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Día Internacional de la Libertad de Prensa: Poco que celebrar



Hoy tres de mayo, se celebra en todo el mundo el Día Internacional de la Libertad de Prensa. No son éstos buenos tiempos para la libertad de información en este país nuestro, donde el partido de Gobierno, del PP, ha asaltado el poder en la televisión pública, mantiene la fea costumbre de las ruedas de prensa sin preguntas y ha inventado el medio más ridículo y ofensivo para los profesionales y para la libertad de informar: las ruedas de prensa a través de un plasma. E intenta, con mil procedimientos, acallar a los periodistas para que no cuenten aquello que pueda perjudicar su falaz imagen de políticos honestos.

Que el periodismo es una profesión de riesgo es algo de lo que nadie duda. La información, la verdad y quienes la cuentan, suele ser siempre la primera víctima de las dictaduras y de aquellos gobiernos que, sin serlo formalmente, tienen tendencias dictatoriales y el inequívoco deseo de dirigir el modo cómo ha de informarse para que sus intereses no se vean lesionados. 

Esas intromisiones del poder a la hora de intentar, y lograrlo en muchas ocasiones, del partido de Gobierno no es una fiebre que le haya afectado al llegar al Gobierno de la nación, es una práctica que viene ejerciendo en todos aquellos lugares donde gobierna, ya sean comunidades autonómicas o ayuntamientos. Es como si el PP tuviese su propio Libro de Estilo destinado a la totalidad de la profesión. 

Así, en una ciudad del País Valencià, el Grupo de Gobierno exigía a los periodistas que pasaran por la primera planta, la Alcaldía, cada vez que la oposición daba una rueda de prensa. Una vez que conocían las declaraciones de los ediles opositores, el edil aludido, o el Alcalde, respondían a lo que había dicho la oposición. Y dejaban bien claro que la noticia debía redactarse, y titularse, con sus declaraciones para aclarar en unas cuantas líneas que correspondían a unas palabras del concejal de la oposición que dio la rueda de prensa previamente. 

Si el plumilla de turno no obedecía esas indicaciones se le llamaba al orden y, en caso de que no obedeciese, con inusitada rapidez, el jefe de prensa se ponía en contacto con el redactor jefe o con el director del medio del rebelde informador para advertirlos de que el insubordinado no era imparcial porque militaba en las filas de la oposición. Y se dio el caso, en más de una ocasión, en el que se acusó, incluso en el mismo día, a un profesional poco dócil de pertenecer a dos o más partidos de oposición a la vez. 

Cuanta más gravedad tiene para el PP la información que revelan los medios, su reacción es más contundente. Así con el caso Bárcenas, que tiene al PP en estado de shock, a tenor de las amenazas e intentonas de silenciar a los medios, están alcanzando cotas alarmantes para la libertad de expresión. 

También le molesta la información sobre las protestas ciudadanas. Si se divulga el éxito de las mismas, pueden animar a la gente a sumarse y, sobre todo, puede poner en evidencia ante Europa la desafección de los ciudadanos por su gobierno. Para evitarlo planea constreñir, con medidas muy poco democráticas, la libertad de información al redactar un nuevo Código Penal en contra del espíritu de la Constitución y los Derechos Humanos. Entre otras medidas pretende prohibir por ley y, bajo penas incluso de cárcel por desacato a la autoridad, que periodistas o blogueros puedan filmar o fotografiar los actos de violencia policial contra manifestantes. Y en su deriva manipuladora ayer mismo, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, sugería a un grupo de periodistas que no acudan ni informen sobre los escraches que llevan a cabo los integrantes de la Plataforma de afectados de la Hipoteca hacia los políticos del PP.
 
El actual Gobierno ha vulnerado una norma no escrita, pero que siempre fue respetada desde la caída de la dictadura hasta la llegada al poder del actual Ejecutivo: bastaba que alguien proclamase que era prensa en cualquier manifestación para que la porra de la policía se detuviese. En las ultimas manifestaciones de protesta, ya sean por recortes, desahucios o la causa que fuere, la policía arremete con violencia contra los informadores o los detiene sin más motivo que el de ser testigos de su violencia. Pareciera que este Gobierno haya levantado la veda del periodista y todo valga a la hora de acallar la voz de la información. 

Y si la vicepresidenta del Gobierno sugiere ‘amablemente’ a la prensa que no dé cuenta de lo que hacen los ciudadanos ejercitando el libre derecho de manifestación, cuando se trata de asuntos como el de Bárcenas y la presunta financiación ilegal, cada día menos presunta, el PP ha decidido sacar la artillería pesada y ya no solo se conforma con amenazar con querellas a los periódicos que dan cuenta de los manejos de esa trama de ladrones de lo público. 

Porque después de ser expulsados del caso Gürtel como acusación particular - al considerar el juez que su papel no era el de tal acusación, sino un absoluto fraude de ley, porque lo que hacían era el papel de defensor de los acusados, pidiendo siempre, y con insistencia, la anulación del caso-, raudos pidieron al magistrado Ruz de que impusiera la ley del silencio a abogados y fiscalía para que no se filtrasen detalles del sumario con el argumento de que ‘daña al partido’. 

Parece que también quería que el juez apercibiese a la prensa de la prohibición de publicar cualquier detalle del sumario si este llegaba a su poder. Contraviniendo el derecho a ser informados que tienen los ciudadanos y que, en puridad legal, está muy por encima de los derechos particulares del PP. 

Hace unas semanas, el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, sugirió, sin el menor reparo, que tendría que ‘limitarse la libertad de información a la hora de publicar ciertas imágenes’, cuando El País publicó las fotos del presidente galego, Alberto Núñez Feijóo, en compañía de un conocido narcotraficante. 

Las injerencias sobre lo que se debe o puede publicar es una constante en el PP. Y lo hace de forma tan abusiva que la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) ha denunciado, coincidiendo con la celebración del Día Mundial de la Libertad de Prensa, "un aumento de las presiones hacia los medios y periodistas que, con independencia y rigor, investigan los abusos de poder, especialmente los ligados a la corrupción".

La federación anuncia, con tono casi amenazante, que se opondrá a "cualquier proyecto del Gobierno que trate de imponer límites a los derechos de información y a la libertad de expresión" y denunciará "toda pretensión de los poderes, sean cuales sean, de intentar controlar la información y ponerla al servicio de su ideología o, también, de sus intereses". 

Mas luego, muchas direcciones de medios, compradas con frecuencia con campañas publicitarias o en manos de periodistas vendidos o directivos que nada tienen que ver con la profesión y ejercen el cargo por vinculaciones políticas con el poder, ponen la mordaza adecuada a sus trabajadores, que han de elegir entre bajar la cerviz o perder su trabajo. Es el estado de la Libertad de Prensa en este triste país donde no se mata a los periodistas a tiros, si no de frustración, cuando no de hambre por perder el puesto de trabajo sino se plegaron a los dictados del poder. 

Y aun así, los profesionales de este país, aún mantenemos algún derecho que otros perdieron en la lucha por su libertad de informar. Porque, según datos de Reporteros sin Fronteras, el pasado año fueron asesinados en el mundo ochenta y ocho reporteros y cuarenta y siete blogueros. Y trescientos están encarcelados precisamente por ejercer el derecho a informar. Solo en lo que va de año, y según datos del Comité de Protección de los Periodistas, en los primeros cuatro meses de 2013 han sido asesinados diecisiete periodistas; siete de ellos en Siria, cuatro en Pakistán, tres en Brasil, dos en Somalia y uno en Turquía: todos por motivo de su trabajo como confirma el propio Comité. 
 
Son duros tiempos para aquellos que quieran dar cuenta de abusos, injusticias, arbitrariedades o corrupción en este país. El PP intenta poner una mordaza a periodistas, blogueros o a cualesquiera que intenten dar cuenta de los abusos de un partido que llegó al poder por medios democráticos pero que actúa con las mismas maneras que las dictaduras.

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