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Gobierno del PP: Decisiones inaceptables, justificaciones increíbles

Hay decisiones, o medidas, que un gobierno no debería tomar aunque solo fuese por no quedar como un conjunto de seres carentes de decencia, ética e, incluso, estética. Mas parece que al Ejecutivo de Mariano Raxoi tan solo le importa la cuestión crematística y, al tratarse de cuestiones dinerarias, a quienes carecen de sentido de la decencia nada detiene. En el Consejo de Ministros del viernes el Ejecutivo aprobó una medida que ya ha concitado el rechazo y la repulsa de asociaciones como Facua-Consumidores en Acción que ha calificado de ‘repugnante’ que el Gobierno decida ‘vender’ permisos de residencia a los inmigrantes ricos, al tiempo que echa a los que buscan trabajo o deja morir a los que carecen de documentación al negarles el derecho a la sanidad.

Sin duda Facua ha expresado el sentir de muchos millones de ciudadanos, personas que sí conocen la ética y se sienten escandalizadas ante una medida tan discriminatoria e injusta.  Hay asuntos en los que la dignidad debería impedir que se tomasen decisiones como la aprobada por el Ejecutivo que, con un descaro inaceptable, privilegia a las personas que vengan con dinero a este país, seguramente, sin preguntar cuál es su procedencia. No es nueva en el PP esa conducta, hace mucho años un alcalde de la Costa Blanca al que el portavoz de IU advertía del peligro que conllevaba abrir las puertas de la ciudad a negocios de ciudadanos rusos vinculados con redes mafiosas, le respondió en el transcurso de una sesión plenaria -aún estarán las actas de aquel Pleno guardadas en algún anaquel de ese consistorio-, que no importaba el color, sino el dinero que entrase en la ciudad.

Al adoptar la decisión de abrir las puertas a inversores de los que habrá muchos que laven sus fortunas en este país, el Ejecutivo del PP está franqueando las puertas a la delincuencia organizada, al tiempo que hurta el derecho a buscar una vida menos mala que la que sufren en sus países a los procedentes de territorios pobres, cuando no paupérrimos. A esas personas, sobre las que hay que recordar a los dirigentes del PP que son tan personas como los que cuentan con miles o millones de euros, el Gobierno les niega hasta el derecho a vivir al impedir el acceso a la sanidad, en una decisión inhumana que vulnera los derechos internacionales y cualquier atisbo de decencia.

Resulta contradictorio que un Gobierno que proclama sus creencias religiosas,  imponiéndoselas a toda la ciudadanía - sea o no creyente en la fe católica - con medidas como la de conceder a la enseñanza de la religión la misma importancia que a las matemáticas y más que a la lengua o al arte y que legisla sobre el aborto según los preceptos que impone la Conferencia Episcopal, demuestre carecer de eso que se dio en llamar ‘caridad cristiana’, hasta el extremo de permitir que mueran inmigrantes sin papeles, por negarles el derecho a la sanidad, a la vez que premia con prebendas a los emigrantes ricos.

Seguramente, si no detrajesen dinero de la Sanidad para destinarlo a pagar a capellanes en los hospitales, se contaría con presupuesto suficiente para atender a personas como al joven subsahariano, enfermo de tuberculosis, al que se dejó morir por falta de cartilla sanitaria en las Isles Balears.

Son medidas inadmisibles en un Gobierno que, se supone democrático y, que tendría que cumplir la Constitución, manteniendo una escrupulosa aconfesionalidad en la legislación que lleva al Parlamento. Mas este Ejecutivo no es democrático y, además, es arbitrario y hasta estrafalario. ¿Cómo pueden, si no, calificarse decisiones como la de declarar ‘asociación de interés público’ a una organización sumamente sectaria que quiere imponer a toda la sociedad sus extremistas creencias religiosas como ‘Hazte Oír’? ¿Que por otro lado, niega con obcecada insistencia, cualquier tipo de reconocimiento o ayuda a las víctimas de la dictadura?

Con pareja ausencia de ética, el PP, inmerso en el mayor escándalo de corrupción que se ha descubierto a partido político alguno en la historia reciente, a cada descubrimiento de una nueva ilegalidad, da explicaciones o justificaciones que, no solo no se sostienen, sino que demuestran su falta de respeto por la opinión pública, al argumentar las más peregrinas explicaciones que evidencian su rostro pétreo.

Así, al no poder negar la existencia de la documentación que refleja el pago de setecientos mil euros al presidente de Bankia, Miguel Blesa, reflejada en la contabilidad A, que entregó  al Tribunal de Cuentas –y dice muy poco a favor de ese organismo que no pidiese explicaciones de tales pagos- dijeron primero que no les constaban tales pagos, y luego, cuando ya no pudieron negar la evidencia, se descolgaron con unas explicaciones rocambolescas e increíbles que no hacen sino demostrar que toman por idiota a la ciudadanía.

Nadie, con dos dedos de frente, puede aceptar que una organización como el PP que, se supone, cuenta con profesionales avezados en elaborar cuentas, manifieste que las cantidades que figuran como pagos a Blesa no fueron tales, sino que se repitió el concepto por error, aunque los pagos se habían hecho a otros. Otros de los que tampoco da explicaciones.

La realidad es que el PP no puede darlas creíbles porque, de hacerlo, tendría, a continuación, que dimitir y convocar elecciones generales para, después, llamar a  Congreso Extraordinario en el que se expulsase a todos los inmersos en la financiación ilegal. En cuyo caso se quedarían sin la mayoría de cargos públicos del presente y del pasado.

Durante muchos años, tal vez desde que existe, el PP ha jugado sucio con su financiación, contando con una trama corrupta que, tal como se van desvelando sus asuntos, a cada nuevo detalle inclina a pensar que no era la de trama de Correa, sino la del propio PP la que celebraba sus actos sin desembolsar un euro porque se pagaban a costa del dinero de los ciudadanos, de manera que lo que salía gratis al partido lo pagaban las administraciones donde gobernaba.

Se vuelve así al principio, a la contradicción que exista entre la proclamada beatería de sus dirigentes y la ausencia de ética con la que vienen desenvolviéndose desde hace lustros.

Resulta insufrible para la ciudadanía ser gobernada por un partido que demuestra con sus acciones y explicaciones su absoluta carencia de ética. El PP, partido cuyo líder en el pasado, José María Aznar proclamaba su compromiso de honestidad, al tiempo que aceptaba, si no promovía, la celebración de actos privados a cargo del dinero público, y que, organizó una boda imperial para su hija sufragada, en parte, por el líder de una trama corrupta, ha demostrado estar enfangado en casos de corrupción, al menos igual de graves que aquellos que, en la época de Felipe González, denunciaba Aznar como intolerables. La ausencia de ética preside las decisiones del gobierno y el modelo de financiación del partido que lo sustenta. Actúa como la mafia, protegiendo a los suyos y poniendo sus objetivos tan solo en los beneficios económicos.


Debería darse prisa el juez Ruz en desmarañar la madeja de ilegalidades que se han dado en el seno del PP, y debería la opinión pública exigir explicaciones creíbles y la dimisión en pleno de un Gobierno en el que, si hubo alguno que no se benefició de la corrupción, al menos la toleró. 

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