro el riesgo de convertirme en una sin techo. Y no podré escribir nunca más…Quienes quieren silenciar las voces críticas se habrán salido con la suya.   


Comentarios

Entradas populares de este blog

26J: ¿Pucherazo o estupidez del pueblo?

Susana Díaz: El enemigo en casa

Crónica en negro del País Valencià: ¿Carlos Fabra implicado en asuntos mucho peores que la corrupción?

Quienes gustan de la historia, saben que muchos acontecimientos nunca explicados por los coetáneos de hechos ominosos, acaban apareciendo claros como el cristal con el transcurrir de años, o de los siglos. Acontecimientos políticos, guerras sin sentido que respondían a intereses económicos ocultos o, incluso, a pasiones de índole sexual, se desvelaron con el paso del tiempo aunque, para quienes fueron testigos directos hubieran constituido secretos insondables.
Una publicación catalana, El Triangle, sacaba a la luz en días en pasados un artículo sobre el crimen de las niñas de Alcàsser en el que, según recoge un amplio reportaje en su edición de papel, la confesión de un arrepentido podría implicar al todopoderoso y corrupto Carlos Fabra, expresidente de la Diputación de Castellón durante largos años, en una red de pornografía infantil que llevaba a cabo, igualmente, un amplio abanico de actividades ilícitas: importación y venta de cocaína procedente de Panamá, tráfico de armas, trapic…