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El pandemónium de la Justicia o como cava el PP la tumba de Montesquieu


“La Justicia no es un restaurante en el que se pueda elegir un menú”. Son palabras del juez José Elpidio Silva después de conocer que la Audiencia Provincial de Madrid le ha retirado definitivamente del caso Blesa, después de que el acusado pidiera su recusación. El juez que encarceló por dos veces al banquero de Caja Madrid, se convierte así en una víctima más del poder financiero y del político que no perdona a los jueces que osan atreverse con los poderosos.

Dice, tanto el DRAE como el Diccionario de uso del Español de Doña María Moliner, que ‘pandemónium’ es palabra que significa lugar en el que hay mucho ruido y confusión, a la vez, que es el nombre que dio John Milton en su Paraíso Perdido a la capital del infierno. Ambos conceptos se ajustan bastante a la descripción de lo que viene sucediendo en el ámbito judicial y fiscal. De igual modo, se puede recurrir, sin errar en exceso, a la popular frase pronunciada hace ya hace veinticinco años por Pedro Pacheco, -el itinerante, por no decir tránsfuga,  alcalde de Jerez de la Frontera-, cuando exclamó, al anular el TSA una sentencia de un derribo parcial del chalet del cantante y terrateniente Bertín Osborne, que ‘la Justicia es un cachondeo’.   

Efectivamente, existe en la actualidad un notable ruido y confusión en el ámbito jurídico y fiscal, porque, en lugar de dejar trabajar a jueces y fiscales de acuerdo con su buen saber y entender y ajustándose tan solo a hacer cumplir la legalidad, la Justicia más se parece a la capital del infierno miltoniana que a lo que tendría que ser el ámbito sereno de la aplicación de las leyes, sin que influyesen intereses personales, políticos o corporativos que torcieran su labor.

Mas lo cierto es que, hace ya muchos años, pero sobre todo desde que el Tribunal Supremo decidió la expulsión de la carrera judicial del juez Baltasar Garzón -más por venganza política, que no se sabe si responde a la de hacerle pagar la apertura del caso Gürtel o por su inconsciente suicidio judicial al tratar de investigar los crímenes de una dictadura que solo ha desaparecido de nombre que no de facto-parece haberse levantado la veda de las injerencias políticas y financieras en las decisiones de los jueces y los fiscales y, en el presente, las carreras de ambos se asemejan más a las de aquellos funcionarios de los Gobiernos de Turno que protagonizaron nuestra historia en el siglo XIX y principios del XX –aquellos que Alfonso XIII, estando ya en el lecho de muerte, recomendaba a su esposa que auspiciase, al decirle:  ‘Cristinita, guarda el coño, y de Cánovas a Sagasta y de Sagasta a Cánovas-siempre con su cargo en vilo según quienes gobernasen.

Al ver algunas decisiones, oír algunos comentarios y constatar ciertos comportamientos se puede afirmar, sin demasiado temor a exagerar, que muchas señorías se ven obligadas a tentarse la toga continuamente porque, de tomar decisiones que puedan molestar al poder político o financiero, pueden poner sus carreras en riesgo.

Porque, si el caso de Garzón no fuera suficientemente ilustrativo, en las últimas fechas todo el país está siendo testigo de la crucifixión del juez José Elpidio Silva por haber tenido la osadía de meter en la cárcel a alguien tan poderoso y tan amigo del PP como Miguel Blesa, factótum de todos los disparates y presuntas ilegalidades cometidas en Caja Madrid. Porque si la Audiencia de Madrid considera, tal como ha considerado, que Blesa pudo cometer irregularidades en la compra del City National Bank de Florida, en 2008, no se entiende que le haya quitado las competencias del caso. Al juez Silva todos los medios afines al sistema coinciden en acusarle desde ‘controvertido’ los más tibios, a barbaries de todo tono los cavernarios.

Visto como transcurrió el asunto de Blesa se puede colegir que resulto un suicidio profesional del togado el encarcelar a un tipo tan influyente como Blesa, con tan buenos amigos en el partido más poderoso del país, con un poder casi omnímodo, en un Estado donde hace ya mucho tiempo que viene cavándose y profundizando en la tumba de Montesquieu. Charles Louis de Secondat, Señor de la Brède y Barón de Montesquieu, autor del Espíritu de las Leyes, obra de la Ilustración en la que se considera la necesidad de una efectiva separación del poder judicial del resto de poderes, con el fin de evitar el despotismo-para enterrarlo definitivamente por los siglos de los siglos.)

Tal y como están las cosas, no es de extrañar que en otro caso mediático –el que parece en estas fechas ‘el caso’ por excelencia, el de los papeles de Bárcena, o de la financiación ilegal del PP y los sobresueldos a sus altos cargos- el juez Pablo Ruz ande con pies de plomo en la investigación del escandaloso sumario que, de ser civilizados en este país, haría tiempo que habría hecho caer al Ejecutivo, dadas las pruebas que, por mucho que los dirigentes de ese partido se dediquen a negar evidencias, a la vez que se permiten, desde veladas amenazas,  a la exigencia de que dé por concluido el sumario, con el objetivo, debe de ser, de que paren las investigaciones que pueden llevar a dejar la prueba palmaria de que el caso Bárcenas no es sino ‘el caso PP’.

El temor a ser defenestrado, criminalizado y expulsado de la carrera debe ser lo que lleva al joven juez a no tomar decisión alguna si no es con el plácet de la fiscalía, que está dando indicios de no tener ni un ápice de independencia y de estar toda ella al servicio del PP, si se tiene en cuenta que desde esa formación, andan lanzando avisos al propio Fiscal General Anticorrupción, Antonio Salinas, para que sea complaciente con las exigencias del partido del Gobierno, porque la renovación de su cargo anda próxima, y podría perderlo, igual que le sucedió al Fiscal Anticorrupción en tiempos de Aznar, Carlos Jiménez Villarejo.

Algunos juristas dicen echar de menos que Anticorrupción no haya actuado con medidas cautelares en lo que se refiere  a  causas penales abiertas en la Audiencia Nacional a una serie de Cajas de Ahorro como la CAM, Caixa Galicia o Banco de Valencia. “Eso resulta algo sorprendente, del mismo modo que es muy llamativo que Bárcenas siga paseando por la calle” comentan. Lo cierto es que no se entiende que, con el nivel de escándalos que han alcanzado el comportamiento de algunos banqueros, estos sigan tan felices paseando por la calle, en tanto sus víctimas, preferentistas y timados por cláusulas suelo y otras ilegalidades, sigan sufriendo todo tipo de injusticias.

No cabe extrañarse, si se tiene en cuenta que el Fiscal General del Estado, nombrado a dedo por el Gobierno –como todos sus homólogos a lo largo de la pseudodemocracia-, fue acusado por la Unión Progresista de Fiscales de actuar con pasividad con las víctimas de las participaciones preferentes y diligencia en la respuesta jurídico-penal a los escraches de los indignados contra los políticos.

También la asociación progresista Jueces para la Democracia, en su congreso anual celebrado el pasado mes de mayo, incluyó en sus conclusiones que ‘no existe voluntad política de dispensar protección a aquellos ahorradores ante prácticas absolutamente condenables de entidades financieras’.

Lo que permite tener la convicción de que la Justicia, aquí y ahora, es un pandemónium, tanto por el ruido que la rodea, como porque, dado el resultado de su proceder para muchas víctimas de latrocinios y estafas, es la capital de un infierno de injusticias, consecuencia de que desde los poderes financieros y políticos se va cavando, hasta llegar a las antípodas si fuese preciso, la tumba de Montesquieu para que no vaya a osar salir de ella nunca jamás. 


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Comentarios

  1. Querida Luisa, tu escrito, como siempre, deja bien claras las cosas que suceden en esta degracia que nos ha tocado vivir. Mi resumen ya lo sabes: Justicia = Pesticia. ¿nos merecemos esto las personas normales? ¿habrá que poner coto a todas estas barbaridades?.
    Un abrazo.

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