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Indicios de genocidio: Negar medicaciones imprescindibles y tortura a desahuciados



¿Cuánto vale la vida de una persona para este Gobierno? Parece que depende a qué clase pertenezca. Hace ya tiempo se elucubraba en este blog si desde la UE se estaba planeando el genocidio de los pobres, a tenor del hurto de derechos y prestaciones que sufre la ciudadanía europea –sobre todo la de los países del sur-, consecuencia de una crisis que parece planificada para acabar con los más débiles. El Reich de los mil años de Hitler parece haber resucitado substituyendo los cañones por la prima de riesgo y los aviones por el déficit. Cuando parece cada vez más claro que ese ser, peligroso y lesivo para los intereses de Europa que es la Fürheresa Merkel, ganará las elecciones en su país y seguirá imponiendo las mismas medidas crueles e irrazonables que viene aplicando desde hace años, los gobiernos colaboracionistas, al modo del de el General Pétain en Francia durante la II Guerra Mundial, como el Gobierno de España, no cejan en cumplir con los objetivos de déficit impuestos por la UE, sin reparar en los métodos. A esa decisión se suma, en este país, la de favorecer las abusivas políticas de los bancos a los que tan solo los jueces parecen poner freno, dado que el Ejecutivo se niega, incluso, y solo en este caso, a cumplir con lo que le indica la UE. 

Son claros los indicios de que desde algunos sectores de poder se viene llevando a cabo un claro genocidio contra los más débiles, con decisiones que conducen a criminales recortes sanitarios de todo tipo, que deberían ser constitutivos de delito si se aplicase la sanción que conlleva la ausencia a la prestación de socorro. A la decisión inhumana de que haya inmigrantes que fallecen por no contar con atención sanitaria, ancianos o dependientes que han de prescindir de su medicación porque deben pagarla, la prensa acaba de informar de que, además, el Sistema Nacional de Salud está alargando, por encima del año y en algún caso, llegando a rebasar los 24 meses, la negociación entre Gobierno y laboratorios para acordar el precio de los específicos contra el cáncer.

Los oncólogos denuncian que España ha pasado de estar en cabeza en la incorporación de fármacos oncológicos, junto a Austria, a situarse a la cola, junto a Portugal o Grecia. En los últimos tres años el gasto en sanidad ha caído un 10,6%, lo que equivale a 6.700 millones de euros menos en los presupuestos destinados a salud. De ese modo un específico llamado everolimus, indicado para pacientes de cáncer de mama en determinadas pacientes y cuyo uso fue aprobado por la Comisión Europea en julio de 2012 aún no se ha incorporado a la lista de fármacos subvencionados por red pública para tratar tumores de mama. Sucede lo mismo con  el vemurafenib, autorizado también por la CE en febrero 2012, para el melanoma metastásico en pacientes que expresan una mutación específica, o con el  ipilimumab para melanoma avanzado, que tuvo que aguardar desde julio de 2011 hasta octubre 2012, porque algunos tratamientos con esos específicos pueden superar por paciente los 57.000 euros. Los oncólogos denuncian que con estas dilaciones los pacientes no solo pierden calidad de vida, sino que se pone en riesgo su supervivencia. 

Es el caso de M. González, de 77 años y enfermo de cáncer de próstata desde hace cuatro años: su enfermedad avanzaba, así que la especialista encargada de su caso recomendó un nuevo tratamiento: acetato de abiraterona. Una vez prescrito, González fue a recogerlo a la farmacia del hospital de La Paz, en Madrid. “Me dijeron que no me lo daban porque era caro”, relata el paciente. “Cuarenta o cuarenta y tantos años pagando la Seguridad Social y cuando necesitas algo no te lo dan”, se quejaba. El tratamiento con acetato de abiraterona, cuesta entre 50.000 y 80.000 euros. Se trata de un fármaco relativamente reciente que, en un primer momento, se aprobó para una indicación muy concreta: pacientes con cáncer avanzado que ya habían pasado por quimioterapia. Sin embargo, hay otra indicación ya aprobada por la Agencia Europea del Medicamento; el cáncer de próstata metastásico en el que han fracasado otros tratamientos y en los que aún no está indicada la quimioterapia. Exactamente el caso de González. Y de otros centenares de pacientes de todo el país que pueden morir porque la Administración no quiere gastarse un dinero que es, tan sólo, una pequeña parte del que el Gobierno destina en regalárselo a la secta católica. 

Personas que no reciben el tratamiento médico adecuado porque el Ministerio de Sanidad, responsabilidad de Ana Mato -esa ministra que no se enteraba de lo que se gastaba en su casa, ni de los coches que tenía en el garaje y que, parece no enterarse tampoco de lo que cuesta una vida, interesada tan solo en esquivar a la prensa y en ahorrar para ser considerada ‘eficiente’  al margen de cualquier criterio humanitario-, o que no reciben prestaciones sociales aún en situaciones límites, o víctimas del acoso de unas entidades bancarias a las que el Gobierno no pone coto, y llevan a cabo acciones como la que perpetra Caja Sur –Caja de Ahorros propiedad de la secta católica-contra la familia de un hombre de 37 años que se suicidó ante la amenaza del desahucio de su casa. La entidad, después de producirse la tragedia, ha embargado la pensión de jubilación a sus padres,  e, incluso, contra cualquier principio de humanidad, acosan a su viuda. Esas situaciones  ponen en evidencia que este Ejecutivo ha decidido eliminar a los más débiles: enfermos, jubilados, parados arruinados, desahuciados, estudiantes que no pueden pagar sus matrículas… 

Son indicios más que fehacientes de un genocidio premeditado contra las capas más frágiles de la sociedad. Aquellos que no pueden rendir plusvalías que satisfagan la avaricia de empresarios feudales, bancos codiciosos y políticos clasistas, no cuentan con la protección exigible en los países supuestamente civilizados. 

Parece que ha llegado el momento de la que población tome conciencia de que en el momento en el que nos encontramos no hay más remedio que decidir entre ellos y nosotros.

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