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Políticas reaccionarias de los que no quieren pronunciar ‘machista’

“La antigua idea de que las palabras tienen poderes mágicos es falsa; pero esa falsedad implica la distorsión de una verdad muy importante. Las palabras tienen un efecto mágico...aunque no en el sentido en que suponían los magos, ni sobre los objetos que éstos trataban de hechizar. Las palabras son mágicas por la forma en que influyen en la mente de quienes las usan.” (Aldous Huxley).

Algo de lo que describe Huxley debe sucederle al PP con la palabra ‘machismo’, cuando rechaza pronunciarla, temiendo que, de hacerlo, se llegue a la repulsa de un comportamiento que, en el fondo, va en contra de su concepto de sociedad y del papel de la mujer en ella. La palabra ‘machismo’ tiene, evidentemente, connotaciones peyorativas, describe un comportamiento que para las personas civilizadas, pertenezcan al sexo que pertenezcan, resulta reprobable.

Mas el PP, preso del pensamiento ultracatólico, seguidor de una secta que, desde sus orígenes, consideró a la mujer como la raíz de todos los males –Eva, la mala y rebelde mujer que no obedeció a su dios fue el origen de todos los males de los humanos-, que aún en el siglo XXI intenta imponer su tutela sobre todas nosotras, y continúa recomendando a las maltratadas resignación cristiana y sumisión, sigue sus directrices no solo legislando a voluntad de los obispos, sino que tiene buen cuidado en no estigmatizar ni asociar la palabra machismo con la violencia y la barbarie, como si se pudiese disociar una de otra.

Ante la violencia machista registrada durante la última semana –hoy se ha producido la quinta víctima - en la que unos energúmenos machistas asesinaron a sus parejas, los grupos de oposición del Congreso de los Diputados y, a instancias del PSOE, pidieron a presidente del Congreso, Jesús Posada, que leyese una declaración institucional en contra de esa lacra que el PP teme mentar para, tan amigo de los eufemismos como es, llamar a los crímenes que perpetran energúmenos sin civilizar ‘violencia de género’ o ‘esa situación’. Cualquier cosa que no sea calificar los crimines machistas como tales, creyendo, como los antiguos magos, que si no se nombra una cosa o una situación, ésta no existirá.

De modo que el señor Posada, en un acto de magnanimidad, aceptó dar lectura a la declaración institucional escrita por una diputada socialista, aunque cambiando los términos ‘violencia machista’ o ‘crímenes machistas’ por ‘violencia de género’ o cualquier otro eufemismo que no hiriese la fina sensibilidad de aquellos que consideran el machismo como sinónimo de recta virilidad.

Esos remilgos a calificar como crímenes machistas los que lo son no es más que una pequeña muestra de la política de un Gobierno que, desde que llegó al poder, no ha hecho sino maltratar a las mujeres en todo cuanto ha podido y ha podido en demasía. No solo pergeñando una ley del aborto que, si se empeña en sacar adelante, nos volverá legislativamente a la época del tardofranquismo nacionalcatólico, sino haciendo todo lo posible por fomentar el regreso de las mujeres a las tareas que los retrógrados como ellos llaman ‘femeninas’ y que no son sino la vuelta al gineceo, a la sumisión a los varones.

Quitando ayudas a la dependencia ha obligado a muchas mujeres a dejar su trabajo para cuidar enfermos, ancianos y discapacitados que antes cuidaban trabajadores subvencionados; ha desatendido institucionalmente la prevención del maltrato, en tanto el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, intenta manipular a la sociedad asegurando que la mujer, para ser tal, ha de ser madre. Como si las que no lo fuésemos tuviéramos la condición de seres incompletos y minusválidos.

Ha decidido acabar con los plazos en la ley de aborto y, dada su condición de tolerancia con la violencia machista, quiere que en el nuevo y aberrante Código Penal, los maltratadores puedan obviar la cárcel a cambio de tareas sociales o cursitos que, suponen, los harán desistir de su violencia, cuando bien es sabido, como dice el refranero que ‘cabra que tira al monte, no hay cabrero que la guarde’.

Pretende, asimismo, que los jueces obliguen a la custodia compartida, por mucho que el que ha de compartirla sea un maltratador que, al socaire de la custodia común, ejercerán un control insufrible, no solo sobre los hijos, sino sobre las madres a las que podrán vigilar durante años, con el pretexto de una decisión amparada por una legislación reaccionaria.

Que el PP no quiere a las mujeres se puede ver en asuntos como la negativa de indulto –en contra del informe de la Fiscalía- a la mujer de Benéjuzar que mató al violador de su hija cuando éste le preguntó, durante un permiso carcelario, con sorna y escarnio, por la joven. La homicida, en tratamiento psicológico desde que su hija sufrió la violación perpetrada por la mala bestia, enloqueció ante la desfachatez del provocador y lo roció con gasolina, prendiéndolo fuego. El agresor sexual murió a los pocos días a consecuencia de las graves quemaduras. Sin duda es reprobable su acto, aunque no más que circular por una carretera en dirección contraria, con un alto índice de alcoholemia y a toda velocidad y, no obstante, el Gobierno del PP indultó a quien cometió ese delito y se lo niega a una mujer trastornada desde el día en el que un viejo verde sin decencia violó a su hija adolescente.

Preso de la beatería, ignorante de que en un Estado moderno los políticos han dejar sus creencias religiosas en sus casas o sus almarios, el Gobierno del PP, víctima de la superstición que caracteriza a los seguidores de cualquier religión, cumple con los preceptos de la católica que, a lo largo de los dos mil y pico años de dominio y prepotencia machista, ha negado derechos y libertad a la mujer, de un modo que nada tiene que reprochar a los musulmanes talibanes.

Son evidencias de que el Gobierno del PP quiere que seamos ‘mujer, mujer’, que, para el concepto beato y regresivo de la secta católica es ser paridora, sumisa y sacrificada. Tal como les gusta a los sádicos obispos. 

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