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Soluciones del PP para acabar con el paro: Genocidio y represión




‘La patria está en peligro. Madrid es victima de la perfidia de francesa. ‘¡Españoles! Acudid a salvarla’.  Bien se podría, parafraseando el bando de los alcaldes de Móstoles –que no fue uno solo, ni eran alcaldes como los entendemos en el presente-, y cambiando la palabra franceses por PP, hacer en el presente una proclama parecida, para, llamando a rebato a toda la ciudadanía, recordar que este país, este pueblo, está en peligro. Aunque en 1808 otro gallo posiblemente hubiese cantado si, en lugar de levantarse en defensa de una familia real abominable y de un futuro rey felón, se hubiese dejado gobernar a José I, y tal vez nuestra historia podría haberse desarrollado como la de la Suecia regida por Bernadotte, y no como esta España casposa, casi siempre sometida a la arbitrariedad de políticos desvergonzados y nada demócratas, cuando no por espadones asesinos. 

Sería preciso ahora llamar al pueblo español a que reaccione contra la perfidia de un partido que, no hace sino perpetrar abusos, injusticias y arbitrariedades que no llevan sino a hurtar derechos y afrentar a la ciudadanía. Cada día los medios nos traen noticias de los dislates y arbitrariedades que perpetran los populares en todas las administraciones en las que gobiernan. 

La hasta ahora ultima, procede de la Comunidad de Madrid, donde, en un llamado ‘experimento’, el PP ha decidido llevar a cabo una operación que podría calificarse de maniobra genocida contra los parados de larga duración: la consejera de Empleo de la Comunidad de Madrid ha dado órdenes a los funcionarios del INEM para que privilegien, a la hora de buscarles empleo, a aquellos parados que estén cobrando alguna prestación, tengan menos de cuarenta y cinco años y hayan cursado, al menos, bachiller – el mismo nivel académico que el Ministro Wert quiere hacer inaccesible a muchos jóvenes- . De ese modo a los parados de larga duración, los que tienen más de cuarenta y cinco años y los que no han alcanzado a cursar el bachillerato, el Gobierno de la Comunidad de Madrid los condena a la muerte por exclusión, desánimo, pobreza y desesperación: ‘sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física’. 

Esa medida hace pensar en la definición de genocidio por tanto que la palabra se refiere a ‘un delito que comprende cualquiera de los actos perpetrados con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico racial o religioso como tal; estos actos comprenden la matanza de miembros del grupo, lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo, sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial, medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo, traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo’.

‘Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo, sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial’. La Consejera de Empleo de la Comunidad de Madrid, Ana Isabel Mariño, ha enmarcado esta medida en un "proceso de modernización de las oficinas de empleo". Es evidente que para la señora Mariño, y para todo el PP, la modernización pasa por deshacerse de los que estorban en una sociedad en la que no se cabe si se tienen más de cuarenta y cinco años, y menos aún si no se logró cursar ni el bachillerato. 

Aunque es lo mismo para quienes cursaron estudios universitarios. Los jóvenes podrán irse a Alemania - contratados por Merkel con el mismo espíritu de aquellas beatas que sentaban un pobre a su mesa - y los que superen esa edad lo mejor es que se mueran, se suiciden cuando no puedan pagar la hipoteca o se quemen a lo bonzo. Sobran, sobramos, en la sociedad, es una lata tener que pagar subsidios a seres inútiles, mejor será procurar que caigan en el desánimo y la desesperación. Y se quiten de en medio. 

Y como el Ejecutivo no sabe qué hacer con los parados, ha debido pensar que otra forma de que no computen como tales es quitarlos de la circulación en la sociedad, a través de un Código Penal como el que planea el Ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, que ha pergeñado un Código Penal –el más duro en la historia de esta pseudodemocracia- mediante el cual podrá encarcelarse de tres meses a un año a los participantes en manifestaciones ciudadanas,  o actos de resistencia pasiva que el Código de Gallardón tipificará como ‘atentado’, al igual que los protagonizados, entre otros, por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca o, a los vendedores del top-manta que, de ser en la actualidad una falta leve, pasará a convertirse, gracias a Gallardón y la mayoría del PP, en un delito que, además, generará antecedentes penales.

Con decisiones como las señaladas en este post, y que nada tienen que ver ni con el déficit ni con la deuda externa, se pone en evidencia el talante dictatorial, sádico y genocida de un Ejecutivo que se ha convertido en un peligro para la integridad de los ciudadanos. Este país está en la actualidad en peligro, mucho más de lo que lo estuvo en 1808; entonces estaba en riesgo la permanencia de una familia real abominable, en el presente están en riesgo los derechos, las libertades y hasta la vida de las personas, como los parados, a los que el PP –porque la decisión del Gobierno madrileño seguramente se extenderá en todas las autonomías donde gobierna- está decidido a destruir por la vía del ninguneo y la desesperación. 


Algo habrá que hacer para salvar nuestras vidas…



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Comentarios

  1. ¿Algo habrá que hacer? ¿a qué esperamos? ¿a que estemos ya más muertos?¡¡¡¡ Lucha desesperada a los genocidas dictatoriales!!!!

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  2. No sé a qué esperamos, Javier, pero tendríamos que hacer algo, lo malo es que no sé el qué

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